El futuro de los cerros orientales de Bogotá se define a puerta cerrada

Foto de portada: Santiago Mesa.

Siempre he pensado que los cambios en las ciudades, especialmente los nocivos, ocurren de forma lenta, imperceptible. La gente va por ahí, lidiando con sus problemas cotidianos, mientras la ciudad avanza hacia el colapso sin que la mayoría tenga tiempo ni de sonar las alarmas ni de salir corriendo. Es la clásica parábola de la rana en la olla: arrójala dentro del agua hirviendo y saltará fuera de ella; calienta el agua de forma gradual y la rana morirá cocinada sin saberlo.

Cuando miro los cerros de Bogotá —sus dañinos bosques foráneos de pinos y eucaliptos; los edificios de 20 pisos acabando con la vista— me pregunto en qué momento ocurrió todo: ¿en qué ocupábamos nuestro tiempo mientras la ciudad se comía lentamente su patrimonio ambiental?

La pregunta no es ociosa. Justo en los momentos en que escribo este artículo, ocurre una de las más importantes conversaciones que se hayan tenido sobre el futuro de los cerros orientales de Bogotá. Un diálogo que avanza de forma gradual y silenciosa —como el agua en la olla en que se cuece la rana—, sin que la ciudadanía esté participando activamente en él.

La conversación tiene lugar en un salón de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En ella están en juego más de 415 hectáreas de cerros ––la mayoría conformada por bosques plantados y nativos––. Un área que, sumada, equivale a casi cuatro veces el Parque Metropolitano Simón Bolívar, o una tercera parte de la Reserva Thomas van der Hammen, cuyo futuro, a diferencia de lo que ocurre en los cerros, sí ha sido ampliamente discutido por la ciudad luego de que el alcalde Enrique Peñalosa anunciara que buscará urbanizarla.

Pues bien, durante las últimas semanas, un grupo de políticos, ambientalistas e intelectuales ha estado alarmantemente inquieto por el futuro ambiental de esa parte de los cerros. En medio de un hermetismo absoluto, el Ministerio de Vivienda y la Secretaría Distrital de Planeación de Enrique Peñalosa finalizaron el jueves pasado un documento en el que, muchos sospechan, se dará un viraje a la política de la pasada administración en materia de protección de la Reserva Forestal de los Cerros Orientales.

El problema es que el documento no es público. Como tampoco lo es la conversación. Y tanto secretismo ha dado pie a que los más críticos del proceso estén prediciendo la "destrucción de los cerros orientales", como tituló recientemente Imagina Bogotá, una plataforma especializada en temas de la ciudad que dirige la exsecretaria de Hábitat de la administración Petro, Maria Mercedes Maldonado.

El pulso que viene ocurriendo de forma silenciosa, entre corredores y salones burocráticos, involucra a constructores, ambientalistas, exfuncionarios de la Alcaldía de Gustavo Petro, congresistas, defensores de los cerros y un poderoso gremio: la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol). Todos confluyen de una u otra forma en el Comité de Verificación de los Cerros Orientales, un espacio creado en 2013 para garantizar el cumplimiento del fallo histórico del Consejo de Estado que, en noviembre de ese año, buscó poner freno al crecimiento desorganizado de la ciudad sobre sus montañas.

Para poder entender el debate que aún nadie se atreve a hacer público (pues sucede a puerta cerrada), hay que hablar de un poco de historia. Y como una imagen nos aligera tanta densidad técnica y urbanística, detengámonos un segundo en esta panorámica de Bogotá, publicada por Villegas Editores en su libro de centro de mesa Bogotá: vuelo al pasado.

La foto fue tomada en 1972 por algún ingeniero del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Es una de las 137 imágenes que Benjamín Villegas rescató de los archivos de la entidad y que, según su introducción al libro, "nos enrostran la forma tan dramática como perdimos la oportunidad de haber forjado una ciudad maravillosa en el sitio más hermoso del planeta, como pensó García Márquez de la sabana de Bogotá al verla por primera vez".

Y sí: la imagen demuestra que por más de cuatro siglos los habitantes de Bogotá hicieron todo menos preservar los bosques de sus cerros orientales (de hecho, según una reconstrucción histórica de la Fundación Cerros de Bogotá, el primero en arrancar con el arboricidio fue Fray Luis de Zapata, quien poco tiempo después de fundada Santa Fe mandó a talar los bosques de cedros en las faldas de la cordillera para evitar que los chibchas realizaran bacanales y ritos paganos al aire libre).

Cuatrocientos años después, para el momento en que fue tomada la foto que rescató Benjamín Villegas, los cerros orientales de Bogotá se habían convertido en un abatido peladero de arena, malamente mitigado con parches boscosos de pinos y eucaliptos que desabastecieron sus fuentes hídricas. Quizás la única noticia positiva para ese entonces era que aún las faldas de los cerros no habían sido pobladas por los edificios lujosos y los barrios informales que durante las décadas siguientes frenaron desordenadamente la posibilidad de su recuperación.

La foto, además, nos permite entender el estado en el que se encontraban los cerros orientales cuando, en 1976, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena) ordenó la creación de la Reserva Forestal Protectora en los Cerros Orientales. La creación de la reserva debía poner fin a la degradación de los cerros, frenar su urbanización y promover su restauración ambiental. Como resulta obvio cuando miramos hoy hacia los cerros, nada de eso ocurrió.

Para algunos, todo comenzó a salir mal por el simple hecho de que nadie se tomó el trabajo de hacer cumplir las normas que dieron vida a la reserva —el acuerdo 0030 de 1976 del Inderena y la resolución 76 de 1977 del Ministerio de Agricultura—. Pura falta de voluntad política ante las presiones externas, pues al fin y al cabo, se trataba de proteger un área cuyo suelo era codiciado tanto por constructores de lujosos edificios como por urbanizadores piratas, duros jugadores dentro del esquema de expansión de la ciudad.

A esa presión de la finca raíz se sumó el hecho de que la reserva, en sí misma, fue dibujada sin mayores detalles cartográficos, más bien al ojo, con linderos precisados con frases de este tipo: "…siguiendo en dirección noreste por la divisoria de aguas hasta el Alto de las Mirlas; de allí por la Cuchilla hasta el Alto de la Horqueta; siguiendo la misma divisoria en dirección noreste, pasando por el Alto de la Cruz Verde, Alto del Buitre, el Cerro de Plazuelas y el Alto de los Tunjos".

¿Resultado? Durante años la ciudad siguió creciendo hacia el oriente sin ningún control. Y aunque las lomas peladas desaparecieron, fue sólo para darle paso a los edificios y barrios que hoy presionan el borde oriental de la ciudad, muy por encima de los límites de la Reserva de los Cerros Orientales demarcada por el Inderena en 1976.

Nadie alertó. Nadie hizo nada. Y la ciudad, durante tres décadas, se fue metiendo en la reserva.

En 2005, en medio de este desorden, apareció el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, una institución creada en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez cuya concepción, en sí misma, fue un problema serio: ¿o acaso es posible que un solo ministerio concilie los intereses de dos grupos tan opuestos como los constructores y los ambientalistas? Esta historia que narro demuestra lo difícil que es lograr dicha tarea.

El ministerio de Ambiente y Vivienda aplicó la máxima: "si no puedes contra tu enemigo, únetele", que en términos urbanísticos va más o menos así: "ya que la ciudad se metió en la reserva forestal, ¡quitémosle un pedazo a la reserva!".

Y así fue: a través de la resolución 463 de 2005, la entidad ordenó la sustracción de 973 hectáreas de la Reserva Forestal de los Cerros Orientales. Según sus argumentos, para frenar el crecimiento desbordado de Bogotá había que recortarle un pedazo a la reserva. Ese pedazo de 973 hectáreas lo llamó "franja de adecuación": una especie de zona intermedia entre la reserva verde y la ciudad de concreto, que debía servir de amortiguador y cerrar de una vez por todas el borde oriental de Bogotá.

Pero 973 hectáreas de reserva forestal, igual, son muchas hectáreas. Sobre todo cuando se observa en detalle y se descubre que, como lo confirmó en junio de 2006 un estudio realizado por la Fundación Cerros Orientales, la franja delimitada por el Ministerio incluía 283 hectáreas de plantaciones de bosque, 92 hectáreas de vegetación natural y 53 hectáreas de pasto. Es decir, el Ministerio no sólo pretendía extraer de la reserva las zonas que ya habían sido urbanizadas o estaban en proceso de urbanización, sino también pretendía quitarle más de 415 hectáreas de áreas naturales que aún seguían libres de concreto.

¿Para qué quería el Ministerio de Ambiente y de Vivienda quitarle el área verde a la reserva? ¿Para favorecer los intereses del medio ambiente o el de la vivienda?

Desde entonces, la franja de adecuación está en vilo. Una ciudadana demandó en 2005 la resolución del Ministerio y a través de una acción popular argumentó que esta decisión atentaba contra varios derechos, entre ellos el derecho colectivo a un ambiente sano. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y desde entonces comenzó una larguísima y complicadísima novela judicial que fue a parar a manos del Consejo de Estado, el más alto tribunal en estas materias.

Mientras esto ocurría, nadie pudo mover un dedo dentro de la famosa franja delimitada por el ministerio. Esto le vino bien a las zonas verdes, pero afectó a urbanizadores y comunidades que, como ya dije, llevaban años avanzando sobre la reserva sin que nadie, ni siquiera la administración distrital, les señalara que se encontraban en ella. Entre ellos se encontraban 60 barrios populares, proyectos de vivienda, universidades y lujosos proyectos inmobiliarios cuyos dueños reclaman, desde entonces, que el Estado les respete sus "derechos adquiridos", que no es otra cosa que las autorizaciones o licencias que obtuvieron durante la época en que nadie daba un peso por la reserva y el Distrito entregaba licencias como si se tratara de agüita en el Show de las Estrellas.

El pleito alrededor de la franja se complicó tanto, que el Consejo de Estado se tomó ocho años para resolverlo. Ocho años en los que los barrios se quedaron sin legalizar, los constructores se quedaron sin urbanizar y la ciudad continuó creciendo sin orden y sin ley, a la espera de que se definiera de una buena vez el límite entre el Distrito y la Reserva de los Cerros Orientales.

Por fin, el 5 de noviembre de 2013, el tribunal emitió el esperado fallo. En él, declaró que el Ministerio de Vivienda, la Corporación Autónoma Regional y el Distrito habían violado el derecho de los bogotanos a un ambiente sano, pero también exigió que la Alcaldía respetara los "derechos adquiridos" de todos aquellos que tenían licencias de construcción o habían construido en la reserva, siempre y cuando se demostrara que no sabían de la existencia de la misma al momento de adquirir las licencias.

O sea, el Consejo de Estado ordenó darle gusto a todo el mundo. Con un problema grave para los defensores de los cerros: no dejó claro si las más de 415 hectáreas verdes debían ser incorporadas o no a la ciudad, como lo quiso hacer el Ministerio y como lo rechazan los ambientalistas.

Desde entonces, y sin que muchos nos hayamos dado ni por enterados, el Comité de Seguimiento al fallo, que sesiona periódicamente en el Tribunal de Cundinamarca, se ha convertido en el escenario de una intensa disputa legal y política, en torno a cómo debe proyectarse el futuro de esa franja de adecuación que buscó sustraer el Ministerio.

De un lado están quienes apoyan la visión de la administración de Gustavo Petro, que el año pasado se negó a incorporar la franja al perímetro urbano de la ciudad. Por el otro, se encuentra el Ministerio de Vivienda, respaldado por el gremio constructor, que insiste en que las 973 hectáreas deberían sustraerse de la Reserva y hacer parte de la ciudad.

Para entender este choque de visiones y de paso captar la polémica que nos estamos perdiendo, debemos profundizar primero en la naturaleza de la franja de adecuación. Como ya lo mencioné varias veces, esta no está completamente urbanizada: tiene 415 hectáreas de área verde, sin contar las canteras y las zonas agrícolas, que le suman otras 70. Estas zonas verdes, que por lo general son las más cercanas a la reserva, componen un corredor que la resolución de 2005 llamó "Área de Ocupación Pública Prioritaria". En el siguiente mapa, se pueden apreciar las zonas verdes y las zonas ocupadas de la franja.

Basta con mirar el mapa para entender que esto es una discusión importante: son numerosas las áreas verdes que aún tiene la franja. La pregunta entonces es: ¿cómo protegerlas mejor? ¿Incorporarlas a la ciudad o dejarlas en la reserva?

Un abogado experto en los cerros y cercano a Camacol, la organización que agremia a los constructores, quien aceptó hablar conmigo bajo reserva de su identidad, me explicó hace unos días que la idea del Ministerio de Ambiente y Vivienda, desde el momento en que se concibió la franja de adecuación, era cerrar el borde oriental de Bogotá de forma organizada, incluyendo las extensas áreas verdes que componen el Área de Ocupación Pública Prioritaria. "La franja debe ser una barrera que amortigüe la ciudad y la reserva. Que en ella se viva, se ocupe y se proteja", me dijo. Y luego añadió que el área verde de ocupación pública prioritaria había sido pensada como una zona que, planificadamente, armonizara el encuentro de la ciudad con la reserva, a través del diseño de parques y corredores ecológicos viales.

Pero los críticos del Ministerio, empezando por la pasada administración, insisten en que no tiene sentido quitarle a la reserva 500 hectáreas verdes e incorporarlas a la ciudad. Es demasiado riesgoso, dicen. Deja el área libre para los constructores. Como me dijo un exfuncionario de la administración de Gustavo Petro: "Ellos (el gremio constructor) son capaces de cualquier cosa. ¿Por qué les interesa incorporar esas áreas verdes a la ciudad si no es para urbanizarlas? Si les interesa preservarlas, ¿por qué no dejarlas como están?".

Probablemente, siguiendo esa lógica, en marzo de 2015 el secretario de Planeación de la administración Petro, Gerardo Ardila, firmó la resolución 228, que precisó el perímetro urbano del costado oriental de la ciudad. Al hacerlo, dejó por fuera buena parte de la franja de adecuación, incluyendo sus más de 415 hectáreas verdes y algunas zonas donde se planeaban construir costoso proyectos como Cerro Verde y Monterrosales.

La decisión de Petro enfureció a Minvivienda y a los constructores. A los pocos meses, el ministro Luis Felipe Henao denunció a la administración por presuntamente desacatar el fallo. En su demanda, Minvivienda esgrimió argumentos muy similares a los que escuché de boca del abogado de Camacol: "la franja de adecuación se constituye en una zona de vocación urbana". En otras palabras, la franja debería dejar de ser suelo rural y convertirse así en un espacio de consolidación de la estructura de la ciudad.

Volvamos entonces a la rana y a la olla y a la forma en la que nuestras ciudades van dibujando sus destinos sin nuestro conocimiento. Durante los últimos meses, según fuentes al interior del Comité de Verificación, la administración de Enrique Peñalosa ha manifestado que, en conjunto con el Ministerio de Vivienda, está ponderando modificar la resolución 228 de 2015 de la administración Petro.

La pregunta es: ¿qué significa modificar? ¿Se alineará la alcaldía con la visión de Minvivienda y los constructores e incorporará toda la franja a la ciudad? ¿Lo hará solo parcialmente, para respetarle los derechos a los constructores que ya tienen licencia?

Hace unos días me comuniqué con la oficina de prensa de la Secretaría Distrital de Planeación. Allí, me confirmaron que la Secretaría de Planeación y el Ministerio presentaron el jueves pasado ante el Comité de Verificación un documento detallado sobre lo que será el futuro de la franja. Les pedí que me lo compartieran, pero me dijeron que su carácter es privado y que sólo puede ser conocido por los miembros del Comité, que sesionarán el próximo 23 de junio bajo la batuta del magistrado César Palomino Cortés.

Así las cosas, no puedo saber yo ni pueden saber ustedes, lectores, qué planes tiene Enrique Peñalosa para más de 415 hectáreas de reserva forestal.

El malestar por tanto hermetismo es compartido por numerosos ambientalistas, académicos y líderes políticos, que a finales de mayo le pidieron en una carta al magistrado Palomino que accediera a realizar la audiencia del 23 de junio de forma pública. La carta incluye firmas de destacadísimos ambientalistas como Julio Carrizosa y Manuel Rodríguez Becerra, congresistas como Ángela María Robledo e Iván Cepeda, numerosos concejales de Bogotá y exfuncionarios de la alcaldía de Gustavo Petro como María Mercedes Maldonado.

Pese a las peticiones de la Sociedad Civil, el magistrado se negó. La audiencia del próximo 23 de junio será privada. Y seguiré yo sin saber. Y seguirán ustedes.

Antes de publicar este artículo, hablé con Diana Wiesner, directora de la Fundación Cerros, quien es la única representante de la Sociedad Civil en este Comité de Verificación. Le pregunté por la pelea entre los constructores y los ambientalistas. ¿Quién tenía la razón? Me sorprendió con una visión mesurada y serena: "Nosotros no estamos ni de un lado ni del otro. Estamos del lado de los cerros". Para Diana, la discusión no debe centrarse en si incorporar o no la franja a la ciudad. "Lo que buscamos es que esa área sea de protección (ya sea suelo urbano o rural), y que se cree una gerencia integral para que se incluyan todas las miradas".

Yo, como Diana, aún no sé si la visión de Minvivienda es tan satántica como la pintan y tampoco sé si la decisión de la pasada administración fue la más acertada para proteger la reserva. Lo que sí me jode es que todo esto pase a puerta cerrada. Y que nadie diga nada. Mientras que gradualmente se calienta el agua con la rana en la olla, frente a los cerros, que nos miran desde la distancia. Esperando.

***

A Juan Camilo lo encuentran en Twitter acá. Él piensa que, quizás, el equipo creativo de VICE Colombia resumió el rollo con un gif de mejor forma que la nota que acaba de escribir: