Ecocidio en la Amazonía: los talamontes aprovechan la salida de las FARC

La guerrilla abandonó la zona debido al desarme, y ahora los taladores ilegales de madera han devastado miles de hectáreas de la región para desarrollar la ganadería, la minería y cultivar coca. El gobierno fue alertado de la situación hace tres años.

|
27 febrero 2017, 2:30pm

Imagen vía ¡Pacifista!

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

Este artículo fue publicado originalmente en ¡Pacifista!, la plataforma de contenidos para la generación de paz de VICE Colombia.

Hombres armados con machetes y motosierras han ido llegando a Caquetá, Colombia, en los últimos meses para apoderarse de varias extensiones de tierra baldía. Y la primera víctima de esta incursión ha sido el bosque amazónico. El área afectada, según fuentes consultadas por ¡Pacifista!, podría alcanzar las 40.000 hectáreas.

Testimonios de líderes sociales de la zona, denuncias de ambientalistas y un informe de la Décima Segunda Brigada del Ejército al que ¡Pacifista! tuvo acceso dan cuenta de la grave situación de varios municipios de la región, justamente una de las que tendrá prioridad para implementar los acuerdos de paz.

Los forasteros comenzaron a llegar al lugar en noviembre de 2016 y de inmediato comenzaron a talar en las zonas aledañas a los municipios Ciudad Yarí, Novia Celestial y Cartagena del Chairá. Dos líderes de la comunidad le dijeron a este portal que "los deforestadores" se han tomado dos baldíos: uno de 2.800 hectáreas entre las veredas Ciudad Yarí, Tailandia y La Esmeralda, y otro de 3.000 en las veredas Piscinas, Jericó, Bordo de Sabana de Yarí y parte del Pavo. Ahora estarían detrás de un tercer territorio de 6.000 hectáreas al sur de Ciudad Yarí.

La Selva Lacandona: el paraíso mexicano que agoniza entre tala ilegal y tráfico de especies. Leer más aquí.

El informe del Ejército concuerda con las denuncias de la comunidad. Unos mapas de la Décima Segunda Brigada resaltan las zonas de mayor deforestación justamente en los sitios que mencionan los habitantes. El documento titulado 'Burbuja contra la deforestación y prevención del medio ambiente' señala "el reconocimiento aéreo de un 87 por ciento de la región con alto grado de deforestación".

La avanzada y la tala masiva han coincidido con la salida de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de esa región. El asunto probablemente no es una simple coincidencia, puesto que ya en 2014 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) había advertido sobre el riesgo de que actores ilegales coparan los territorios que la guerrilla abandonara.

De acuerdo con los líderes sociales, la guerrilla controlaba la tala con base en cuotas establecidas. Al parecer, el método empleado en estos días es entrar al terreno, fijar por nombre espacios de 200 hectáreas y comenzar a talar. "Se dice 'por nombre' porque una sola persona puede decir: 'estas 200 hectáreas son para mi hijo, estas 200 son para mi primo, estas 200 son para mi sobrino, estas 200 para mi esposa, estas 200 para mi'. Así le van sumando hasta que llegan a un tope de 1.200 a 2.000 hectáreas", dice el líder.

Imagen vía ¡Pacifista!

Los habitantes coinciden en una explicación de la agresiva llegada de forasteros al territorio: el interés de traficar madera, convertir las montañas de Caquetá en potreros para la ganadería extensiva, cultivar coca o ejercer la minería ilegal. El pasado 19 de enero, justamente, el ejército encontró dos máquinas para dragar junto al río Apoporis en pleno Parque Nacional Chiribiquete, actualemente amenazado por la deforestación.

"Los actores ilegales son más efectivos, más rápidos y están aprovechando el vacío dejado por FARC y la ausencia histórica del Estado", dice la ambientalista Susana Muhamad. En pleno escenario de posconflicto, que incluye un fuerte componente de reforma agraria y de acceso de los campesinos a la tierra, esta situación pone en dificultades tanto la seguridad de los habitantes como el éxito de la implementación.

¡Pacifista! contactó a un asesor del ministerio del Posconflicto, quien prefirió no dar su nombre, pero admitió que desde hace un año hay preocupación y que la situación hoy es "prioritaria". "Hay una deforestación creciente. Tenemos cifras no corroboradas de 1.700 hectáreas en los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá. Somos conscientes de eso y hemos empezado una estrategia creando unidades especiales del ejército contra deforestación".

'Hay una deforestación creciente'.

Sin embargo, señaló que hablar de 40.000 hectáreas en proceso de deforestación es "una exageración absurda". Además, subrayó que "esas zonas son muy amplias, muy grandes y claramente las FARC estaban allá porque ha habido ausencia del Estado".

Mario Barón, director territorial de CorpoAmazonía, autoridad regional que debe responder a la problemática, señaló que es un problema "complejo" y que ya trabajan en una "sinergia institucional". "Estamos trabajando de la mano con las comunidades, en labores de socialización y educación ambiental", dijo Barón, pero no especificó cuándo ni dónde arrancará la estrategia de lucha contra la deforestación en esta parte del país.

En septiembre de 2014, el PNUD publicó el informe Consideraciones ambientales para la construcción de una paz territorial estable, duradera y sostenible en Colombia. En el capítulo de recomendaciones señala que "se debe identificar alternativas de reducción de emisiones por deforestación y degradación y de pago por servicios ambientales, para ser ejecutadas en áreas prioritarias para la sustitución de cultivos de uso ilícito, o en áreas altamente relevantes para la conservación".

Imagen vía ¡Pacifista!

En 2015, otras organizaciones internacionales también alertaron sobre los desafíos medioambientales del posconflicto. Además de la disputa por el control de la economía ilegal una vez que las FARC se fueran del territorio, varias ONG señalaron que uno de los riesgos para la paz es la debilidad institucional local, que puede afectar la capacidad de implementación de la reforma rural integral y los programas de droga de los acuerdos de paz.

Según Greenpeace, también la formalización de la tenencia de la tierra se podría ver afectada por intereses particulares, por otras fuerzas que se disputan el control territorial y por áreas afectadas por la minería.

"Esto era una situación que el gobierno conocía hace tres años. El PNUD y otras organizaciones defensoras del medio ambiente habían alertado sobre estos riesgos, y sugerían la necesidad de preparación institucional y coordinación entre las autoridades regionales y los ministerios", sostiene Muhamad, quien también dice que los esfuerzos del gobierno estuvieron "en la negociación en La Habana y no en la coordinación institucional en Colombia".

Intentan imponer basurero tóxico en territorio sagrado indígena de México. Leer más aquí.

En medio de esta tragedia ambiental y social, varias organizaciones han comenzado a movilizarse para resistir a esta situación. La organización internacional Avaaz, que defiende el medio ambiente y los derechos humanos, ha lanzado a través de su página web la campaña Que la paz no acabe con la Amazonía para exigirle al presidente Santos cumplir su promesa de implementar de manera adecuada los acuerdos de paz.

"Miles de miembros de Avaaz se movilizaron el año pasado para que el acuerdo de paz fuera una realidad, y hoy se siguen movilizando para que el presidente cumpla con su parte del compromiso, incluyendo la protección de la selva. La Amazonía es el corazón de Colombia, proteger este tesoro es proteger la paz", dijo a ¡Pacifista! Ana Sofía Suárez, representante de esa organización en Latinoamérica. La petición ya cuenta con más de 8.000 firmas.

Sigue a VICE News en español en Twitter: @VICENewsES

Más VICE
Canales de VICE