La noche más larga

​La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, decenas de estudiantes de la escuela rural normal de Ayotzinapa tomaron prestados unos autobuses de la línea Estrella Dorada en la capital del estado de Guerrero para ir a botear (ir a pedir dinero) al pueblito cercano de Iguala. Trataban de juntar suficiente dinero para viajar y participar en las manifestaciones conmemorativas de la masacre de 1968, en la Ciudad de México.

Pero lo que no sabían, era que ese mismo día, los policías municipales habían recibido instrucciones por parte de la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda, de no dejar a nadie acercarse al lugar en el que ella rendía su informe de gestión al mando del Instituto de Atención Familiar Local, conocido como DIF en México.

Así que fieles a sus instrucciones, recibieron a balazos los autobuses de los estudiantes cuando estos se acercaron demasiado al pueblo y posteriormente los persiguieron hasta alcanzarlos y someterlos a punta de pistola mientras trataban de huir.

En la refriega fueron también afectados el autobús de los Avispones Verdes de la ciudad de Chilpancingo que habían venido a jugar un partido de fútbol a Iguala y dos particulares que circulaban en un taxi a esas horas en la entrada del pueblo.​

Gracias a unos videos que aparecieron en las redes sociales unas semanas después del incidente, se supo que en el mismo lugar en el que interceptaron los autobuses, los policías dispararon a quemarropa a dos de los estudiantes que gritaban que no iban armados.

-"¡Hey oficial, no tenemos armas, necesitamos una ambulancia para un compañero!, ¡Se está muriendo! ¡Traigan aquí la ambulancia!", se alcanza a escuchar.

Las investigaciones forenses también revelaron que el cadáver que amaneció desollado, con la piel de la cara y los ojos arrancada era el de Julio César, uno de los chicos que corrió atemorizado a esconderse en los matorrales más cercanos cuando les comenzaron a disparar. Lo castigaron por haber tratado de huir.

De las declaraciones posteriores de los policías capturados de Iguala y Cocula, se desprende que 43 de los estudiantes presentes ese día fueron montados en las patrullas de la policía municipal y llevados a la comisaría del pueblo donde permanecerían un tiempo, antes de ser entregados a miembros del micro grupo criminal conocido como los Guerreros Unidos en la región, en una subrogación de la violencia inaudita a estos niveles.

A partir de allí se oscurece la historia de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecidos desde hace casi dos meses, la cual le ha dado la vuelta al mundo. Se vuelve opaco el cuento de un Estado incapaz de descifrar el paradero de 43 futuros profesores arrestados por sus propios agentes confesos; mientras decenas de familiares comenzaron a armar sus propios rompecabezas con base en declaraciones policíacas, investigaciones periodísticas y rumores locales sobre la presencia de decenas de fosas clandestinas en la zona, remanentes de una realidad que nadie había querido destapar hasta el momento.​

​

​*************
​Alejandro Vélez Salas no es psicólogo de formación, pero es uno de los encargados de apoyar emocionalmente a los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Se ganó ese derecho a pulso después de haber aprendido a callar y acompañar el dolor de numerosos grupos de afectados por la violencia en México, además de ganarse el respeto de unos pobladores que nunca quisieron aceptar la ayuda de un Estado que consideran responsable de sus males.

En una región que ha sido epicentro de represión a los movimientos sociales desde los años 60, habría que analizar las violencias estructurales e históricas que han golpeado la zona durante diversas épocas para entender un poco lo que sucedió en Ayotzinapa, explica en un primer instante. Sería bueno considerar el hervidero que se está volviendo una región en la que convivieron históricamente movimientos sociales, policías comunitarias, grupos guerrilleros, cacicazgos locales y asociaciones de narcotraficantes para tener un panorama futuro sobre un foco sensible del país que se acaba de prender repentinamente.

Así que aprovechando su paso por el país, VICE Colombia decidió entrevistar al hombre encargado de apoyar a las familias de los desaparecidos para tratar de arrojar un poco de luz sobre las sombrías circunstancias de una intriga que tiene al Gobierno mexicano en jaque de manera particularmente inusual para un estado acostumbrado a las tragedias.

Lo siguiente es la relación de su relato sobre lo que sucedió en Guerrero después de que desaparecieran los normalistas, desde su llegada al pueblo de Iguala.

"Cuando emprendimos el viaje a Guerrero, nuestro autobús fue repentinamente detenido por estudiantes normalistas que nos anunciaron que el bus había sido requerido, y que ya no se dirigiría hacia la capital del estado sino hacia la normal rural en la que se congregaban la mayoría de los familiares de los 43 desaparecidos, así que decidimos aprovechar la ocasión para llegar directamente a nuestro destino.

En el momento en que comenzamos a desempacar, nos enteramos de que el alcalde de Iguala y principal sospechoso, José Luis Abarca, había asegurado unos días antes no estar enterado de nada "porque se encontraba en un baile en el momento de los hechos" y que las autoridades tardaron casi cuatro días en emitir un pronunciamiento oficial sobre las desapariciones de los estudiantes.

Aunque para ese momento, claro, ya eran prófugos el alcalde y su esposa. Se escaparon cuando las investigaciones comenzaron a girar en torno a sus nexos con el cartel narco de los Beltrán Leyva y el grupo criminal Guerreros Unidos. Pero el simple hecho de que las autoridades federales tardaran siete días en emitir declaraciones en torno al asunto nos demostró que en un principio se apostó por una solución local del caso que no sobrepasara los límites políticos del estado de Guerrero.

Sin embargo, en cuanto comenzaron a salir a la luz las primeras filtraciones de investigaciones con base en las declaraciones de los policías presos de Iguala y Cocula, aparecieron unas primeras fosas clandestinas en la región que presuntamente contenían los cuerpos de los normalistas desaparecidos, según concluyó en un tweet Joaquín López Dóriga, el conductor estrella de la principal cadena mexicana de televisión privada. Hasta que la realidad lo contradijo.

Ante la falta de confianza en el Gobierno Estatal encargado de las investigaciones sobre desapariciones forzadas en un primer momento, un conjunto de organizaciones civiles logró traer expertos criminólogos argentinos que ya habían trabajado en casos de masacres en las regiones de Chihuahua y Tamaulipas anteriormente. Y su respuesta fue firme: era imposible confirmar la identidad de las víctimas enterradas hasta que concluyan los trabajos de peritaje en su debida forma.​

Por contactos en común, nos enteramos de que tuvieron que trasladar los cuerpos hallados hasta Guerrero, porque en Iguala no había refrigeradores ni las condiciones necesarias para realizar correctamente el trabajo forense, y que para ese momento, el Gobierno Federal ya se había sentido obligado a atraer el caso debido a la mediatización del tema, dejando fuera de todo a la procuraduría estatal, acusada de violar numerosas normas internacionales, como el protocolo de Minessota a la hora de extraer los cuerpos de las fosas.

A la par del levantamiento de más de 10.000 efectivos por parte del Gobierno Estatal, se comenzaron a formar brigadas civiles de padres de familia y estudiantes de la normal dedicados a buscar algún rastro de sus compañeros en la zona, con la ayuda de la policía comunitaria indígena, muy respetada en la región. Allí fue cuando comenzaron a aparecer nuevas fosas clandestinas en la región y que el hecho pasó a ser una verdadera reivindicación nacional con decenas de manifestaciones en ciudades sin relación aparente con el estado de Iguala. Pero la cosa no ha avanzado mucho desde ahí, en cambio solo han empeorado: han seguido apareciendo cuerpos y los rumores corren de un lado a otro del estado, dejando a las familias desamparadas ante la inutilidad de las autoridades a la hora de encontrar a sus hijos, y en espera de las conclusiones forenses de los expertos argentinos…

Poco antes de venir a Colombia, me enteré de que agentes federales le habían propuesto a algunos familiares cerca de 100 mil pesos por su silencio en aras de dividirlos, lo que es una suma nada despreciable en una de las regiones más pobres del país. Pero que la consigna había permanecido clara entre las madres de los estudiantes desaparecidos, incluso entre las que no hablaban español: sus hijos no se vendían ni se negociaban y se debían buscar como desaparecidos vivos, en lugar de emprender una búsqueda de muertos. (Recientemente, la captura del alcalde de Iguala, José Luis Abarca y de su esposa en un domicilio de la Ciudad de México representó un avance en la investigación, aunque todavía se sigue filtrando información al momento de la escritura de este texto: NDE)​

Ya se han exhumado cerca de 36 cadáveres enterrados entre seis y ocho fosas clandestinas sin que se pueda asegurar que sean de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, no sé si te das cuenta de lo que eso significa para el Gobierno mexicano en su conjunto…

Para empezar, eso plantea preguntas sin respuesta por parte del ejecutivo, como ¿Con qué se podrán comparar los ADN extraídos de los cuerpos si no existen bases de datos de desaparecidos en México?

O aun más relevante, ¿Será que por primera vez queda suficientemente evidente la relación directa entre agentes del Estado de diferentes niveles y grupos de narcotraficantes locales y nacionales?

Al parecer, a pesar de las numerosas masacres que se han convertido en escándalo en estos últimos años, es la primera vez en la que se puede comprobar tan claramente el nexo entre funcionarios del Estado y las bandas del crimen organizado. Donde si jalas un hilo cae el alcalde, si jalas otro cae un gobernador que había sido ya involucrado en diversas acusaciones graves sin que se le pudiera jamás comprobar responsabilidad, un hombre que posa con candidatos presidenciales y presidentes electos…. Y así hasta definir los contornos de un narcoestado…

Pero sobre todo, plantea la pregunta, ¿Cuántos José Luis Abarca gobernarán municipios mexicanos de esta forma sin que nadie se atreva a quejarse? ¿Cuántos cuerpos más se podrán encontrar en un país que cada día se asemeja más a una enorme fosa clandestina?

Tantas preguntas sin respuestas por el momento….

Posdata:

En una conferencia de prensa realizada el 07 de noviembre y marcada por fallas técnicas, el procurador general de la República mexicana, Jesús Murillo Karam, informó que de acuerdo con los testimonios de los recién capturados Patricio Reyes Landa alias 'El Pato', Jhonatan Osorio Gómez alias el 'Jona' y Agustín García Reyes alias 'El Cherejo', parecería que los estudiantes fueron trasladados hacia el basurero de Cocula en un camión de carga y en una camioneta más pequeña, donde habrían sido ejecutados y posteriormente incinerados antes de que sus restos sean fracturados y arrojados al río San Juan en bolsas de basura.

Sin embargo, algunas incoherencias en las declaraciones de los testigos tanto como en los detalles sobre la quema de los cuerpos puestos en evidencia por medios mexicanos y por familiares de las víctimas han arrojado un velo de sospecha sobre estas nuevas declaraciones, que la propia Procuraduría considera como parciales, en espera de los resultados forenses por venir.

Por otro lado, el procurador precisó que los restos encontrados en la fosa común de Pueblo Viejo, Guerrero corresponderían aparentemente a otro grupo de víctimas ejecutados en Agosto del mismo año, entre las que se encontrarían mujeres y cuando menos un padre e hijo provenientes del Estado de México, aprehendidos por la policía de Iguala unos meses antes de la tragedia de Ayotzinapa….