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ESPAÑA

Así legalizan a sus esclavas sexuales las redes de trata en España

Solicitud de asilo por persecución política o religiosa o matrimonios de conveniencia son algunos de los recursos que usan las redes para legalizar a sus esclavas sexuales en España con la ayuda de abogados españoles.

por Beatriz Lucas
04 Febrero 2016, 10:50am

Llegada de migrantes a Motril, sur de España, el pasado 26 de enero de 2016. (Imagen por Miguel Poquet/EPA)

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Eran papeles escritos a mano. Como cuando alguien escribe la lección para que se le quede mejor. "Mi región la controla Boko Haram y a los cristianos les matan los musulmanes" o "Iban a casarme y tuve que escapar". Los papeles los encontró la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos en un registro practicado en Tenerife durante una de las últimas desarticulaciones de redes de trata en España .

"Los miembros de la red que explotaba a las chicas sexualmente las aleccionaban para que acudieran a la oficina de asilo y refugio y solicitaran la protección. Usaban esas anotaciones para aprenderse mejor las historias inventadas que luego contaban". Lo explica Javier Menéndez, inspector de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos a VICE News. Porque las redes de trata, "perfectamente asesoradas por abogados españoles", se sirven de las lagunas del propio sistema legal español para legalizar a sus esclavas sexuales en España. Y les funciona. Al menos, para ganar tiempo para seguir explotándolas sin que las deporten.

Asilo y refugio

Menéndez explica que suelen repetir el patrón: entran en España en patera o en avión, como turistas. Las recoge un miembro de la red y las lleva a un piso donde les aleccionan. Después acuden a la oficina de asilo y refugio o una oficina de extranjeros para pedir asilo, donde cuentan su falsa historia de persecución que puede incluir ablación genital, matrimonios forzosos o persecución religiosa.

Las historias siempre son parecidas. La ley establece que si se admite a trámite se abre un expediente que se debe resolver en seis meses, que debido al atasco administrativo, con más de 12.000 expedientes de refugio y asilo pendientes de resolver, pueden convertirse en más de un año. En ese tiempo el solicitante de asilo puede permanecer legalmente en España. Y las redes pueden explotar a sus esclavas sexuales con la tranquilidad de que no las detendrán ni devolverá a sus países por situación irregular.

Este recurso ha llegado a ser tan frecuente que las organizaciones que trabajan con ellas, como ACNUR, CEAR o Women´s Link, llegaron a considerarlo como un indicio de trata y están intentado que se incluya en los protocolos de detección de víctimas.

"Cuando hacíamos las entrevistas a las chicas nos dimos cuenta de que las historias eran muy similares y aprendidas, alguien se las estaba diseñando y las redes estaban asesoradas y sabían en qué momento tenían pedir el asilo, también en el CIE si eran chicas que veían en patera, y cómo pedirlo, aunque eran frecuentes las contradicciones, como decir que eran de regiones cuya lengua no hablaban", explica Gema Fernández, abogada de Women´s Link que subraya que las mujeres son las víctimas en este proceso obligadas a mentir y delinquir.

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Abogados españoles

Según cree la policía, estas tretas se las diseñan en muchas ocasiones abogados españoles, en un ejercicio "legal de su profesión, aunque muy poco ético", asegura el inspector Menéndez. "Requiere un conocimiento que solo pueden adquirir a través de algunos letrados. Los hay especializados en nacionalidades, estudian hasta el último vericueto legal, les guían, les van indicando y las redes se lo aprenden.

Es muy difícil llegar a implicarlos, pero en realidad están lucrándose con la trata y esclavitud de personas. Y cuando el caso llega a los tribunales las redes siempre tienen los mejores abogados penalistas, que nosotros no podemos pagar, pero para los tratantes el dinero no es un problema", explica el inspector.

'Cuando hacíamos las entrevistas a las chicas nos dimos cuenta de que las historias eran muy similares y aprendidas, alguien se las estaba diseñando'.

Gema Fernández, de Women´s Link confirma a VICE News que ellas también se han encontrado con estos abogados y asesores jurídicos. "Estábamos asistiendo a una chica nigeriana en el CIE, que tenía un abogado español, al que ella no había contratado. Y trabajando con otras organizaciones de la Red Española contra la Trata descubrimos que ese mismo despacho estaba asistiendo a otras dos nigerianas que tampoco le habían contratado y las chicas ni siquiera se conocían entre sí. Siempre el mismo bufete. Pero claro, no podemos estar seguros de que este despacho sepa que está sirviendo a las redes, y es muy complicado demostrar algo así, y cuando lo hablamos con otras organizaciones, el patrón se repite", explica.

La administración española trabajando para la trata

Irónicamente, las mismas autoridades que les abren ese expediente administrativo podrían salvarlas de la red, si se hiciera un trabajo de identificación correcto como víctimas de trata, y si el sistema español aplicara su propia ley y las protegiera adecuadamente.

Según explica María Jesús Vega, de ACNUR, "en la ley española se habla de violencia de género específicamente como uno de los motivos para conceder el estatuto de refugiado y es indiscutible que la trata es un tipo de violencia de género. Pero además, la definición de refugiado de la Convención de Ginebra especifica que puede ser reconocida como refugiada toda persona o grupo de personas que tenga un fundado temor de ser perseguida por motivos de raza, religión, opinión política, nacionalidad o por pertenecer a un grupo social determinado y bajo este último epígrafe encajaría la persecución por género, que sufren algunas víctimas de trata", apunta Vega.

Y añade: "No quiero decir que todas las víctimas de trata necesiten la protección del asilo y deban pedirlo por que vayan a sufrir persecución si son retornadas, pero sí que muchas de ellas merecen ser reconocidas como refugiadas y por eso una identificación y derivación tempranas son esenciales". Sin embargo, según CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, desde 1984 España sólo ha concedido la protección legal a cuatro víctimas de trata por ese motivo.

"Es probable que las autoridades teman un efecto llamada y que por eso hagan esta gestión tan restrictiva, pero están poniendo un parche que acabará por romperse o explotar por otro lado. Y al final están perdiendo la oportunidad de acabar con estas redes. Si las víctimas se sintieran protegidas no tendrían que recurrir a los tratantes para sobrevivir, pero al final la red suple sus necesidades de forma más eficaz que el sistema español", explica la portavoz de CEAR. Así que, dado que ni se las identifica adecuadamente, ni se las protege, la administración española acaba haciendo el trabajo indirectamente para las redes de trata.

Tiene un doble efecto perverso, porque durante el tiempo que se resuelve la solicitud la mujer teje su red social en España mientras trabaja para saldar su deuda, y prácticamente sólo se relaciona con los miembros de la red. Así, cuando acaba de pagar, la única alternativa para seguir subsistiendo es incorporarse a la red como parte del entramado.

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Negativa en el aeropuerto

Las organizaciones que trabajan con las víctimas de trata alertan de que hay un punto ciego en el proceso. Son las solicitudes de asilo realizadas en el aeropuerto o la frontera. "No se les está prestando la atención adecuada", explica Paloma Favieres, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). La solicitud de asilo en los aeropuerto es una vía prácticamente cerrada.

Se trata de un procedimiento rápido, que como mínimo durará ocho días sin que la persona pueda salir del aeropuerto, y con muy pocas posibilidades de éxito. Las redes no utilizan esta vía sistemáticamente pero muchas de las chicas a las que ella entrevista allí "llevan en la cara escrito soy víctima de trata". Entre 2014 y 2015 más de 20 mujeres subsaharianas hicieron una solicitud de asilo desde el aeropuerto en España. Ninguna se admitió a trámite. "Creo que es una oportunidad perdida para detectar a estas víctimas adecuadamente pero las condiciones no permiten hacer un abordaje adecuado".

Y lo explica: "Son chicas de apenas 18 años, aterradas, que han pasado por situaciones demoledoras, algunas analfabetas ¿cómo vamos a esperar que delate a quien la ha llevado hasta allí, con apenas unos días de margen? Deberíamos estar reforzando la detección en frontera en lugar de olvidarla y devolverla, es allí cuando la víctima es más vulnerable".

Matrimonios de conveniencia

El inspector Javier Menéndez explica que las redes recurren a los matrimonios de conveniencia cuando se agotan otras vías, como cuando les deniegan el asilo. "Se busca un ciudadano comunitario que sea o español o un nacional del país de la red ya nacionalizado y se simula un matrimonio. Eso les permite tener residencia legal en España sin dificultades y la red seguirá lucrándose con las chicas", explica el policía.

Se pueden llegar a pagar hasta 6.000 euros a los comunitarios que acepten el trato. Aunque el agente explica que en sus investigaciones se ha tropezado con algunas sorpresas: "Son frecuentes las bodas entre gitanos y nigerianos, que culturalmente es muy difícil que encajen, pero en las entrevistas previas van preparados o han ensayado y a veces contamos con la laxitud del funcionario que tiene que supervisarla, que se limita a cubrir el expediente aunque la rareza salte a la vista", señala.

A ello se añade una vuelta de tuerca más, y es que los datos de los registros civiles no se cruzan, ni unifican. "Nos hemos encontrado con ciudadanos casados varias veces sin que hubieran saltado las alarmas", explica el policía que reconoce que cuando debe investigar al final se encuentran los vericuetos para hacerlo.

El inspector Menéndez asegura que una vez resueltos los matrimonios de conveniencia es muy difícil dar con los implicados: "La única vía que tenemos es que se delaten los unos a los otros, o que los registros civiles y los registros de paz tuvieran funcionarios muy dedicados e implicados en hacer su trabajo de forma exhaustiva", concluye.

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Fracaso del sistema

A M.O. le captaron en Nigeria, le montaron en una patera, le dieron el hijo de otra mujer para que llegara a España directa a los recursos sociales y le encarcelaron, en prisión preventiva, durante un año. Cuando salió de la cárcel, la única referencia que tenía en España eran las abogadas de Women´s Link, que la habían defendido, y la red de trata.

En su país quedó su familia y un contrato hecho con vudú o yuyú, una especie de magia negra que les vincula con la red hasta saldar su deuda. "Su máxima prioridad es acabar con la pesadilla, saldar su deuda, que su familia en su país esté bien, libre de amenazas de la red y, a ser posible, que no sepan en qué le han metido.

Por eso a veces, aunque entienden de lo que les hablas y que sabes cuál es su situación y la protección que podrían tener por una u otra vía, no quieren acogerse a ella porque piensan que les va a generar más problemas a ellas y sus familias. Después de lo que han vivido y la brutal presión a la que las tienen sometidas las mafias, no confían en la capacidad del sistema para ofrecerles alternativas. Las redes son a veces más eficaces que la propia administración en hacer valer su protección, así que las víctimas optan por seguir trabajando para liberarse de una deuda interminable", explica la portavoz de ACNUR.

"Fallamos en la protección que les estamos ofreciendo. No se está entendiendo que el asilo es una vía apta para atender a las víctimas de trata. Hay derechos humanos que se están vulnerando en estas mujeres independientemente de si quieren colaborar o no con la policía. Si lográramos protegerlas, se sentirían seguras y es más probable que apoyaran procesos de denuncia y se desvincularan. Pero no. Las ignoramos, y fomentamos que se acaben convirtiendo en madames, que sigan trayendo otras mujeres y sigan alimentando al monstruo", concluye la abogada de Women´s Link.

M.O. sigue esperando a que se resuelva su solicitud de asilo como víctima de trata. Mientras, sigue trabajando para la red. Su deuda no espera.

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