¡Pacifista!: ¿Quién gobierna en San Juan de Lozada?

"Aquí un puño vale $500.000, una puñalada puede valer dos millones y matar a alguien… ni le cuento", dice Guateque mientras maneja un campero viejo y trata de llevarnos al pueblo más cercano. Guateque es un campesino que desde que tiene memoria vive en una de las veredas de San Juan de Lozada, un municipio de casas separadas y calles chiquitas clavado en el sur del Meta.

A San Juan se llega en camioneta. Queda a dos horas de Los Pozos, el histórico lugar donde Andrés Pastrana y Manuel Marulanda firmaron, una tarde de febrero del 2001, un acuerdo para tratar de revivir el moribundo proceso de paz del Caguán. De esa época no queda nada, y la carretera solo deja ver retenes militares y tubos que tratan de sacar petróleo.

Soldados con cara de niños suben y bajan los palos que hacen las veces de retén. A pocos metros, en trincheras hechas de sacos llenos de tierra, otros militares apuntan a la montaña, tratan de ver entre la selva al enemigo que han combatido por casi sesenta años. Tienen miedo, pero preguntan con firmeza.

• "¿Para dónde van?", dice uno de ellos.

• "Allí para San Juan", respondemos.

• "Mucho cuidado con la guerrilla. Esos bandidos están por ahí haciendo cagadas", señala mientras sube el palo y nos deja pasar.

Después del control militar solo hay polvo y curvas. Una hora de camino en carreteras que durante la zona de despeje construyeron los guerrilleros del Bloque Oriental, al mando del 'Mono Jojoy'. Esa es la única vía de acceso que tiene el Caquetá, el Meta, Colombia entera, para llegar a San Juan de Lozada.

Esta tierra es de las Farc desde hace 60 años. Son los caminos que también conducen a la Uribe, donde por primera vez un Gobierno colombiano intentó negociar con la guerrilla. También son las trochas que llevan a la Macarena, uno de los grandes fortines militares de esa guerrilla y donde vivieron por años 'Alfonso Cano' y 'Manuel Marulanda'.

Un pedazo de carretera pavimentado indica que estamos cerca. Ahí, a pocos metros de un puente, hay una caseta improvisada y una señora: "Son cinco mil pesos", dice. Es un peaje. Pero el recaudo no es para el Estado, la boleta está firmada con el nombre de una asociación campesina.

A partir de ahí, del puente en el que dos soldados llenos de camuflado tratan de cubrirse del sol, se acaba la presencia del Estado en esta región del sur del Meta. "Es que el Gobierno ni se acuerda de esto", dice uno de los militares encargados de cuidar la entrada a San Juan. "Ni el Gobierno quiere ni la guerrilla deja", sostiene.

San Juan tiene seis cuadras. Tres panaderías, un par de tiendas y un lugar para llamar a fijos y a celular. La señal de teléfono no existe y hace menos de dos años tiene servicio de energía eléctrica. De vez en cuando se ven pasar camiones llenos de ganado y la mayoría de la gente anda en moto.

Todos aquí han visto alguna vez un guerrillero. Todos tienen un familiar, o un amigo, o un conocido que se fue para el monte. Este lugar es una de las zonas de mayor presencia histórica de las Farc. Desde que Jacobo Arenas y 'Tirofijo' intentaron hacer la paz con el gobierno de Betancur hace más de 30 años, la gente de aquí se acostumbró a verlos y se generó una relación de coexistencia.

Los campesinos empezaron a hacer parte de la cadena de acción de las Farc. Unos compraban comida, viajaban hasta el pueblo más cercano a traer remesa para los guerrilleros. Otros les ofrecían vivienda, les daban un tinto o negaban su presencia cuando aparecía el Ejército.

A fuerza de costumbre, y siempre con fusil en mano, la guerrilla se acercó a la gente de esta y muchas otras zonas del país.

"Los muchachos", como le dijeron durante años a los guerrilleros de las Farc, están cerca. A cuatro horas en carro y un par más en moto, está el campamento de la columna móvil Mariana Páez de las Farc. Son por lo menos 25 hombres y mujeres que cargan fusil y maletas de 40 kilos, forman como cualquier estructura del Ejército y tienen el discurso tan aprendido como hace sesenta años.

Manuela, la ideóloga del grupo, dicen sin rodeos que son la autoridad en la zona. "Aquí vienen los campesinos a que les ayudemos a resolver los conflictos", señala. Parece difícil de creer hasta que Guateque cuenta que él mismo se presentó en el campamento para que Bayron, el comandante, lo reprendiera por una pelea que tuvo el 6 de enero y que le valió un millón de pesos de multa.

"Allá el camarada me "vació" por darme puños con otro en una fiesta", dice entre risas mientras nos avisa que vamos llegando. Así como Guateque, otros campesinos visitan los campamentos de la guerrilla. Muchos hablan con las mujeres, cocinan y traen mandados o razones. Por simpatía o miedo, se han vuelto cercanos.

La plata de las multas va a parar a Ascal, la asociación campesina más fuerte de la región. Tienen una sede en San Juan y gran actividad en todas las veredas. Sus miembros se reúnen todas las semanas, acuerdan la construcción de puentes y carreteras, eligen representantes políticos y celebran fiestas y reuniones.

"Uno sabe quién está detrás de cada persona que habla", dice una fuente consultada por PACIFISTA que no quiso revelar su nombre. Se refiere a la gran influencia que tiene la guerrilla dentro de Ascal. Esta es la zona de "Carlos Antonio Lozada", uno de los negociadores de las Farc en La Habana, y quien incluso autorizó nuestra entrada a los campamentos.

Si bien esta no es una organización guerrillera, cada representante de las veredas ante Ascal tiene alguna relación con la guerrilla. En el Meta tienen presencia los frentes 7, 26, 27, 31, 40, 44 y 53 de las Farc y todos están interesados en saber qué se habla en las reuniones de esta y otras asociaciones campesinas. Su relación con la población civil es a veces orgánica y a veces de fuerza.

Las Farc dinamitan y atentan contra la infraestructura construida por el Estado, pero es un delito volar los improvisados puentes que hace Ascal. De hecho, entre la asociación y la guerrilla han llegado a acordar castigos para campesinos. Casi siempre tienen que arreglar los caminos y carreteras, que fueron construidos por las Farc.

El mecanismo de justicia que impone las Farc y cobra Ascal es el siguiente: un puño en una pelea equivale a 500 mil pesos de multa, una agresión con arma blanca vale hasta 2 millones de pesos. Si alguien le dispara a otro, tiene que asumir los costos de la recuperación, tiene un castigo simbólico – como limpiar el camino – y la multa puede llegar a 5 millones de pesos.

Si hay un muerto, el responsable tiene que hacerse cargo de la familia del difunto. Tiene que criar a los hijos hasta que puedan sostenerse y darle dinero a la asociación. En caso de no pagar la multa luego de dos meses, la asociación se comunica con los comandantes para informarles la situación. Ellos toman las medidas respectivas.

Un informe publicado este año por la fundación Paz y Reconciliación indica que las Farc tienen presencia en 242 municipios del país. "De estos, en 112 municipalidades hay una capacidad amplia de injerencia en la vida política y social", señala. La injerencia de la guerrilla en esta zona es innegable.

De hecho, en un mapeo de esta misma fundación, San Juan de Lozada es uno de los 87 municipios con vulnerabilidad extrema para un eventual escenario de postconflicto. Las Farc también son agentes activos en Puerto Rico, La Uribe, la serranía de la Macarena y otros municipios muy cercanos a este lugar.

Desde que comenzaron los diálogos de paz en La Habana, tanto el presidente Santos como su equipo negociador han hablado de la deuda del Estado colombiano con los campesinos del país. Esa deuda, esa falta de presencia ha generado fenómenos como el de San Juan de Lozada, un pueblo en el que la gente busca los campamentos de la guerrilla para reportarse ante alguna autoridad.

El Gobierno sabe que no controla todo el territorio, y que el reto más grande es desmontar la estructura orgánica que han desarrollado la guerrilla y las comunidades. Un escenario ideal de postconflicto empieza por ofrecerle a la gente de esta y todas las regiones en las que las Farc son ley, algo más que presencia militar.

Desde el campamento, Bayron asegura que el objetivo de las Farc todavía es tomarse el poder a través de las armas. Desafía a todos, incluso a los delegados de esa guerrilla en La Habana, que han sacado del vocabulario esa expresión desde que decidieron sentarse a negociar el fin de la guerra con el Gobierno.

Habla seguro porque sabe que mientras sus hombres estudian para la paz y repelen los ataques del Ejército –están en tregua unilateral desde el 20 de diciembre del año pasado– tienen una base social que, a las buenas o a las malas, está con ellos.

Pueden, eventualmente, hacer política en este y en los más de 100 municipios en los que tienen injerencia. O pueden seguir viviendo la guerra y cobrar por puños, peleas y muertes durante un tiempo más.

Además, la guerrilla tiene influencia en las economías ilegales de esta y otras zonas del país. Piden vacunas a los campesinos, hacen parte del negocio de la droga y la minería a través del cobro de impuestos y muchas veces de la participación directa en la producción de cocaína y otras sustancias.

A varios kilómetros se ven las luces de lo que parece un pueblo grande, y Guateque acelera en medio de la trocha y el polvo. Ya casi es de noche y nos deja en el mismo punto donde hace 5 días nos recogió otro carro para ir a conocer la realidad de San Juan.

Él va para San Vicente del Caguán, seguramente traerá remesa para su casa y algún encargo para la guerrilla. Tendrá que pasar los retenes militares, ver a los mismos soldados cubrirse del sol bajo el mismo árbol y saludar a las mujeres que se paran en la puerta de Ascal. También lo pensará dos veces para volver a darse puños en la calle con algún vecino.

La justicia de ese pueblo de casas separadas y calles chiquitas, clavado en el sur del Meta, seguirá intacta. Entre campesinos y guerrilleros establecieron un mecanismo que el Estado desconoce y que les funciona bien. El Estado, el de las ciudades, algún día sabrá que los peajes y las multan en San Juan de Lozada no son para ellos.

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Este artículo hace parte de ¡Pacifista! Una plataforma para la generación de paz: un proyecto de VICE enfocado en contenidos sobre la terminación del conflicto armado y la construcción de paz en Colombia.