Los expertos cuestionan la reforma del Tribunal Constitucional español

El gobierno español del Partido Popular (PP) ha vuelto a optar por dirimir la crisis institucional que mantiene con el gobierno regional de Cataluña por el proceso independentista evitando la política y la vía negociada. El ejecutivo popular presentó el martes una proposición de ley, que se tramitará de forma urgente — y sin debate previo —, para reformar el Tribunal Constitucional (TC) y asegurarse de que los gobernantes y funcionarios que no cumplan las sentencias y resoluciones fijadas por el máximo tribunal sean suspendidos en su cargo por el propio órgano constitucional sin necesidad que lo requiera ninguna parte implicada en el contencioso.

Algo que, según los expertos, es "absurdo" e "innecesario" porque este tribunal ya tiene ahora el poder de sanción y coercitivo y "obliga al TC a actuar como un instrumento político".

Esta maniobra responde, de forma explícita, a la intención del ejecutivo español de poder inhabilitar a Artur Mas, actual presidente de la Generalitat de Cataluña y candidato presidencial de la lista Junts pel Sí, con la vista puesta en las inminentes elecciones catalanas. Si la lista independentista de Mas resultara ganadora el próximo 27 de septiembre y se produjera una declaración unilateral de independencia, el Tribunal Constitucional podría suspender a Mas en sus funciones como máximo responsable del nuevo gobierno.

En este sentido, se expresó el candidato del PP a los comicios catalanes, Xavier García Albiol, quien [aseguró](http://www.ppcatalunya.com/garcia-albiol-nadie-va-a-proclamar-la-independencia-de-cataluna-se-acabo-la-broma/# ) en relación a la reforma que "nadie va a proclamar la independencia de Cataluña… Se acabó la broma" y afirmó que la iniciativa es "un mensaje muy claro a quienes quieren romper Cataluña del resto de España".

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La reforma, que aumenta las multas que el TC puede imponer a las autoridades y empleados públicos que no cumplan con sus resoluciones y sentencias hasta los 30.000 euros y que puede aprobarse con el único apoyo del partido gubernamental, podría entrar en vigor entre finales de septiembre y principios de octubre. Además, está modificación también incluye la "ejecución sustitutoria" de las resoluciones mediante la cual el órgano constitucional pueda pedir al Gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento de sus dictámenes.

Con todo y más allá del debate independentista, los expertos en derecho constitucional consideran que la reforma, que afecta a cuatro artículos de ley orgánica del Tribunal Constitucional, es absurda, obliga a entrar al TC en el terreno de la política, al tiempo que desaprueban el carácter exprés de su tramitación y la manera como se ha presentado y comunicado.

"Parece que hayan elaborado una ley de caso único, que se deriva de una circunstancia concreta, cuando en realidad la aplicación va a ir mucho más allá y va a requerir muchos cambios en el TC", explica Xavier Arbós a VICE News, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona. Para Arbós, una reforma de este calibre requiere de una solvencia técnica, algo de lo que cojea porque el texto no va a pasar ni por el Consejo de Estado, ni va a ser debatido en ninguna comisión especializada debido a su naturaleza de iniciativa legislativa y a su carácter exprés. "Aunque los procedimientos utilizados no caigan en la ilegalidad, se pierde la posibilidad de debatir", sentencia.

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De acuerdo con Javier García Fernández, que también es catedrático de Derecho Constitucional, cargo que desempeña en la Universidad Complutense de Madrid, la modificación es directamente "innecesaria". El TC ya puede "sancionar y hacer ejecutar las sanciones" con la actual ley destaca a VICE News. Arbós precisa que el artículo 95 ya le da esta potestad pero que, mientras ahora la sanción es una posibilidad, con la reforma se convierte en una obligación y deja al TC "sin margen discrecional" para decidir al respecto. En otras palabras, según García, "fuerza al TC a actuar como un instrumento político, a ejecutar decisiones políticas y no jurídicas". Para García, si la cuestión es frenar la Declaración Unilateral de Independencia, el Gobierno puede utilizar el artículo 155 de la Constitución, que permite la suspensión de una Comunidad Autónoma como Catalunya si ésta vulnera la Constitución o las leyes.

Arbós concluye que el TC es eminentemente "un juez de las leyes" y que, por lo tanto, no le toca sancionar a un político que ha sido elegido democráticamente, porque esté es el terreno natural de la justicia ordinaria.