¿Erradicaremos en 2016 la hipocresía de la guerra contra las drogas?

Antonio Caballero dice que mete perico. Está sentado frente al ministro de Justicia y el director de la oficina contra las drogas de la ONU. Que Caballero hable sobre su gusto "ocasional" por la cocaína no es una sorpresa para nadie que se haya leído su novela Sin Remedio, la que me hizo a mí, y a todos los bogotanos que la leímos en la adolescencia, querer salir a caminar la décima por los bares de putas y las ollas de basuco del centro.

Pero esto ocurrió hace poco más de un mes, en un hotel de Rosales, en un evento auspiciado por el gobierno colombiano y Naciones Unidas. Caballero estaba admitiendo tácitamente la comisión de un delito (aunque el consumo de drogas en Colombia está despenalizado, la producción y el tráfico, incluyendo la compra, están prohibidos) ante la estructura institucional internacional que ha luchado durante los últimos 60 años por el objetivo aún declarado de "reducir drásticamente o eliminar" el consumo de drogas en el año 2019, según consta en el último documento de la ONU sobre política global contra las drogas.

Lo primero que pensé fue en pedirle el teléfono de su jíbaro, que seguro es el mismo de los Santos, los Santo Domingo y los Pombo. Perico de élite. Lo segundo que se me vino a la cabeza fue que si así termina 2015, tal vez en 2016 se vienen cosas grandes en temas de drogas.

Si Caballero se echa un pase verbal frente al ministro, tal vez estamos cerca de derribar el manto de hipocresía que sustenta la guerra contra las drogas. El próximo año todos los países del mundo se reúnen en abril en la Asamblea General de la ONU para discutir cómo replantear la política global contra las drogas, tras el pedido de Colombia, Guatemala y México (los que en el argot de expertos se conoce como UNGASS2016). El gobierno de Santos y las FARC van a implementar los acuerdos de paz, incluyendo el capítulo sobre narcotráfico. El gobierno firmó un decreto que legaliza la producción de marihuana medicinal, y el Congreso está cerca de hacer lo mismo. Hasta la revista Agro Negocios, que viene como un inserto del diario La República, el segundo medio especializado en finanzas más grande de Colombia, tiene a la yerba en su portada.

Yesid Reyes, el ministro, y Bo Mathiasen, el delegado de la ONU en Colombia, miran a Caballero sin escándalo. Al final de cuentas, fueron ellos los que invitaron a hablar a hablar de drogas a Caballero, al papá de los consumidores recreativos en el país.

Y Caballero no decepciona. Añade que lo que realmente le gusta es la marihuana, su droga de escogencia, la que es menos "ocasional". En el salón hay periodistas y cámaras rodando. Nadie se atraganta con el desayuno de huevos fritos que reparten meseros de camisa blanca y chaleco negro. La confesión psicoactiva del columnista de la revista Semana no parece dar para una nota en el noticiero de medio día de Caracol o RCN, de esos que están plagados de historias policiales de incautaciones, "desarticulación de redes de microtráfico" y escándalos de niños trabados en colegios oficiales.

El ministro toma la palabra, dice lo obvio para todos, menos para los que hacen las políticas: "Un mundo libre de drogas no se ha logrado". Ni se logrará. Es un avance. Del reconocimiento del fracaso actual podría llegar algo nuevo. La discusión avanza. Alguien señala la consecuencia de lo obvio; aunque un mundo libre de drogas no se ha logrado, la mayoría de los que las compran y consumen no terminan viviendo en la calle, hay consumidores no problemáticos y consumidores problemáticos. A unos hay que ayudarlos, a los otros hay que dejarlos en paz porque meterlos a todos a la cárcel no sirve.

Viene la ronda de preguntas, y una periodista indaga con escepticismo cuáles son esos consumidores no problemáticos. Ella quiere que se los muestren, porque "según su experiencia" todos los que tocan la droga terminan jodidos. Antonio Caballero se toma la cabeza.

Si así termina 2015, tal vez en 2016 no va a pasar mucho. De la ONU sólo salen documentos aguados redactados por aburridos burócratas. El negocio de drogas de las FARC lo cogerá alguien más. El decreto de marihuana medicinal está a punto de ser demandado por la Procuraduría de Ordóñez.

"A pesar de avances en el discurso", dice Caballero con voz carrasposa, "no se ha llegado al sacrilegio de la desobediencia". La frase captura bien el momento actual. Estamos como a medio trabar; empericados con un pase de una sola fosa nasal. Hay un reconocimiento del fracaso, de la realidad sobre el consumo como una actividad recreativa, pero la timidez persiste a la hora de dar pasos decisivos hacia la regulación. El presidente Santos, por ejemplo, pide cambios en la manera en la que los países del mundo luchan contra las drogas, su gobierno avanza en un decreto para regular la marihuana medicinal, pero sólo hace un año aparecía orgulloso mostrando una incautación y declarándole la guerra a las ollas. Santos se inclina, la huele, pero se frena antes de arrancar el moño y fumárselo.

El juego del gobierno podría llamarse la trampa del consenso. El argumento va así: estamos de acuerdo en que la política actual no funciona, pero hasta que la comunidad internacional esté de acuerdo en que hay que cambiar de estrategia regulando las drogas, nosotros no podemos ser los primeros, ni los únicos. De ahí la búsqueda de escenarios internacionales, como la ONU este año, para intentar ejercer cambios globales.

Con su característica salamería bogotana, esta es una receta letal para la inacción que busca dejar medio contento a todo el mundo. Por un lado, se congracia con los colinos, fiesteros e intelectuales progresistas de las drogas alrededor del mundo. Nos da razón de que las políticas no funcionan, lanza un par de caramelos como la legalización de la marihuana medicinal y la suspensión de las fumigaciones con glifosato, y frente a lo que veníamos acostumbrados del gobierno anterior, eso ya parece mucho. Por otro lado, plantea unas tácticas para los cambios de fondo tan graduales y lentas, con unas condiciones imposibles de consenso, que a pesar de generar protestas entre los prohibicionistas y moralistas, al final les deja la tranquilidad de que no hay un riesgo de cambios drásticos.

Pero eso es precisamente lo que se necesita, ¡cambios drásticos! ¿Cómo puede ser posible que Caballero diga que mete perico enfrente del ministro y en la Colombia rural se estén matando y encarcelando por el negocio de la cocaína? ¡Es absurdo! ¿Cómo puede ser que Caballero se haya ido del evento sin que yo le haya pedido el teléfono de su jíbaro enfrente del ministro? Ni siquiera yo, por estos días, soy capaz de cometer el sacrilegio de la desobediencia. Pero no siempre fue así.

En 2009 era mucho más fácil estar emputados. El entonces presidente Álvaro Uribe avanzaba en su sexto intento de penalizar la dosis mínima.

A través de una reforma constitucional en el Congreso, el gobierno proponía tumbar la despenalización de la dosis para uso personal de drogas que había estipulado la Corte Constitucional en el 94. Tras haber fracasado en varios intentos de meter a los portadores y consumidores de la dosis a la cárcel, decidió disfrazar la sanción con "tratamiento médico obligatorio". Así lo puso en su momento el Ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio: "Si una persona atenta contra su salud, el Estado debe protegerla incluso en contra de su voluntad". La idea era, según el gobierno, tratar a todos los consumidores de drogas como "enfermos", loquitos que necesitaban tratamiento obligatorio.

El papayazo fue inmenso. A través de Facebook armamos (con Diego Laserna, Alejandro Gutiérrez, Felipe Pineda, Julián Quintero y Marcela Tovar) una convocatoria para salir a protestar a la plaza de Bolívar en Bogotá a "Portar una dosis de personalidad". En dos semanas unas 10 000 personas se unieron al grupo.

Para darle más tracción a la convocatoria salí del clóset psicoactivo en una columna en El Espectador: "SOY CONSUMIDOR DE DROGAS. Y si es cierto que el Gobierno tiene los votos para aprobar la penalización del consumo y porte de la dosis personal en el Congreso, estas pueden ser mis últimas palabras cuerdas".

La columna funcionó. Antonio Caballero, Héctor Abad, y Alfredo Molano le hicieron eco a la protesta en sus respectivas columnas. Caricaturistas como Betto y Matador también pusieron lo suyo.

Para desgracia de mi abuela, me convertí en el colino que hablaba en la radio y salía en televisión nacional.

A la plaza de Bolívar llegaron unos mil colinos, congresistas y la prensa.

Al final, el Congreso aprobó una versión modificada de la propuesta del gobierno. Se quitó lo del tratamiento obligatorio, y aunque en el papel el consumo de drogas fue "prohibido", no se estipuló ninguna sanción. La reforma quedó plasmada en el artículo 49 de la Constitución. Paradójicamente, ese mismo artículo se convirtió hoy en la base para el decreto de legalización de marihuana medicinal del gobierno Santos, pues dejó la puerta abierta para el uso de drogas con "fines terapéuticos".

Estos recuerdos de un activista marihuanero no van sólo a mostrar que la pérdida de memoria por el porro no es total. Es más bien un llamado a la desobediencia continua, hoy más difícil porque no hay un villano conservador como Uribe al frente, pero más que nunca necesaria frente a las oportunidades que ofrece este nuevo año.

Aunque cada uno hace su fiesta como le da la gana, me voy a atrever a dar dos recomendaciones, a la sazón de aquellos grandes sabios que nos enseñaron que se puede emborrachar la traba, pero es mejor no trabar la borrachera.

Aunque las drogas no son deseables, un mundo libre de drogas lo es aún menos. Un presidente, un ministro de salud, un policía, un alcalde o una reina de belleza estarían todos de acuerdo en que idealmente, según sus responsabilidades y funciones, las drogas no traen sino problemas y ojalá no existieran. Unos se enganchan y se vuelven un problema, otros se accidentan, otros más son sencillamente desagradables (todos lo hemos sido en algún momento). Pero prohibir las drogas va en contra de nuestros principios básicos como sociedad individualista y protectora de la libertad. Es quienes elegimos ser, entonces asumámoslo. Sin hipocresías, sin tapujos, como se hizo con el alcohol y el tabaco.

Hacerlo implica ir más allá de decir que son un "problema de salud pública". Implica, sin celebrar el consumo, aceptar que sucede, que si sucede debe haber un sistema regulado para proveer las sustancias, y que las personas que eligen consumir deben poder hacerlo, asumiendo sus deberes, sin ser marginalizadas. Salir de clóset psicoactivo es por eso un deber ciudadano. Sin alardeo, sin empujarle nada a nadie. Pero seguros de que no hacemos nada fundamentalmente distinto a los que se toman sus aguardientes y evitan (no siempre con éxito) ser sencillamente desagradables.

En últimas, la relación con lo que se llama genéricamente el vicio es una de las cosas que más nos separa y define frente a otras sociedades, en Asia y el Medio Oriente, que tiene una visión más restrictiva de la libertad sobre el cuerpo y la mente. Este va a ser un punto central en la discusión de las Naciones Unidas.

Estoy mamado de los canábicos que santifican su mata como una deidad aparte y superior. La mariguana jode, como jode todo lo demás, dependiendo de la persona, el lugar y el momento. Y si bien la cocaína es una sustancia de más peligro para el consumo, hay que entender que Colombia es tal vez el país que padece y paga el mayor precio por la prohibición global de la cocaína. Si la legalizaran y la regalaran en los colegios, haría menos daño de lo que hace ahora como un negocio ilícito.

Por eso, si los colombianos mismos —sobre todo los que adoran el porro y los que se echan sus pases— no entienden que la regulación de la cocaína es el cambio más urgente para el país, estamos jodidos. El movimiento canábico, el de más arraigo y energía, no puede darle la espalda a la estela de sangre que deja la cocaína en el campo y en las ciudades. Todos para uno y uno para todos; el principio de libertad (autocultivo, autodeterminación) es el mismo, así les parezca que son un asco los artificiales periqueros.

Hay que presionar juntos para que ante el debate internacional que ocurrirá en abril en Naciones Unidas, el gobierno colombiano reclame la autoridad y la obligación moral de sentar una posición frente a la cocaína. Colombia tiene que mostrar en la ONU que los efectos de la lucha contra la cocaína son mucho peores que los efectos de la cocaína misma sobre la población consumidora. No podemos seguir poniendo nosotros la sangre para salvar a las juventudes del mundo de los peligros del perico.

Si algo se avanza en estos dos puntos, 2016 será un buen año. Por lo pronto, dejo mi contribución al sacrilegio. Y ya que es bien sabido que Antonio Caballero no tiene celular, le pido por medio de este artículo para VICE, comparta el número de su jíbaro para que sus aspiraciones de élite se rieguen por la juventud.

A Daniel lo encuentran por Twitter como @danielpacheco y lo leen semanalmente en sus columnas en El Espectador.