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Gustavo Castro, mexicano testigo del asesinato de Berta Cáceres en Honduras, por fin es liberado

Durante su aparición ante la prensa, el activista defensor de derechos humanos reprochó a la Secretaría de Relaciones Exteriores la falta de apoyo frente a las autoridades hondureñas, que lo retuvieron durante un mes de manera ilegal.
Imagen vía Otros Mundos Chiapas AC.
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Gustavo Castro activista defensor de derechos humanos y ambientales llegó a México el pasado 1 de abril después de un mes de permanecer en Honduras en calidad de testigo del asesinato de Berta Cáceres, líder indígena de aquel país.

El activista se encontraba en el domicilio de Berta Cáceres, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH), cuando fueron atacados por varios sujetos armados el 2 de marzo de 2016. A consecuencia de estos hechos, ella murió y Gustavo resultó herido. No obstante, las autoridades hondureñas impidieron la salida del mexicano del país durante un mes, para que declarara sobre lo sucedido.

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En conferencia de prensa este lunes, Castro miembro de la organización Otros Mundos Chiapas AC acusó al gobierno de Honduras por negarse a permitirle el inmediato retorno a México después de lo sucedido, además señaló que no tenia ninguna garantía de seguridad en aquel país, por ello tuvo que refugiarse en la embajada mexicana durante cuatro semanas.

"El gobierno hondureño, de manera ilegal e inconstitucional, me prohibió salir del país sin explicarme por qué. Era ridícula mi detención, yo podría haber colaborado con la justicia de aquel país desde México mediante el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, firmado por ambos países; pues estuve un mes encerrado con incertidumbre jurídica porque no me informaban nada, y con temor respecto a mi integridad pues los asesinos de Berta creyeron que estaba muerto (al momento del ataque), por eso sobreviví", señaló el activista.

Añadió que hasta el momento la familia de Cáceres se encuentra en total indefensión, y advierte que debido al clima de violencia y criminalización contra los movimientos indígenas y campesinos en ese país, puede haber más asesinatos de líderes sociales, como los que ocurrieron antes del crimen contra la activista, o incluso como el que en días posteriores a éste se cometió contra otro integrante de COPINH.

´El gobierno hondureño, de manera ilegal e inconstitucional, me prohibió salir del país sin explicarme por qué´.

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"Los hechos se dan en un contexto de constante confrontación entre comunidades indígenas campesinas y empresas transnacionales que intentan arrebatarles el territorio para llevar a cabo proyectos mineros o hidroeléctricos que afectan la vida, y los derechos humanos y el medio ambiente de las comunidades", mencionó.

La reconocida activista hondureña Berta Cáceres fue asesinada a tiros en su casa. Leer más aquí.

La organización Otros Mundos Chiapas AC señaló que durante el proceso, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México no hizo valer el tratado internacional para asistir a Gustavo a pesar de conocer las irregularidades jurídicas que le impedían salir de Honduras.

"Expresamos nuestra preocupación por la falta de respuesta y atención de la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, respecto al caso de Gustavo", aseguraron.

Por su parte la dependencia informó que la comunicación ente las autoridades mexicanas y hondureñas durante todo el proceso refleja el excelente estado de las relaciones que existen entre ambos países.

También, se congratuló "por la decisión adoptada por las autoridades hondureñas y les reconoce el apoyo brindado para garantizar la seguridad y la integridad del señor Castro durante su permanencia en el país. Asimismo reitera su disposición para apoyarlos en sus esfuerzos tendientes a lograr que los homicidas de la señora Berta Cáceres sean llevados ante la justicia lo antes posible".

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´Los asesinos de Berta creyeron que estaba muerto, por eso sobreviví´.

Por otro lado, las autoridades hondureñas intervinieron desde el pasado 13 de marzo a DESA, la empresa que desarrollaba el proyecto hidroeléctrico al que se oponía Berta Cáceres y el COPINH. Ahí encontraron armas y documentos; no obstante, aún no señalan si las investigaciones involucran a la compañía con el asesinato de la líder indígena.

La empresa desarrollaba el complejo Agua Zarca, en el noreste del país, pero el COPINH se opuso debido a que el proyecto desplazaría a cientos de familias indígenas del río Gualcarque, considerado sagrado para ellos.

Finalmente Gustavo Castro señaló que su retorno fue posible no debido al trabajo de las autoridades consulares mexicanas que no hicieron lo suficiente para asistirlo, sino a la solidaridad internacional y al trabajo de los abogados que lo apoyaron.

En ese sentido aún no sabe si demandará al gobierno de Honduras por la violación de sus derechos y espera que la investigación que realizan las autoridades sobre el caso satisfaga a la familia de Berta, al COPINH, y al pueblo hondureño; mientras, él seguirá colaborando desde México en calidad de testigo para esclarecer los hechos.

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