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nota roja

Víctimas de tortura por parte de la policía de Chicago quieren justicia

Desde 1971 más de cien personas fueron obligadas a confesar haber cometido crímenes de gravedad, en el cuartel de policía del Ala Sur de Chicago, como parte de una campaña de tortura permitida que se mantuvo por casi veinte años.

Desde 1971 más de cien personas, la mayoría hombres afroamericanos, fueron obligadas a confesar haber cometido crímenes de gravedad, en el cuartel de policía del Ala Sur de Chicago, lo que formó parte de una campaña de tortura permitida que se mantuvo por casi veinte años bajo la autoridad de Jon Burge, el jefe de policía de entonces.

"Torturarme era como un baile para ellos", dijo Darrell Cannon, una víctima de tortura que pasó dos décadas en la cárcel después de haber confesado en falsedad los cargos de asesinato que se le imputaban en 1983. Los agentes asfixiaban a Cannon, le hacían creer que iban a matarlo metiéndole una pistola en la boca, lo golpeaban con una manguera de plástico y le daban toques en los testículos con una picana. "Les gustaba hacerme eso", añadió.

La brutalidad de la policía en la época de Burge -y en los años de encubrimiento que le siguieron- alimentó una profunda desconfianza entre las minorías y el ejercicio de la ley en Chicago, al grado de que se ha mantenido así por décadas. Mientras que algunas víctimas han recibido millones en indemnizaciones; otros, como Cannon, no han recibido nada. Por su parte Burge, quien cumple una condena por perjurio y obstrucción de la justicia, sigue recibiendo una pensión anual de 54 mil dólares.

Ahora, después de más de tres décadas, los defensores de esta causa han logrado obtener una ordenanza del Consejo de la Ciudad de Chicago que habría de proporcionar veinte millones de dólares para reparar, compensar, cuidar y conmemorar a los sobrevivientes de las torturas.

Esta ordenanza haría las veces de una disculpa formal para los sobrevivientes y les otorgaría una suma económica a las víctimas y a sus familiares. Esta medida fue apoyada por un grupo de defensores de las víctimas y miembros de organizaciones protectoras de derechos humanos (incluyendo Amnistía Internacional).

A pesar de la notoriedad que el caso ha tomado, la ordenanza permanece detenida en el Comité de Finanzas del Consejo y requiere de una audiencia para llevarse a cabo. Edward Burke, concejal de Chicago y presidente del Comité de Finanzas, no respondió a las peticiones de que hiciera algún comentario acerca de sus planes al respecto.