Mano dura en Nicaragua: los universitarios que enfrentan cargos de terrorismo

Artículo publicado por VICE México.

Managua, Nicaragua.– Bajo una relativa calma, condicionada por la amenaza estatal de cárcel para quienes intenten movilizarse en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el Juez Séptimo Distrito Penal de Juicio de Managua, Melvin Vargas condenó a 17 años de prisión a los universitarios Kevin Espinoza, Marlon Fonseca y Hansel Vásquez, miembros del Movimiento Estudiantil 19 de Abril (ME19A).

Kevin, Hansel y Marlon fueron detenidos el pasado 12 de julio por fuerzas combinadas policiales y parapoliciales para posteriormente ser presentados, en los canales oficialistas, como autores de los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de armas, entorpecimiento de servicios públicos y asesinato agravado en grado de frustración.

La acusación además señaló que contribuyeron a montar tranques y distribuir armamento de fabricación artesanal (morteros) en 12 puntos del país entre Managua, Masaya y Carazo. Los jóvenes habían liderado la toma de cuatro universidades públicas de Managua donde se registraron los primeros fallecidos ante la respuesta desproporcionada policial y parapolicial del gobierno de Nicaragua frente a la llamada rebelión cívica ante las reformas al seguro social.

Los condenados son parte de una lista de al menos 30 universitarios encarcelados en espera de juicio, miembros de cinco organizaciones estudiantiles, a quienes se les han imputado entre cuatro y ocho delitos. Son originarios de las diferentes cabeceras departamentales del país, aunque sobresale, en cantidad de detenidos, los procedentes de Managua, Masaya, León y Matagalpa, donde la resistencia tuvo mayor fuerza en los pasados seis meses. Las edades oscilan entre los 18 y 30 años.

Los estudiantes detenidos, que formaron parte de la insurrección cívica en Nicaragua, enfrentan cargos de terrorismo y delitos conexos que de ser declarados culpables podrían enfrentar sentencias de hasta 60 años en prisión, aunque la pena máxima en el país centroamericano no sobrepasa los 30 años.

Con media hora de retraso se presenta Wendy (prefiere omitir su apellido para no ser identificada) a nuestra cita. Se le nota perturbada. Se disculpa y me comenta que no pudo llegar hasta su casa de seguridad. Un hombre la vigilaba, anotó la placa del taxi en que se movilizaba y grabó un video, lo que la obligó a retirarse de la zona.

Tiene 27 años y antes del 18 de abril estudiaba coreano. Fue miembro permanente del Cuerpo Médico Autoconvocado en Matagalpa, ciudad que abandonó desde el 11 de mayo cuando iniciaron las amenazas contra su vida y la de su familia, ahora exiliada en Costa Rica, país que además, ha acogido a once miembros permanentes de esa agrupación estudiantil. Tres huyen en Nicaragua.

Trabajaban juntos con el ME19A, de esa ciudad, cuya estructura también ha sido golpeada. Seis de los miembros permanentes están encarcelados y enfrentan procesos judiciales como terroristas. Nueve se encuentran exiliados en Costa Rica.

“Hemos retrocedido bastante en movilizaciones porque en los plantones son asediados por los orteguistas (seguidores de Daniel Ortega), no se pueden hacer marchas, no se puede ni gritar: viva Nicaragua libre. Los jóvenes en Matagalpa van a clases, pero con miedo. Los dirigentes estudiantiles orteguistas están detrás de los muchachos y ha habido más captura de estudiantes. La situación actual solo nos deja que nos organicemos mediante la tecnología”, revela con tristeza.

La situación no es ajena en el occidente del país. En la ciudad de León, otro departamento emblemático de las protestas estudiantiles al pronunciarse el propio día que se conocieron las reformas al seguro social y ser el primero en convocar a un paro de actividades, mantiene una aparente normalidad. Las marchas han cesado, no hay tranques ni paros, pero la población tiene miedo y los estudiantes son víctima de la cacería de policías y paramilitares.

El 25 de agosto durante la marcha denominada ‘Vamos Ganando’, en la ciudad de León, cuatro de los líderes del ME19A fueron detenidos por policías y parapolicías para posteriormente ser acusados por los delitos de terrorismo, homicidio, incendio, secuestro, daño, lesiones, portación ilegal de armas y amenazas de muerte.

Esa misma tarde otros tres líderes estudiantiles de Managua, miembros de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia, eran detenidos en León. Habían llegado para reunirse con el ME19A y coordinar acciones de protesta. Eran las caras visibles de la resistencia estudiantil.

“Ha sido un golpe muy duro, muy fuerte, psicológicamente nos ha golpeado demasiado, hemos perdido a la mitad del equipo que está allá adentro preso, pero ellos no están dispuestos a doblegarse. Y los que estamos acá afuera no estamos dispuestos a darnos por vencidos”, dice Ana Valle, miembro del ME19A.

Desde el exilio Jean Carlos López Gutiérrez, de 21 años, estudiante de Ingeniería en Sistema en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), y sobre quien pende una orden de captura por el delito de financiamiento al terrorismo deduce que ésta ha sido la única forma del “régimen para contener la protesta”.

“El inculpar y criminalizar a los jóvenes estudiantes en especial a los líderes ha sido para querer contener las protestas, las manifestaciones en las calles porque quienes lideran estas manifestaciones son los jóvenes con el apoyo de pueblo. El llamarnos terroristas va en la misma línea de las dictaduras para contener la protesta”, expresa Gutiérrez.

Jean Carlos estuvo presente junto a Lesther Alemán, Madeleine Caracas, Dolly Mora y otros estudiantes en la mesa de diálogo cara a cara con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Fue la “oportunidad de decirle a Ortega lo que el pueblo quería decirle” y por lo cual han pagado un alto precio. Hoy todos se encuentran en el exilio en algún país de América Latina.

Regresar a Nicaragua significa ser detenido y enfrentarse a altas penas de presidio en “procesos judiciales viciados desde la detención, la falta de presunción de inocencia, la nula defensa en juicios en los que los testigos son empleados del Estado, por lo que los estudiantes son culpables desde antes de iniciar el proceso”, dice Gonzalo Carrión del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

Así que mientras se respira una relativa calma que “no se trata de una tregua”, los dirigentes estudiantiles, en el exilio, se reorganizan, se plantean una nueva estructura y formas de lucha más allá de ser autoconvocados con la única intención de “que el régimen salga por la vía pacífica”.

Hasta el 31 de octubre el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) registra un saldo rojo de 320 personas asesinadas en el contexto de las protestas iniciadas el 18 de abril; 566 detenidos de los cuales 417 están siendo procesados y 52 han sido condenados, tres son universitarios.

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