​¿Irá finalmente Alfon a la cárcel?

Este lunes tuvo lugar una concentración en apoyo a Alfon en el Ateneo de Madrid, a la que acudieron trabajadores de Coca-Cola y Movistar, No Somos Delito, Sindicato de estudiantes, Partido Comunista… Diferentes colectivos volcados con la causa de este joven que se enfrenta a una pena de cuatro años de cárcel. El proceso de dos años y medio que le ha llevado a los tribunales va a quedar resuelto en horas.

Allí tomó la palabra Iñaki Barrondo, como publican los compañeros de DisparaMag, para volver a hacer hincapié en que no existen pruebas que inculpen de verdad a Alfon, "porque es imposible saber de dónde viene todo lo analizado, qué técnico ha analizado las pruebas y el famoso artefacto explosivo que nadie ha visto".

Estos argumentos son sobre los que se basa la defensa en un caso que lleva abierto desde noviembre del año pasado, cuando se celebró el juicio, tras una primera suspensión por parte de las autoridades, en el que se acusaba a Alfonso Fernández Ortega de acudir a una manifestación (14N) portando explosivos. Todo según la versión de la Policía.

El juicio evidenció que las pruebas sobre este delito no estaban muy bien atadas y que el joven, según el fiscal, era un elemento peligroso por su pertenencia a distintos grupos antifascistas. Además, solía desplazarse con el grupo Bukaneros, hinchas del Rayo Vallecano.

Eso era todo, y una fe ciega en que la Policía no se equivoca a la hora de ordenar pruebas, recopilar datos y atar cabos. Mientras el fiscal insistía en que lo que se había dedicado Alfon a lo largo de los últimos años era a exaltar la violencia -según subrayaron ciertos medios de ideología política muy alineada que cubrieron el juicio-, de ahí la persecución policial a la que había estado sometido.

Mientras que la defensa intentó demostrar las irregularidades cometidas en la custodia de las pruebas: "Escandalosos casos en los que las pruebas desaparecen o reaparecen años más tarde sin explicar dónde han estado todo ese tiempo y quién las ha custodiado. O cómo se dice en un informe que están en una comisaría y en otro informe dos años más tarde aparecen en la Unidad Central de Explosivos sin figurar quién, cómo ni cuándo las ha trasladado", según contaba en su crónica del juicio el diario Público.

El caso es que la Audiencia Provincial de Madrid le condenó a cuatro años por llevar un artefacto explosivo en una mochila el 14 de noviembre de 2012. Día de huelga general. A la que hay que sumar otra sentencia previa que le condenaba a un año de prisión por un delito de resistencia y lesiones. Durante todo este tiempo, el acusado aseguró que "ni él ni sus acompañantes portaron ninguna bolsa" y dijo que fueron los propios policías los que le mostraron la mochila, una vez que había sido detenido.

Ahora, el Tribunal Supremo debe resolver el recurso presentado tras la petición de condena de 4 años de prisión por parte de la Audiencia Provincial. Y la escasez de pruebas y todos los asuntos poco claros que envuelven el tema pueden quedar sin resolver.