El agua embotellada se está cargando el medio ambiente

Pese a todo el horror que verteré sobre la marca en este presente artículo me veo en la obligación moral de confesar que siempre he sido y soy muy fan del agua Bezoya; un agua embotellada que solamente los paladares más exigentes y exquisitos saben apreciar en su esplendorosa medida. Con esto me refiero a que pertenezco a ese grupo de gente lamentable que es capaz de mandar un correo electrónico a la compañía pidiendo un poco de merchandising de la marca. Ahora tengo una pelota de playa y una tote bag con el logo de Bezoya y, de algún modo, esto me hace tristemente feliz.

Pero vayamos al grano. A finales de 2015 internet se precipitó en llamas por culpa de un supuesto fallo de suministración de botellas y garrafas de agua Bezoya en los supermercados. El gran maná español que une a raperos y amas de casa desapareció de la noche a la mañana. ¿Qué coño pasó?

Hola — Bezoya Agua (@Bezoya_Agua)diciembre 14, 2015

Podría muy bien ser que un estudio redactado por varios nutricionistas, pediatras, hidrólogos y urólogos publicado recientemente —un artículo que ponía en duda los beneficios casi mágicos que ciertas empresas atribuían al agua de escasa mineralización— tuviera algo que ver con la interrupción de la distribución del agua embotellada de la marca Bezoya. De hecho, en 2013, Calidad Pascual (propietaria de la marca Bezoya) fue denunciada por hacer publicidad comparativa denigratoria hacia sus competidores, ya que insinuaba que las marcas que no tuvieran un nivel de mineralización bajo podían ser perjudiciales por la salud. Por lo tanto, este era un tema sensible para la multinacional.

Detonado por la publicación de este artículo, la marca de agua embotellada no tardó en contestar y asegurar que los problemas de distribución se debían a que "el acuífero que llena el caudal del manantial ha sufrido la falta de precipitaciones desde abril, disminuyendo su nivel de agua", como anunciaron en su página de Twitter.

El acuífero que llena el caudal del manantial ha sufrido la falta de precipitaciones desde abril, disminuyendo su nivel de agua.

— Bezoya Agua (@Bezoya_Agua)enero 5, 2016

El manantial al que se refieren está situado en la localidad segoviana de Ortigosa del Monte y aquí es donde empezamos a entrar en la parte jodida de todo el asunto; donde el horror Bezoya se desata y todas esas criaturas dignas de provenir de un mundo desconocido y extraños como R'lyeh emanan hacia nuestra débil realidad. Los vecinos de esta localidad llevan años viendo como el grupo Calidad Pascual sustrae 750 millones de litros de agua al año de los manantiales naturales de la zona, destruyendo así el medio rural y secando los acuíferos de esta localidad.

En el año 1974 se otorgó la concesión del manantial de Ortigosa del Monte a la multinacional, permitiendo que esta pudiera comercializar su marca de agua mineral embotellada. Existen otros puntos de la geografía española donde esta compañía también tiene el derecho de explotación de sus manantiales, como en Corneja (Ávila), Alberche (Ávila), Cambrones (Segovia) y Milanillos (Segovia), comunidades que sufren problemas similares.

Como supuestamente ampara la Ley de Aguas actual, el abastecimiento de agua a las poblaciones debe estar garantizado en todo el territorio español, regulando el uso de todas las aguas exceptuando las minerales. Esto es lo curioso, pues el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre que regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano tiene en cuenta la Ley de Minas de 1973, indicando que "la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas permanece vigente y resulta de aplicación para las aguas minerales y termales, independientemente del uso al que se destinen". Esta Ley de Minas preconstitucional —intacta desde la época franquista— permite a las Comunidades Autónomas otorgar concesiones de explotación de los manantiales a empresas privadas por razones de "utilidad pública" y sin pagar ningún canon. La Ley de Aguas de 1985 regula todas las aguas excepto las minerales y ahí está el truco, ya que son los ingenieros de minas, bajo la supervisión de las Comunidades Autónomas, los que dicen si un agua tiene propiedades minerales o no.

En muchos casos la explotación de manantiales públicos por parte de empresas privadas excede la capacidad de regeneración de los manantiales, cosa que hace que exista la incongruencia de que haya poblaciones con problemas de abastecimiento pero que generan muchos metros cúbicos de agua embotellada al año. Con ello el ganado, la agricultura y el turismo (la economía de las comarcas) sufren considerablemente. La extracción del agua mineral de las montañas también perjudica el medio ambiente pues se construye una red de tuberías de varios kilómetros para acceder a los manantiales.

Supongo que es importante destacar que supuestamente el derecho sobre estas aguas pertenece a los municipios por los que discurren y las confederaciones hidrográficas de cada comunidad son los órganos encargados de gestionar estos recursos naturales, pese a que muchas veces se limitan a silenciar este tipo de situaciones y permitan, de alguna forma, este expolio de los manantiales.

En 2014 hubo un intento de modificar esta Ley de Minas de la que hemos hablado más arriba pero multinacionales como Danone (Font Vella y Lanjarón), Nestlé (Viladrau) o grupos como Damm (Veri), Pascual (Bezoya), Cobega (Aquabona) o Vichy se mostraron abiertamente contrariadas y tumbaron el proyecto. Esta nueva propuesta limitaba los años de explotación de los manantiales concedidos y proponía la implantación de un nuevo impuesto sobre el valor de la extracción de los recursos minerales y geológicos a modo de presión fiscal. Mucho antes, en febrero de 2007, el Gobierno en funciones trató de integrar las aguas minerales en la Ley de Aguas pero el PP y las multinacionales interesadas hicieron que el borrador no prosperara. Y es que a pesar de que solamente un 0,03% de las aguas comunes son destinadas a ser embotelladas, estas generan un volumen de negocio de 1.000 millones de euros según la Asociación Nacional de Empresas de Agua de Bebida Envasadas (ANEABE), algo ciertamente a tener en cuenta.

El agua es un bien común y un recurso natural que no debería estar sometido a ningún tipo de privatización. Es posible que un primer paso para terminar con estas situaciones totalmente incongruentes fuera terminar de una vez por todas con la Ley de Minas. Hasta entonces, casos como los de Ortigosa del Monte seguirán sucediéndose sin freno.