De cómo el TTIP puede vulnerar la soberanía de los estados europeos

Dos años de negociaciones, dos potencias económicas mundiales, intereses entre multinacionales y lobbies financieros. Es el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión o TTIP (acrónimo en inglés), que ha provocado protestas de movimientos sociales a ambos lados del Atlántico.

El TTIP es un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos que pretende equiparar las normativas a ambos lados del océano y eliminar las barreras arancelarias para crear un gran mercado que pueda hacer frente a la fuerte amenaza de las economías emergentes como China.

Los defensores del tratado dicen que generará un crecimiento económico y miles de puestos de trabajo. Pero por el contrario, los detractores consideran que comportará una reducción y degradación de las normas sociales, laborales y medio ambientales a favor de los intereses de las grandes corporaciones.

Cecilia Malmström, la comisaria europea de Comercio viajó a Berlín el pasado febrero para pronunciar un discurso sobre el TTIP: "Libertad y responsabilidad", donde aseguraba que con este tratado se "creará una cooperación de regulación entre EEUU y la UE que permitirá tener seguridad en los automóviles, en la ingeniería y en la medicina. Al hacerlo, nos permite crear oportunidades y al mismo tiempo mantener nuestros altos estándares".

Para Ángel Saz, profesor del departamento de Dirección general y Estrategia de ESADE, comenta que el TTIP "creará un espacio occidental común económicamente muy potente, que provocará la mejora de la calidad económica entre ambos lados del Atlántico".

Este tratado "supondría una rebaja aún mayor de derechos sociales además de crear más privatizaciones para la ciudadanía europea. Su objetivo es eliminar las barreras arancelarias para crear un gran mercado que beneficie sólo a las grandes empresas", destaca a VICE News Sol Sánchez, coordinadora de ATTAC España.

Ya se han llevado a cabo nueve rondas de negociaciones entre la Comisión Europea y el gobierno de los Estados Unidos, pero los críticos aún siguen afirmando la poca transparencia que se le está dando al TTIP.

Asimismo, la semana pasada el Parlamento Europeo aprobó una de las cláusulas que más controversia suscita en este tratado la ISDS (la solución de controversias entre inversores y Estados), un mecanismo unidireccional de arbitraje presente en muchos otros tratados bilaterales de libre comercio, que permite sólo a los inversores extranjeros denunciar a un estado ante un tribunal de arbitraje privado cuando sientan que algunos de sus derechos están siendo vulnerados. Significa que las empresas extranjeras podrán presentar una queja y pedir una indemnización por daños y prejuicios cuando lo crean necesario.

La Comisión de Comercio Internacional aprobó el pasado jueves con 28 votos a favor (eurodiputados socialistas, conservadores y liberales), y 13 en contra (los Verdes e Izquierda Unitaria) la polémica cláusula, aunque piden su reforma para garantizar un trato igualitario entre inversores y Estados.

Esta resolución debe ser respaldada por el pleno del Parlamento previsto para el 10 de junio en Estrasburgo.

Con el texto adoptado, la mayoría de eurodiputados expresa su apoyo al TTIP. Falta ver si el Parlamento Europeo acordará una postura común en el próximo pleno.

Algunos eurodiputados siguen oponiéndose rotundamente al arbitraje privado, ya que lo consideran una amenaza para la democracia: "es una justicia privada paralela gestionada por abogados empresariales. Pueden fallar a favor de las empresas y en contra del Tribunal de Justicia de la UE", dijo Yannick Jadot, eurodiputado del grupo de los Verdes, después de la votación.

Para el profesor Saz, el ISDS "es un organismo que se crea para incentivar la inversión entre empresas americanas y europeas".

Por el contrario la coordinadora de ATTAC comenta que el ISDS "es un golpe de estado del poder corporativo transnacional de alcance Atlántico", dado que "la mayor perjudicada es la ciudadanía europea, ya que ahora con esta cláusula los lobbies podrán redactar las leyes y los políticos sólo las firmarán. Esto ya es un paso más allá", añade Sol Sánchez a VICE News.

A pesar de que la comisaria de Comercio Cecilia Malmström es una defensora del TTIP, en su blog muestra sus reparos en cuanto a la polémica del ISDS y afirma que "el sistema tradicional del ISDS no es apto para el propósito que deseamos en el siglo XXI, quiero el imperio de la ley, no las reglas de los abogados". Añade que quiere "garantizar un trato justo para los inversores de la UE en el extranjero, pero no a expensas del derecho de los gobiernos a regular". También redactó un documento que aporta soluciones a estas preocupaciones, donde añade que se creará un tribunal de arbitraje con un código de conducta claro para los árbitros independientes.

El ISDS cuenta ya con algunos precedentes jurídicos en otros tratados de libre comercio que están siendo utilizados contra las decisiones de los gobiernos democráticos tal y como apunta John Hilary, director ejecutivo de la publicación War on Want.

Hilary pone como ejemplo el caso de Philip Morris, el gigante del tabaco que demandó con miles de millones de dólares a los estados de Australia y Uruguay gracias al tratado bilateral que tienen con Hong Kong firmado en 1993. Morris vio claramente las consecuencias fatales de la nueva ley de salud pública que restringía la publicidad en las cajetillas de tabaco y enseguida pidió una indemnización a los estados gracias a una cláusula como la ISDS.

Otro caso que señala John Hilary es el de la compañía sueca Vattenfall, que demandó al gobierno alemán por acordar una moratoria nuclear a raíz del desastre de Fukushima. Solicita una indemnización de 3,7 billones de euros.

La aprobación definitiva de la cláusula ISDS también supondría no respetar la opinión de los ciudadanos, ya que en 2014 la Comisión Europea puso en macha una consulta pública como respuesta al creciente debate público y aumento de las preocupaciones sobre el ISDS dentro del TTIP. La comisión recibió casi 150.000 contribuciones — la mayoría fueron desde el Reino Unido (34,81 por ciento), seguido de Austria (22,59 por ciento) y Alemania (21,76 por ciento). La respuesta fue clara, el 97 por ciento de los que participaron en la consulta rechazó la ISDS.

El TTIP, una vez redactado por los negociadores de la UE y EEUU, necesita el respaldo definitivo del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE para entrar en vigor.