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Tras los barrotes: Guantánamo

El fiscal

Morris Davis fue el tercer fiscal en jefe de las comisiones militares de Guantánamo. Su trabajo estaba dirigido a condenar a los detenidos.
Simon Childs
London, GB

Ilustración del Camp X-Ray por Molly Crabapple

Hay dos voces importantes en el debate de Guantánamo. Para los liberales indignados, ávidos por confirmar su sesgo, el campo de detención no es una aberración sino algo que se esperaría de un gobierno usualmente injusto, como el de Estados Unidos. Mientras tanto, los conservadores que lo defienden tienden a argumentar que los detenidos son terroristas, y que por ello han renunciado a sus derechos a ser tratados justamente.

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Para Morris Davis, nunca debió haber sido de esta forma. Abogado condecorado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y originario de Shelby, Carolina del Norte, Davis fue el tercer fiscal en jefe de las comisiones militares de Guantánamo. Su trabajo era dirigir los procesos de juzgamiento a los detenidos. Cuando comenzó esta tarea, en septiembre de 2005, "quería que Estados Unidos fuera capaz de llevar a cabo este proceso de manera que nuestros nietos pudieran ver Guantánamo de la misma forma en la que vemos a Nuremberg. La gente de mi generación tiene una visión fantasiosa de Nuremberg, que puede que no sea completamente acertada, pero al menos es percibida como un logro increíble", me dijo Davis.

Como todos sabemos, Guantánamo no resultó igual.

En octubre de 2007, Davis renunció a su puesto y esgrimió como argumento el uso de evidencia había sido obtenida a través de torturas. "Yo no iba a seguir órdenes del tipo que dijo que el ahogamiento estaba bien", explicó. "Renuncio".

Le pregunté cuándo comenzó a dudar. "Durante los dos primeros años que estuve allí, creía que estábamos realmente comprometidos con hacer las cosas de forma legal. Fue solo hasta después que me di cuenta de que eso era muy improbable y decidí renunciar".

A pesar de estos argumentos, el exfiscal sostiene que Guantánamo era una prisión ejemplar. "Creo que hay muchos estadounidenses que están encarcelados que estarían felices de cambiar de lugar con los que están en Guantánamo. Las instalaciones, en términos de estructura, la comida, el cuidado médico, exceden por mucho las condiciones del 99% de las cárceles en los Estados Unidos", dijo. "Si mencionas Guantánamo, lo que la gente se imagina son las fotografías que vieron de Camp X-Ray (un campamento de reclusión temporal en la isla), los detenidos con uniformes naranjas de rodillas, y lo que parecen jaulas para perros. La instalación estuvo abierta desde enero hasta abril de 2002. Camp X-Ray lleva cerrada por más de doce años. Las instalaciones no se parecen en nada a Camp X-Ray".

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También sostiene que solo tres prisioneros de Guantánamo fueron torturados con ahogamiento alguna vez, y, crucialmente, esto fue realizado en los " black sites" (prisiones secretas) de la CIA y no en el campamento. "No es Guantánamo mismo el problema", dijo. "Es la estructura legal subyacente la que tiene que ser abordada".

El problema con esa estructura, de acuerdo a Davis, era que sus funcionarios tenían demasiada influencia. Dice que el gobierno de Bush buscaba emitir condenas y para conseguirlas sus áulicos no tenían problema en aceptar evidencia dudosa. Davis escribió una columna de opinión en el LA Times donde subrayó que "es absolutamente crítico para la legitimidad de las comisiones militares que sean llevadas a cabo en una atmósfera de honestidad e imparcialidad. Aún así los funcionarios políticos conocidos como 'la autoridad convocante', un título sin contraparte en las cortes civiles, no estaban cumpliendo con esa obligación. (una autoridad convocante es una figura central en el sistema judicial militar, y tiene la responsabilidad de organizar las cortes militares. Davis y otros expresaron la preocupación de que en Guantánamo este papel era susceptible a la manipulación política).

Para Davis, los problemas comenzaron con la partida del Mayor General John Altenburg, quien renunció en noviembre de 2006, cinco meses después de que la Suprema Corte decidiera que la detención era ilegal en el caso de Hamdan v. Rumsfeld. "Era un oficial con carrera militar que, desde mi punto de vista, estaba comprometido con mantener la reputación de la ley militar y los abogados militares", Me dijo Davis. En su opinión, el reemplazo del Mayor Altenburgs era inferior: "Susan Crawford, que nunca antes había vestido un uniforme en su vida, lo reemplazó. Era una funcionaria política, una protegida de Dick Cheney, el secretario de Defensa… creo que ahí fue cuando las cosas comenzaron a tomar otro rumbo".

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Los malos nombramientos continuaron. "en la primavera de 2007, el general Tom Hemmingway, que era un consejero legal del Fiscal General, también decidió retirarse", explicó Davis, "de nuevo, había sido un oficial con carrera militar que salió de su retiro para tomar el trabajo. Cuando se fue, fue reemplazado por otro oficial general en las reservas. [Thomas W. Hartmann]. En su vida normal, era un fiscal corporativo que a veces era militar oficial". También escribió sus objeciones a ser puesto "en una cadena de mando por debajo del consejero general del departamento de defensa William J. Haynes", también conocido como "Willie ahogamiento", que había autorizado el uso de técnicas de interrogación en Guantánamo que algunos considerarían tortura.

Davis sugirió que estos nuevos nombramientos, políticamente motivados, motivaron condenas basados en evidencia dudosa. "El fiscal corporativo vino y dijo, 'toda la evidencia e información que hayan descartado, deben desempolvarla y llevarla a la corte y conseguir que estos casos reciban una condena'".

Citó el ejemplo de David Hicks, un australiano que fue capturado en Afganistán en 2001. Después de languidecer en Guantánamo por cinco años y medio, fue condenado a siete años y medio en 2007, de los cuales le rebajaron nueve meses. Fue condenado justo antes de las elecciones australianas, lo que le dio a Davis la impresión de que había sido una concesión política al primer ministro, John Howard. El tratamiento del caso de Hicks había sido vergonzoso para Howard, los australianos se preguntaban por qué un compatriota había sido retenido en Guantánamo por tanto tiempo sin tener cargos imputados. El hecho de que le hayan dado 18 meses solo sirvió para avivar las acusaciones de haber sido una condena politizada.

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De acuerdo a Davos, su condena "era claramente una maniobra política a favor de Howard por su apoyo a los Estados Unidos. No tenía nada que ver con la justicia, solo con política". En ese momento Howard dijo, "nosotros no impusimos la condena, la sentencia fue impuesta por la comisión militar y el acuerdo con el fiscal fue resuelto entre la fiscalía militar y los abogados del señor Hicks, y sugerir que tuvo algo que ver con las elecciones australianas es absurdo".

"Habíamos identificado alrededor de 75 detenidos como los que potencialmente podrían ser procesados, pero "podría ser" no significa necesariamente "debería ser".

A pesar de los esfuerzos por expedir condenas, Davis dijo que la mayoría de las condenas politizadas no se habían podido conseguir: "Habíamos identificado alrededor de 75 detenidos como los que potencialmente podrían ser procesados, pero "podría ser" no significa necesariamente "debería ser". Significaba que habíamos revisado la información que el Grupo de Trabajo de Investigación Criminal había reunido sobre los detenidos individuales y determinó que hubo alguna evidencia creíble de que podría apoyar una potencial condena en aproximadamente 75 casos".

¿Qué hubiera pasado si hubieran sido acusados?

"La mayoría habría sido acusado de haber proporcionado 'apoyo material' al terrorismo. La Corte de Apelaciones de Washington sustuvo que en el caso Hamdan el 'apoyo material' no era una ley válida de delito de guerra que estuviera sometida a juicio ante una comisión militar. Así que, al final, habríamos condenado a la mayoría de los 75 con un crimen de guerra que no era realmente legítimo".

Esto ha dejado a los detenidos de Guantánamo en tres categorías: aquellos que deberían ser juzgados; los que deben ser liberados; y aquellos en detención indefinida gracias a la falta de evidencia necesaria para montar un juicio. Para Davis, la solución es "deshacerse de esa tercera categoría de la detención indefinida" y asegurarse de que todo el mundo está listo "para ser procesado" o "para ser transferido".

A pesar de la disminución de la población, Davis no cree que el cierre de Guantánamo resolvería el problema. "Durante las elecciones de 2008, había un eslógan, ya sabes: 'Cerrar Guantánamo'. Lo que, en mi opinión, no es la solución [El problema es] la base jurídica subyacente en la creación de Guantánamo, para empezar. Si no se ocupan de eso, entonces el cierre de Guantánamo solo consistirá en mover a los detenidos a otro lugar. Ya sabes, en un punto, a principios de la administración del presidente Obama, había un plan para trasladar a los detenidos a un centro penitenciario en Illinois. Y todo lo que estaríamos haciendo sería crear un nuevo Guantánamo".

Que las comisiones de Guantánamo fueran a ser cada vez más justas y equitativas es un tema polémico. El Tribunal Supremo dictaminó que las comisiones se oponian a la Convención de Ginebra, lo que significa que tendrían que haber sido modificadas en 2006, antes de los nombramientos políticos que se hicieron según Davis. Sin embargo, es fácil olvidar que, durante un tiempo, estuvieron en manos de personas que, al menos, creían en la idea de la imparcialidad y la objetividad, y estaban trabajando por esos objetivos, incluso si hoy la bahía de Guantánamo sea vista como un emblema de algo completamente diferente.

@simonchilds13