Cataluña garantizará reproducción asistida a lesbianas y mujeres solteras

"Me decían: 'tú no eres infértil', lo que pasa es que no estás con un hombre". Es lo que tuvo que escuchar Idoia en el año 2012 cuando acudió a la Seguridad Social para someterse a tratamientos de reproducción asistida. Quería ser madre junto son su pareja, otra mujer. A través de un contacto familiar, Idoia se enteró que en el Hospital del Mar de Barcelona era menos restrictivo y permitía la reproducción asistida no solo a parejas heterosexuales. Así que llegó hasta ahí en un rocambolesco proceso que le obligaba a empadronarse en casa de su tía —vecina de la zona— para que le tocara ese hospital concreto y no otro. Aún así, en la red pública se sintió sola: "No nos trataban como pareja, me trataban a mí como paciente individual. Eso significa que nos ponían a cada una en salas diferentes, no dejaban entrar a mi pareja a las ecografías…", esgrime. El tratamiento fracasó y acabó en un centro privado. Todo el proceso le costó alrededor de 20.000 euros.

El caso de Idoia no es excepcional. Miles de parejas de lesbianas o mujeres solteras que querían tener un hijo en Cataluña tenían que ingeniárselas para poder optar a algunos tratamientos de reproducción asistida que, en principio, cubre la Seguridad Social pero que varia mucho en función del lugar de residencia e incluso del hospital o del médico. En muchas casos se exige "motivos médicos", lo que a la práctica excluye de este derecho a todas esas mujeres que sí son fértiles pero no tienen pareja masculina.

En Cataluña, concretamente, existía un protocolo de 2011 que limitaba específicamente este derecho a parejas heterosexuales. Sin embargo, y desde hace una semana, el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña ha presentado un protocolo que pretende sustituir el de 2011 y que garantiza los tratamientos de reproducción asistida a todas las mujeres que lo soliciten con independencia de su orientación sexual o estado civil.

Anna Ponces, de Campaña Feminista por la Reproducción Asistida, forma parte de uno de los colectivos que ha trabajado de forma más activa junto con la Generalitat para la elaboración de este protocolo y cree que supone un "cambio radical". Las demandas de esta campaña perseguían la no discriminación y la no medicalización de los tratamientos. "Se trata, por un lado, de garantizar este derecho a todas las mujeres y también de promover un proceso humano y no patologizador en aquellos casos en los que no existe infertilidad. Se trata de hacer valer nuestro derecho a respetar el cuerpo y la dignidad de la mujer", subraya Ponces. Aunque valora la implementación de este protocolo –que se hará efectivo en los próximos meses– cree que aún cabe esperar mejoras como la correcta formación del personal sanitario, algunos procesos administrativos y las largas listas de espera.

Un total de 2.801 mujeres están en lista de espera en Cataluña para someterse a una fecundación in vitro en la sanidad pública, según datos de diciembre de 2015 del departamento de Salud. El tiempo de espera para una pareja con problemas de fertilidad que espera una fecundación in vitro puede llegar a superar los dos años en algunos hospitales públicos como es el caso de la Vall d'Hebron o el Hospital Clínic. Desde el Departamento de Salud niegan que el nuevo protocolo pueda incrementar las listas de espera y admiten que habilitarán más centros. Además, los colectivos hasta ahora excluidos –lesbianas y mujeres solteras– precisarán en su mayoría inseminación artificial, la técnica de menos coste y con menor lista de espera.

El protocolo fue presentado el consejo de Salud, Antoni Comin, junto con ocho colectivos de gais, lesbianas y feministas. Elena Longares, de la plataforma LesbiCat y también miembro de la Campaña Feminista por la Reproducción Asistida, valora muy positivamente la medida, pero también incide en la importancia de la no medicalización en los supuestos en los que no existe infertilidad y en la humanización del proceso. El nuevo protocolo, además, está en sintonía con la Ley contra la Homofobia de 2014 aprobada por el Parlament.

En España la regulación estatal sobre reproducción asistida se basa en la Ley 14/2006 y técnicamente no discrimina por orientación sexual o estado civil. El derecho a todas las mujeres debería estar garantizado. ¿Qué ocurre, entonces? Una orden ministerial de 2014, impulsada por el mandato de la exministra de Sanidad Ana Mato (PP), incluyó un modificación determinante: la exigencia de acreditar "motivos médicos" para acceder a estos tratamientos.

"Según esta orden ministerial, solo las parejas heterosexuales con dificultades para concebir hijos o infertilidad certificada pueden optar a este derecho, lo que supone una grave discriminación para el resto de mujeres", explica Carmen Miguel, directora legal regional de Women's Link en Madrid. En octubre de 2005, una jueza falló en Madrid a favor de dos mujeres lesbianas a quienes se les había negado reproducción asistida en la red pública. Este caso —defendido por abogadas de la organización Women's Link— sentó un precedente. "La sentencia determina que esa orden ministerial es discriminatoria y que por lo tanto no se debería aplicar". A raíz del caso y de forma inmediata, la Comunidad de Madrid reaccionó y anunció que tampoco aplicaría esa norma aprobada por el Gobierno. Miguel añade: "Una ley tiene jerarquía superior a una orden ministerial, por lo que estos mecanismos no pueden servir nunca para vulnerar derechos ya consagrados. Lo que debería hacer el Gobierno es eliminar esta norma", recalca.

Algunas comunidades como Navarra, Asturias, Comunidad Valenciana o Extremadura también garantizan, de forma fáctica, este derecho en todos los supuestos sin importar lo que diga la discutida orden ministerial. Ponces, de Campaña Feminista por la Reproducción Asistida, se muestra optimista y cree que en el futuro todo tenderá a que no se haga discriminación de ningún tipo en ninguna región, "aunque debería ir más rápido de lo que está pasando", concluye.