Nos metemos dentro del tribunal húngaro que juzga a los refugiados

A primera vista no hay nada inusual en el edificio que alberga la audiencia provincial. Estamos en el centro de Szeged, la tercera ciudad más grande de Hungría. Los jueces lucen sencillas togas negras y se deslizan por los largos y luminosos pasillos. En los vestíbulos de las salas, los abogados ofrecen sus últimos consejos a sus ansiosos clientes.

Sin embargo, este tribunal, que está a solo diez kilómetros de la frontera con Serbia, no es un lugar cualquiera. Ya no lo es. Ahora es el escenario en que se han puesto en práctica las nueves leyes húngaras. Una flamante legislación estrenada el pasado 15 de septiembre para juzgar, exclusivamente, a refugiados y migrantes. La ley ha sido aprobada bajo la condena unánime de la comunidad internacional. Ha nacido con el objetivo de detener el flujo de refugiados que pasa por Hungría en su intento por alcanzar el oeste de Europa. Y está criminalizando a todos aquellos que han intentado cruzar la frontera ilegalmente.

Hungría acaba de construir una valla alambrada de cuatro metros de alto en su límite con Serbia. Desde el 15 de septiembre, todos aquellos que sean atrapados intentando cruzar esa valla ilegalmente se exponen a penas que van desde la expulsión inmediata a los tres años en prisión. Si dañan la valla, la sentencia puede elevarse hasta los cinco años. Aquí — en la planta baja de una audiencia provincial que tramitaba los casos de la comunidad húngara — es donde los refugiados esperan ahora a que se resuelva su destino.

Es una mañana fría y lluviosa y VICE News acaba de llegar a la audiencia provincial. Hay catorce vistas programadas hasta la hora de comer. Eva Xhebexhia, albanesa, de 28 años, es la primera de la lista. Está sentada en un sala pequeña y luminosa. Luce una camisa a cuadros, tejanos grises y zapatillas sin cordones. Eva fue atrapada el día 26 de septiembre cuando intentaba cruzar la flamante valla cerca del municipio de Tompa. Quería cruzar a Serbia. Su marido vive en Inglaterra y ella, tal y como le ha contado al tribunal, viajaba para reunirse con él.

El juicio apenas dura diez minutos. El juez lee los informes de los testigos, hace cuatro preguntas y permite la breve intervención del fiscal y de la defensa, que defienden sus respectivos casos. Eva no tiene testigos. Apenas dice nada. Se confiesa culpable. Media hora después el caso está visto para sentencia. Veredicto: deportación a Serbia y una prohibición de dos años y medio para visitar Hungría o ningún otro país del área de Schengen.

"Estoy triste", confiesa a VICE News. Se queda con los brazos pegados a los lados de su cuerpo. "Esto no está bien".

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El gobierno húngaro, liderado por el ultra conservador Viktor Orban, no ha tenido problema alguno en culpar de la crisis de refugiados a los "migrantes económicos" como Xhebexhia. En su opinión, gente como ella viaja para escapar de la pobreza y no de la guerra. Y sin embargo, hasta el fiscal del caso, que lleva trabajando 20 años en este tribunal y que ha pedido permanecer en el anonimato, parece simpatizar con el caso de Xhebexhia.

"Son pobres", cuenta a VICE News mientras el tribunal se retira. Y se encoge de hombros. "En Albania no hay oportunidades. Pero aquí [en Hungría] somos demasiados. Es un gran problema".

El primer refugiado en ser juzgado en la audiencia provincial de Szeged fue Ahmed Suadi Talib. Talib, iraquí de veintitrés años, que había huido junto a su hermano de la violencia del autoproclamado Estado Islámico (EI). Talib logró atravesar la valla a través de un agujero antes de ser interceptado. Habían pasado solo unas pocas horas desde que la draconiana nueva ley fuese aprobada. Al día siguiente, el 16 de septiembre, fue condenado a un año de expulsión de Hungría mientras lloraba inconsolablemente.

A día 30 de septiembre el tribunal ha juzgado a 265 personas. 243 han sido declaradas culpables. Y de ellas, 242 han sido expulsadas. Un total de 112 han sido expulsadas por un año, 118 lo han sido por 2, una por 3 años y una última por 5.

La duración de la expulsión — para delitos que contemplan tanto el cruce ilegal de la frontera como actos de vandalismo contra la valla — depende de las circunstancias de cada caso. Como la edad, si se ha confesado el crimen o si se ha expresado arrepentimiento. A un menor le fue concedida una reprimenda oral — para eludir así el castigo formal —, y todavía no se ha sentenciado a nadie a prisión.

El tribunal también ha anunciado que ha interpuesto algunos cambios con objeto de agilizar los procedimientos. Así, los casos no relacionados con delitos de frontera han sido separados, se ha destacado a un mayor número de jueces, y se han habilitado unas pequeñas instalaciones policial calle abajo para celebrar otras audiencias.

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Y a pesar de las medidas adoptadas, el tribunal sigue estando bajo presión. Después de que Xhebexhia abandone la sala bajo custodia policial, el vestíbulo de la planta baja se llena de un grupo de ciudadanos afganos. Son todos prófugos de guerra. En otra sala, Khalid Mohamed, de 20 años, es escoltado por dos agentes de policía que le sujetan con guantes de látex y que llevan porras pegadas al dorso. Mohamed, que trabaja de campesino en su país, relata a la corte que es de origen pobre y que había cruzado Pakistán, Irán, Turquía, Bulgaria y Serbia, antes de que a policía le interceptara junto a otros diez compañeros de viaje intentando saltar la valla el pasado 27 de septiembre.

"Yo quiero ser libre", proclama ante la sala, mientras una cadena de noticias húngara filma su esmirriado cuerpo.

Después de un turno de preguntas de apenas 15 minutos, de sendas breves intervenciones del fiscal y de la defensa, y de tres minutos de deliberación del juez, se emite el veredicto. Los sueños de libertad de Mohamed tendrán que esperar. Al igual que Xhebexhia y que la mayoría del resto de refugiados ha sido deportado a Serbia y se le ha prohibido pisar el área de Schengen en un año.

La legitimidad del proceso húngaro está plagada de oquedades. Además de dispensar sentencias punitivas a discreción — a personas como Mohamed que están huyendo de una guerra —, los juicios suceden a una velocidad extrema. Apenas duran una hora y se celebran muy poco después de que los presuntos delitos hayan sido cometidos.

Tamas Balazs, un abogado local, está en su bien preservado despacho a unos metros de la audiencia. Balasz representa a un joven refugiado de 21 años que viene de Puli Khumri, en Afganistán y tiene muy claro que los juicios están ignorando las garantías de cualquier procedimiento legal.

"La legislación introducida el 15 de septiembre fue elaborada en apenas tres días", afirma. "Recabar las evidencias que podrían apoyar las reivindicaciones de mis clientes exige un plazo de tiempo del que, simplemente, no disponemos. Lo que quieren es finiquitar los casos tan rápido como les sea posible. Ni siquiera he tenido tiempo de contactar a los testigos. Y mucho menos he tenido tiempo para desarrollar o discutir una estrategia de defensa en privado. Solo hay un traductor para todo el mundo; o sea, el mismo traductor para la policía, los juzgados y los distintos defensores".

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Por otro lado, un portavoz del juzgado de Szged aprovechó para defender el procedimiento criminal. "El juez que preside la sala siempre garantiza los derechos procesales del defendido. La duración de la fase de recolección de evidencias siempre depende de las características de cada paso. En este tipo de casos (ilegales cruzando la frontera), el tribunal tiene que decidir si el acusado trepó la valla o si pasó por debajo, de manera que la sentencia requiere menos tiempo de lo que se necesita en casos más sutiles, naturalmente. El tribunal siempre se esfuerza por emitir un veredicto ecuánime y para garantizar que el derecho a un juicio justo no sea infringido".

La semana pasada, un cliente de Balasz se convirtió en el primer refugiado del tribunal de Szeged en interponer un recurso de apelación. El acusado aseguró que, si es necesario, llevará su caso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Según Balasz, expulsar refugiados a Serbia — un país que Hungría considera "seguro" después de que enmendara sus leyes de asilo en agosto — vulnera el artículo tercero de la Convención Europea de Derechos Humanos. El artículo en cuestión prohíbe la devolución; esto es, la expulsión a su país de origen o a cualquier otro país donde puedan ser perseguidas, de personas que tienen el derecho a ser reconocidas como refugiados.

"Se considera que Serbia es un país seguro, sin embargo no puede garantizar plenamente la seguridad de mi cliente", comenta. "Es muy posible que allí le denieguen el permiso para quedarse y que tenga que regresar a una zona de guerra. Serbia no ofrece ningún trato distintivo para refugiados menores de edad. Además, es un país que no dispone de las infraestructuras necesarias y de los alojamientos adecuados y, a menudo, los refugiados que piden asilo son rechazados".

De nuevo en el tribunal, otros refugiados se encuentran con idéntica suerte. Después de que el veredicto se emitido en la sala 14, Mohamed proclama a la sala que recurrirá. No para de repetir la misma frase — "quiero ser libre" —. Afuera, sentado en un banco de madera, su paisano, Sahr Alinoor, oriundo de la provincia de Paktiya, en Afganistán, asegura que él hará lo mismo.

"No quiero volver a Serbia", dice con la mirada empañada y aspecto de estar confundido. "Volveré a intentar llegar a Alemania".

Según cuenta un portavoz de la audiencia hasta la fecha se han presentado diez apelaciones. En caso de que prosperen, no está claro qué pasará con esos juicios, muchos de los cuales terminan con sentencias de expulsión. Incluso en caso de que fracasen no está claro que las prohibiciones vayan a disuadir a los refugiados y a los migrantes de seguir intentando alcanzar el oeste de Europa a través de rutas alternativas.

A la salida de la sala número 10, Khaled Jabarkhil, afgano de 21 años, comenta a VICE News que no le importa que le devuelvan a Serbia. Al igual que otros muchos Jabarkhill, que está sentado con las manos esposadas, quedó separado de su familia mientras intentaba cruzar la frontera. Su hermana, su cuñado y sus hijos siguen en Serbia. Todo lo que quiere es reunirse de nuevo con ellos, por mucho que lo haga convertido en un criminal a ojos de la ley húngara.

"Quiero encontrar a mi hermana y a mis sobrinos en Serbia", dice sonriente. "Y entonces quiero ir a Finlandia".

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