Por qué transmitir los juicios de la Jurisdicción Especial para la Paz por televisión

Únicamente si un periodista pedía permiso al Fiscal con cinco días de anticipación, este —si quería— podía permitirle asistir a la instalación de la audiencia. Apenas eso: después tenía que salir y el resto se hacía a puerta cerrada.

Las confesiones de los 7.531 postulados que han rendido versión libre son consideradas información reservada; los archivos de video de las audiencias se pudren en los despachos y los ciudadanos no podemos acceder a ellos; esos documentos, necesarios para conocer la verdad de los hechos de la guerra, son hoy comida de polillas.

La Comisión Colombiana de Juristas interpuso en 2007 una acción popular solicitando que —al igual que se hizo en Sudáfrica— las audiencias fueran transmitidas por televisión a todo el país. Pero el Tribunal Superior de Cundinamarca negó esta petición argumentando la protección a los derechos de las víctimas.

En la discusión actual en el Congreso sobre el Proyecto de Acto Legislativo que crea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se han quedado por fuera las garantías para el acceso a la información. ¿Podrán los periodistas entrar a las audiencias de la jurisdicción especial para la paz? ¿Podrán acceder a archivos judiciales, a información estadística y bases de datos?

Cuando las víctimas testifican en una audiencia pueden compartir información íntima, como por ejemplo un episodio de violencia sexual. ¿A alguien le gustaría ver esa experiencia expuesta en un titular rojo de un diario tipo El Espacio? También puede suceder que los perpetradores se sienten en el banquillo de los acusados para justificar sus acciones. Muchos paramilitares "confesaron" en versiones libres haber "dado de baja" a campesinos con la excusa de proteger a la patria. Estas declaraciones fueron parcialmente reproducidas por algunos medios de comunicación sin mayor contexto ni consulta de otras fuentes.

La politóloga Leigh A. Payne, profesora de la Universidad de Oxford, ha estudiado las confesiones de victimarios en distintos escenarios de justicia transicional en el mundo. Según ella, es frecuente que los perpetradores utilicen el lenguaje represivo de sus años de guerra para auto-exculparse. Adornan su narración con eufemismos, convirtiendo la confesión en un relato patriótico, heroico, de sacrificio personal o virtud militar. Si los medios no contrastan esos relatos con otras voces, las transmisiones de las confesiones en radio o televisión toman la forma de nuevas agresiones psicológicas.

A pesar de todo lo que puede salir mal en el cubrimiento periodístico de la Jurisdicción Especial para la Paz, la solución no puede ser la opacidad. Los archivos judiciales deben estar disponibles para el que los quiera consultar. Y las audiencias tienen que estar abiertas para las comunidades, los medios y todo el que quiera. ¿Cómo más va la sociedad a hacerse su propio criterio sobre los hechos de la guerra en Colombia?

De momento no se sabe qué tanto acceso a la información habrá en la JEP. El Acuerdo Final firmado por Santos y Timochenko dice que los informes que la Fiscalía, la Justicia Penal Militar y otras autoridades entregarán a la Sala de Reconocimiento de la Verdad y Responsabilidad, para contrastar las declaraciones de las personas juzgadas, no serán públicos.

No obstante, el acuerdo ordena que todas las sentencias de la JEP sean remitidas a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición para la reconstrucción de los hechos. También le otorga el mandato de preservar los documentos generados en la comisión negociadora del gobierno con las Farc. Mientras tanto, el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Archivo General de la Nación adelantan su política de conservación de archivos del conflicto armado y de graves violaciones a los derechos humanos.

Pero el esclarecimiento de los hechos no puede asumirlo exclusivamente una comisión. La verdad no puede producirse en un cuarto oscuro para luego revelarse a la sociedad. No es un producto prefabricado que se entrega en formato de informes de memoria o sentencias judiciales para su consumo. Tiene que complementarse con materia prima: confesiones, testimonios, fotos, videos, evidencia judicial y archivos al alcance de cualquiera.

Thierry Cruvellier, periodista francés que durante veinte años cubrió juicios de crímenes de guerra, dice que aunque es un estándar aceptado internacionalmente que estos juicios deben ser filmados en video, "la mayoría de los tribunales han fallado en entender el rol de estas imágenes y la razón por la que debe filmárselos".

Aun así, se conservan 26 horas de grabación de los juicios de Núremberg en 1945. También se preserva el registro fílmico del juicio contra Adolf Eichman en Israel en 1961, así como la totalidad del juicio contra Klaus Barbie en Francia en 1987. No obstante, parte de este último juicio no es aún público, sólo hasta el año 2000 se pusieron a disposición de los ciudadanos algunas horas de grabación.

En 2007 se realizaron audiencias públicas del Tribunal del Khmer Rouge en Phnom Penh. Por primera vez, los más grandes torturadores de Camboya se presentaron ante los jueces. Sin embargo, Cruvellier, quien ha hecho reportería extensivamente en ese país, recuerda que "ningún ciudadano pudo ver nada, pues la audiencia fue filmada tan deficientemente que estas grabaciones son una pérdida para la historia de la nación".

En ese mismo 2007, Cruvellier viajó a Colombia invitado a un foro de "verdad, memoria histórica y medios de comunicación" organizado por la Fundación Ideas Para la Paz y Revista Semana. Él habló sobre la necesidad de garantizar el adecuado registro técnico (audio, video y texto) de los procedimientos de Justicia y Paz, y sobre la importancia de garantizar el acceso a medios de comunicación. Nadie le hizo caso. Estando a pocos días de que el Congreso vote sí o no a la Jurisdicción Especial para la Paz, todavía hay tiempo para recordar sus palabras.

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* Coordinador del Proyecto Antonio Nariño

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