'Doble condena': así es como los presos trans son víctimas en las cárceles de todo el mundo

Las historias sobre el maltrato de delincuentes transgénero dentro de las prisiones de todo el mundo salen a la luz año a año, tanto al norte como al sur del planeta, sin excepciones. En las últimas seis semanas se han producido 2 muertes en las cárceles británicas. Más allá de los casos individuales, sin embargo, el tema pone de relieve más nítidamente cómo los sistemas justiciales mal equipados no pueden hacer frente a las necesidades de los delincuentes.

La evidencia es grave. Una mujer británica que completó su pena de cárcel, dijo a VICE News que fue violada por un preso masculino con el permiso de un funcionario de prisiones. Ella cree que una puerta de acceso al bloque de la ducha fue dejada deliberadamente abierta.

En un reciente informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos puede leerse que el 40 por ciento de los presos transgénero informaron haber sido víctimas de algún tipo de ataque sexual en las prisiones estatales y federales del país, en comparación con el 4 por ciento de la población general. En EEUU, algunos informes señalan que cuando los presos trans han "pedido ayuda" a los oficiales, en los casos en los que finalmente obtuvieron protección, ha sido mediante el régimen de aislamiento, que en sí mismo es una violación de los derechos humanos e implica un alto riesgo de depresión y otras secuelas psicológicas.

Fundamentalmente, muchas personas trans no deberían estar en la cárcel. Están sobre-representadas en la población carcelaria. En EEUU, hasta el 50 por ciento de las personas trans negras han sido encarceladas alguna vez. Distintas fuentes consultadas por VICE News expresaron que una discriminación persistente es la razón detrás de estos números.

La jurista y activista Demoya Gordon de Lamda Legal, una organización dedicada a la defensa de los derechos legales de las personas LGBT, dice: "Mucha gente piensa que son intrínsecamente malos, personas no respetuosas de la ley, por lo que muchas personas trans, sobre todo las de color, están en desventaja en cuestiones básicas tales como educación, vivienda o asistencia sanitaria y su vida se torna más difícil, lo que los empuja muchas veces a cometer lo que llamamos delitos de supervivencia".

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Actualmente hay en las cárceles británicas entre 80 y 100 personas transexuales detenidas, aunque la cifra real se oculta debido a la mala presentación de los informes. Según la ley del Reino Unido, una persona trans debe pagar su pena de prisión en una entidad que se corresponda según la identidad de género que figura en su certificado de nacimiento o en un certificado de reconocimiento de género, el cual puede solicitarse tras dos años de vivir con el género adquirido. Ni Vicky Thompson o Joanne Latham, encontradas muertas en sus celdas con apenas semanas de diferencia este año, contaban con este certificado, por lo que habían sido enviadas a prisiones masculinas.

Sin embargo, la ley también dice que alguien que es transexual puede solicitar ser encarcelado en una prisión del sexo opuesto, sin importar su certificado. En estos dos casos era evidente que las delincuentes habían estado viviendo como mujeres. Una petición a nivel nacional firmada por más de 150.000 personas fue el coste para conseguir que Tara Hudson, maquilladora de 26 años de edad, consiguiera el traslado de la cárcel masculina. "Me llamaban 'polluela con polla', 'transexual', incluso oí a uno decir que 'debería morir', narra Hudson. También describió un ambiente excesivamente sexualizado donde ella temía ser violada.

Helen Ward ha estado haciendo campaña sobre este tema durante casi 15 años, y fue la primera mujer abiertamente trans trabajando para el Servicio de Libertad Condicional del Reino Unido. "Si una persona trans es trasladada a una cárcel de hombres, habrá una consulta sobre el caso, pero es una evaluación no científica. Es una estimación. Y a veces los riesgos salen mal".

En respuesta a estos casos que han tenido repercusión, el gobierno británico está dando una mayor consideración a los derechos de las personas trans en el sistema penitenciario, y están siendo investigados. En una intervención en la Cámara de los Comunes, Cat Smith, Ministra de Trabajo para Mujeres e Igualdad, explicó la desgarradora historia de una mujer transexual con la que estaba en contacto, cuya situación era tan desesperada que se inyectó cloro en sus testículos y trató de extirparse quirúrgicamente ella misma su escroto.

Jenny Anne Bishop es una activista británica que ha dedicado su vida a apoyar los derechos trans desde que estas personas comienzan a vivir su transición, y forma parte de un foro que asesora al gobierno. A ella le gustaría que existiera un pabellón o bloque carcelario en el Reino Unido dedicado a hombres y mujeres trans donde puedan acceder a un tratamiento médico y donde los grupos de ayuda sean permitidos.

Ward no cree que una unidad dedicada a menos de 100 personas sea factible. Considera que las cárceles tiene que mejorar, y que "si alguien está viviendo como una mujer, debe existir un claro supuesto de que irá a una cárcel de mujeres".

Pero Bishop explica a VICE News que las decisiones tomadas por el Ministerio de Justicia sobre dónde albergar prisioneros trans no han sido fáciles. Parte del problema al que se enfrentan es que el cuerpo de una persona trans a menudo no "coincide con" su identidad de género. La transición a menudo toma muchos años, y el grado en que alguien cambia físicamente varía ampliamente.

"Esto no es algo tan simple como poner hombres en las cárceles de hombres y mujeres en las cárceles femeninas. Puede haber problemas. Es un gran riesgo el poner a un hombre con un cuerpo femenino en una prisión masculina".

En EEUU el problema es más profundo. Allí existe una cultura de brutalidad de los oficiales hacia los presos como método de control de manera muy extendida y no va a cambiar hasta que los estados se tomen en serio las denuncias de abusos.

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La pieza más importante de una legislación que proteja los derechos de los prisioneros trans es la Ley de Eliminación de Violaciones en Prisiones [PREA por sus siglas en inglés], que insta a los estados de Estados Unidos a "tomar medidas para eliminar el abuso sexual de las personas bajo custodia". Pero le toca a cada estado de forma individual el adoptar la ley, y justamente no se ha puesto en marcha en los lugares donde más se necesita.

En Texas, Lamda Legal ha luchado con éxito en nombre de Pasión Estrella, una transexual que sufrió repetidos abusos sexuales y extorsión a través de siete instalaciones penitenciarias diferentes. "Se le dijo en repetidas ocasiones que había que pelear, tener sexo o realizar actos sexuales con el fin de mantenerse a salvo", dice Gordon a VICE News. El estado de Texas se ha negado a promulgar la PREA, ya que insiste en que su propia legislación ya prevé el tratamiento seguro de los delincuentes.

Jesse Lerner Kinglake del grupo de derechos humanos Just Detention International [Solo Detención internacional] dice que la organización recibe cerca de 2.500 cartas al año detallando abusos sexuales en las cárceles, y solo un quinto de esas cartas son de presos de Texas.

PREA proporciona una evaluación para encontrar el mejor lugar donde alojar a un delincuente, incluyendo la consideración de su propia opinión. Pero Gordon dice a VICE News que la gran mayoría de los estados toman su decisión sobre la inspección de género por personal no calificado. Pasión Estrella fue internada en una prisión masculina y se le negó tratamiento para su disforia de género. Gordon dice que muchos centros penitenciarios tienen como regla general la ausencia de tratamiento, lo que puede ser una experiencia desgarradora cuando los cuerpos comienzan a volver de nuevo a su estado anterior.

Casos análogos se reflejan en todo el mundo. En Nueva Zelanda existe una investigación en marcha en respuesta a las denuncias de violación de una transexual en una cárcel de hombres en el sur de Auckland, gestionada por la empresa británica contratista Serco. La víctima había sido colocada junto a la población carcelaria general; su presunto agresor era su compañero de celda.

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No es sólo en la cárcel donde se producen los abusos, sino que es un prejuicio sistémico que se ejecuta a través del sistema de justicia. Los contratistas privados que cuidan a los presos son un problema particular, ya que no responden a un mismo código de prácticas que los funcionarios de prisiones.

A principios de 2015, en una inspección de las instalaciones judiciales Sussex y Surrey en el Reino Unido, se observó que una detenida transgénero estaba siendo llamada "la cosa" por un oficial de custodia mientras esperaba comparecer ante un tribunal. El oficial había sido contratado por la empresa privada GeoAmey, que en 2011 ganó un contrato con el gobierno para proporcionar servicios de escolta y custodia de la cárcel en un acuerdo de hasta 900 millones de libras (más de mil millones de dólares) durante más de 10 años. Ha recibido muchas críticas por sus "funcionarios" contratados, quienes han permitido escapar a algunos delincuentes conduciendo furgonetas a través de una puerta trasera abierta, o han sido denunciados por decirles a los reclusos a su cargo que sólo tienen "derecho a respirar".

"Para las personas transgénero dentro del sistema inmigratorio, las condiciones pueden ser peores, ya que el funcionamiento de esos centros de detención no está sujetos al mismo nivel de escrutinio público al que lo están las prisiones.

"Las personas trans son muy vulnerables en prisión. Son aisladas, y permanente objetivo de abusos, intimidación y acosos", denuncia Paul Dillane, director ejecutivo del grupo de Lesbianas y Gays Inmigrantes del Reino Unido que representa alrededor de 1.500 solicitantes de asilo LGBT.

Dillane dice a VICE News que los inmigrantes a menudo acaban padeciendo el mismo abuso del que trataban de escapar en sus países de origen.

"Me paso 20 horas al día en mi habitación. No puedo salir, cuando lo hago, se ríen de mí. Me señalan y se ríen porque soy trans", dice Farah, quien busca asilo huyendo de Irán, en una declaración presentada por Dillane a la investigación parlamentaria que recoge información sobre la igualdad de las personas transexuales, incluido dentro del sistema de justicia penal. Dillane está presionando para que esto sea incluido en el sistema de asilo. En última instancia, quiere que el número de solicitantes de asilo puestos en detención sea muy reducido, con un límite de tiempo en su estancia.

Adam es un transexual masculino de 23 años de edad, quien solicitó asilo desde Egipto, donde había experimentado horrendos abusos de derechos humanos. "Creo que estaría muerto si me hubiera quedado en Egipto. Padecía abusos a diario. "La amenaza de tortura y violación era muy real. La gente me agarraba en la calle para ver si era un hombre o una mujer" cuenta. "Se me negó el asilo en tres ocasiones. Al principio ni siquiera tenía un abogado. El Ministerio del Interior se negó a creer que soy trans, me trataron como a un mentiroso. Se refirieron continuamente a mí como una mujer. Me sentí atacado". Dillane explica a VICE News que a las personas trans se les niega regularmente el asilo por no poder demostrar su identidad de género.

Sin embargo, el ánimo general es cada vez más favorable frente a la difícil situación de las personas trans en el sistema de justicia. En EEUU esto puede reflejar el despertar público sobre el comportamiento de la policía fuera de la ley, con prejuicios, y agresividad hacia otros grupos, en su mayoría, obviamente, hacia los hombres negros. Sin embargo, la ciudadanía y los políticos también están despertando ante el hecho de que encarcelar un número de personas cada vez mayor y luego no darles la posibilidad de mejorar sus oportunidades en la vida es un enorme coste para la sociedad, incluso en términos puramente económicos.

"Muchas de las personas trans están en prisión por delitos muy violentos, muchos de ellos causados por una gran frustración. Si son excluidos de la sociedad, y y abusados verbal y físicamente, luego ya no les importa lo que la sociedad opina", afirma Ward. Cuenta la historia de alguien que, mientras asistía a un hospital para recibir tratamiento, padeció risas y burlas por parte del personal. Esta persona reaccionó con violencia tirando los objetos de la habitación y tras quedar detenida por unas horas fue puesta en libertad condicional. Ward cree que fue provocado. Ahora, si comete otro delito, especialmente algo relacionado con violencia, terminará en la cárcel.

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Ward dice que el apoyo en el interior y el exterior de la prisión es vital. De los 20 delincuentes trans que ayudó durante 8-10 años, sólo dos o tres reincidieron en un plazo de dos años, cuando la estadística nacional del Reino Unido es del 50 por ciento. "Nos gustaría mostrarles que ser trans no quiere decir ser excluidos de la sociedad".

Pero Ward también admite que la reducción de costes en el sistema de justicia podría echar por tierra el trabajo con visión de futuro, en especial de los gobernadores de la prisión. Bishop menciona una iniciativa en la Isla de Wight en el Reino Unido, donde se ha dedicado un ala de la prisión sólo para delincuentes trans que incluye visitas de grupos de apoyo locales y apoyo de un médico especialista. Cuando el gobernador se fue, el que le sustituyó se deshizo de ella y se mezcló a todos los presos de nuevo.

"La mayoría de las vidas de las personas trans mejoró después de su atención personalizada", dice Bishop. Ella es una firme creyente de que el interés económico de los gobiernos para poner a los delincuentes trans en la prisión y apoyarles a través de atención personalizada. "Si tratas mejor a los prisioneros trans, serán menos propensos a reincidir. ¿Y no es ese el objetivo de estar en prisión?"

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