Si quiere acabar con la corrupción, acabe con la trampa

Una vez más, líderes de opinión, académicos y políticos han salido al ruedo con propuestas para resolver este flagelo. En general, las propuestas describen algún procedimiento formal (una nueva regla de juego o una nueva ley) que acabaría con el problema de una vez por todas. Pero, yo me pregunto, ¿en realidad alguien cree que con la implementación de una nueva ley se va a frenar un fenómeno tan enquistado en la sociedad colombiana?

Lo que llamamos corrupción se ha convertido en un tema de la agenda nacional una y otra vez desde décadas atrás porque tiene que ver con nuestra cultura y esto no se resuelve sencillamente poniendo en marcha una nueva legislación. El Presidente de la República ha sugerido, por ejemplo, que la financiación estatal de las campañas políticas podría ser buena parte de la solución. Esta propuesta ha sonado atractiva para muchos y sigue rodando por ahí como una opción maravillosa que zanjará el debate eterno sobre unos pocos aprovechándose de los recursos públicos para beneficiarse. Lo que está detrás de esta propuesta es la creencia de que eliminando la participación de privados en las campañas políticas se frena el incentivo para que éstos pidan coimas a quienes ayudaron elegir.

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¿En serio? ¿Esto de dónde sale? ¿En qué sociedad funcionó? ¿Realmente la intención de utilizar los recursos públicos en beneficio de particulares se frena con esto? Esto supone que este tipo de trampa nace, principalmente, de la relación entre los intereses privados y la política. Permítanme cuestionar este supuesto.

Quiero mostrar algunos datos que alimentan el debate.

En las Encuestas de Cultura Ciudadana realizadas por Corpovisionarios en 56 ciudades de Colombia observamos que el 38% de la población considera que es justificable violar la ley si se trata de ayudar a la familia. Es doloroso observar que uno de cada tres colombianos reconozca, en frío, el deseo de violar la ley en beneficio de sus seres queridos. Afortunadamente, hemos visto una reducción de esta variable en la última década. Por otra parte, en un estudio realizado con seis de las universidades más prestigiosas del país, observamos asombrados que el 40% de los estudiantes manifestó que se justificaría copiar en un examen si es necesario mejorar su nota.

Con esto quiero subrayar que la validación social de la trampa es un tema muy generalizado en nuestra sociedad y dudo mucho que desaparezca con la implementación de una nueva ley o regla de juego para las elecciones. Hasta el proceso educativo está atravesado en Colombia por redes de trampa. Investigadores como Juan Camilo Cárdenas, Mauricio García y Andrea Ramírez han empezado a observar, por ejemplo, las redes de fraude académico. Por ejemplo, el negocio de la realización de trabajos es muy grande y desafortunadamente son muchos los estudiantes que contratan la elaboración de sus trabajos a terceros. La escritura de tesis de pregrado y posgrado también entran en el negocio.

Desde el punto de vista de la comunicación pública es muy aplaudido el señalamiento y la lapidación en público. Nos encanta que se señale a aquellos "malos" que debemos extirpar de la sociedad. Suponemos que somos un pueblo de gente maravillosa que es gobernada por la peor gente del mundo. Raro, ¿no? Señalar a los políticos como el mal encarnado es un gesto heróico, pero poco realista frente a un problema que involucra a muchos más ciudadanos. Lo primero, es que los políticos colombianos son colombianos y por eso, seguramente esta verborrea anti-política se aumentará en la época preelectoral, pues en ese señalamiento hay réditos electorales. Y si hay algo que caracterice a un político tradicional en Colombia es el entusiasmo para rajar de los políticos tradicionales.

La ilusión de que existirá una figura jurídica que resuelva el problema es siempre vigente. Pero el efecto real de los nuevos marcos normativos en la modificación de prácticas es un fenómeno estudiado con poco rigor y la información de la que disponemos hoy es apenas especulativa. La evidencia apreciable frente a ciertos fenómenos cuestiona el efecto real de proponer más sanciones y marcos normativos. Un ejemplo lo constituye la implementación en Colombia de una de las sanciones más estrictas del mundo por montarse en un carro borracho. Desde la implementación de la dura sanción en el año 2.013 no se observa una reducción significativa en las muertes en accidentes de tránsito en el país.

Una ilusión similar ha generado todo el debate alrededor del código de policía. Se ha presentado como la forma final para reducir los problemas de conflictividad entre vecinos. Valdría la pena ver y observar la evolución de esto en detalle.

Hace falta mucha más ciencia social en los temas de transgresión de normas. Frente al tema que todos comentan y denominan "corrupción" realmente no se tienen cifras confiables de los flujos reales de dinero que se pierden en nuestra sociedad por tratos amañados, ineficiencia y negligencia en el gobierno de lo público. Se han lanzado datos que escandalizan y ayudan a tener tema para rajar del país, pero esto siempre obedece a interpretaciones parciales e incompletas del problema.

El tema que me ha entusiasmado durante los últimos cinco años de investigación ha sido la relación entre la representación que tenemos de los otros, normas sociales y transgresión. Partiendo del marco analítico propuesto por Antanas Mockus he observado la relación entre transgresión y representación del prójimo. El tema que vengo encontrando es que parte de lo que puede explicar el incumplimiento de normas es la valoración que tenemos del contexto de referencia: si estamos en una sociedad donde la gente se imagina que todos son tramposos la posibilidad de que se cometan trampas es más alta y viceversa. Hemos podido observar el efecto de las representaciones en el salón de clases, por ejemplo: el salón en donde hay más "mal pensamiento" (es decir, donde los estudiantes piensan que sus otros compañeros se copian) tiene más copia efectiva y en el salón donde hay menos "mal pensamiento" hay menos copia efectiva.

Existe un resultado sorprendente. En estudios comparados de diversas sociedades del mundo se observa que los latinoamericanos tendemos a considerarnos "personas correctas", al tiempo que suponemos que los demás miembros de nuestra sociedad son "tramposos"; "los demás son malos yo soy bueno"; "A mí me gusta la ley y las normas, pero aquí a los demás les gusta incumplir".

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Eso explicaría por qué razón una persona que incumple normas de tránsito en Colombia con facilidad, cuando viaja a EEUU es muy respetuosa de las normas. Es la misma educación, los mismos valores, la misma cabeza, ¡pero se imagina entre distintos! Lo que imaginamos de nuestro entorno y lo que le atribuimos a las personas que conviven en nuestra sociedad estructura un marco de acciones posibles que seguimos (consciente o inconscientemente). En últimas el problema es de desprecio y valoración peyorativa de la sociedad en la que vivimos.

Lo que llamamos corrupción no es un tema del orden administrativo. Lo que llamamos corrupción es una forma de vivir que se alimenta en el desprecio por la sociedad en la que vivimos. Como si la consigna nacional dijera: "me importa mi vida y la de mis cercanos, pero el resto de la sociedad no cuenta". Cuando hablamos de "nosotros" realmente estamos hablando de "algunos de nosotros" y se ha diezmado la capacidad para pensar en aquellos que no se parecen o no son cercanos.

Finalmente, si queremos resolver estos temas de los que tanto se habla, debemos re-pensarnos como sociedad y ver de qué manera empezamos a querernos. Pensar en una nueva narrativa de lo que es el colombiano que se aleje de las burdas representaciones de las "colombianadas". Este problema social no se resuelve con una "campaña" o una nueva ley; lo que se requiere aquí es más parecido al Renacimiento que a un mero acto administrativo.

* Director Ejecutivo de Corpovisionarios.

** Esta es una columna de opinión. Por tanto, no representa la postura de VICE Media Inc.