El gobierno de Estados Unidos soborna a delincuentes mexicanos para que hablen

El mes pasado asistí durante dos semanas ocho horas diarias a un juzgado en El Paso, Texas para escuchar el juicio contra Arturo Gallegos Castrellón, alias Farmero, Benny o 51, líder de la pandilla transfronteriza Barrio Azteca que fue declarado culpable de ordenar el asesinato de tres personas relacionadas con el consulado estadounidense en Ciudad Juárez, en 2010.

Decidí que no podía perderme ni un solo día de este juicio porque pocas veces un criminal promete ventilar toda la mierda que quedó sin resolver después de algunos de los incidentes que más daño hicieron a Ciudad Juárez: la detonación de un coche bomba, el homicidio de una pareja consular y los secuestros, extorsiones y asesinatos atribuidos a Barrio Azteca, una pandilla que trabaja para el cártel de Juárez. Así que durante quince días escuché a sicarios, policías, agentes federales estadounidenses, pandilleros y testigos protegidos que testificaron contra Castrellón. Aprendí que Barrio Azteca podría ser el próximo cártel binacional de las drogas y que en Estados Unidos los sicarios que hablan más de la cuenta reciben suculentos beneficios. También aprendí que el Tío Sam tiene unas orejas muy grandes y escucha todo lo que sucede en México.

En el juicio de Castrellón me enteré que las agencias federales estadounidenses estuvieron al tanto de miles de asesinatos cometidos en Ciudad Juárez e incluso de un segundo atentado con coche bomba que no detonó por un error técnico. Según las autoridades mexicanas, la DEA nunca les avisó de las actividades criminales a las que tuvieron acceso.

Si no fuera porque el hombre que durante dos semanas estuvo sentando en la silla del acusado mandó asesinar a tres estadounidenses, no nos hubiéramos enterado de nada. Para la ocasión, la fiscalía de Texas invitó a unos 20 testigos estrella: miembros del Barrio Azteca de Ciudad Juárez y El Paso, todos arrestados por narcotráfico, homicidio, venta de armas y/o narcomenudeo.

Uno por uno fue reconstruyendo lo que ha sido casi imposible de saber: el modus operandi, reglas sagradas, jerarquías y nombres de los criminales.

En el juzgado

El Juzgado Federal del Distrito Oeste en El Paso, Texas se encuentra en el centro de la ciudad. Es un edificio de diez pisos, con cámaras de seguridad en cada una de las ventanas. Por los alrededores merodean abogados trajeados, y de vez en cuando sale del edificio un hombre o una mujer llorando.

El juicio a Castrellón se celebró en una sala en el quinto piso. Los testigos que detenidos entraban por la puerta izquierda, una entrada rodeada por tres guardias trajeados y dos uniformados. Tras pasar el control diario para que los agentes de seguridad se aseguraran de que no llevábamos teléfonos móviles, cámaras y armas; y tras quitarnos las llaves, monedas y cinturones, subimos en ascensor hasta la corte 502, con la Juez Kathleen Cardone, una mujer rubia de unos 50 años.

Las fiscalía no puso en situación al jurado y al resto de los presentes: Barrio Azteca se fundó en las cárceles de Texas en 1986 y a partir de 2008 comenzó a funcionar como el brazo armado del Cártel de Juárez. Desde su fundación hasta ahora ha adquirido 3.500 miembros a ambos lados de la frontera.

Barrio Azteca se ha configurado consolidado como una organización paramilitar, según informa la Insight Crime, organización dedicada al análisis del crimen organizado en Latinoamérica. Tienen “capos mayores”, sargentos, capitanes, soldados rasos y prospectos, además de un juramento sagrado que tienen que memorizar y del que el primer punto es “Los negocios del Barrio Azteca están por encima de cualquier otro asunto”. La fiscalía de Estados Unidos mostró una copia de este juramento en el juzgado.

Los castigos recaen tanto en los miembros de la banda como en sus familiares. Los documentos sobre la acusación a Castrellón, por ejemplo, detallan que miembros del Barrio Azteca asesinaron a la hijastra de un miembro que creían que estaba cooperando con la policía, mientras que la esposa y padres de otro supuesto soplón también fueron secuestrados y asesinados.

En el peldaño más alto de su jerarquía se encuentran los “capos mayores”, generales encargados de tomar las decisiones desde “la mesa”, el centro de operaciones desde donde se toman todas y cada una de las decisiones de Barrio Azteca, instalada en la prisión federal de Coffield, Texas. Son unas seis o siete personas condenadas a cadena perpetua.

Después están los capitanes, encargados de las pequeñas divisiones de “plazas” con la tarea primordial de llevar la contabilidad. Los siguientes en la pirámide de Barrio Azteca son los tenientes, un peldaño a cargo de los sargentos. Estos a su vez tienen una red extensa de “indios” o soldados, quienes realizan el trabajo de calle como las extorsiones, los asesinatos y la venta de droga al por menor.

Durante el tercer día del juicio, la fiscalía finalmente nos ofreció un vistazo a la realidad sobre el crimen transfronterizo: a pesar de que El Paso ha sido calificada por el FBI como la segunda ciudad más segura de Estados Unidos, las extorsiones se producen al mismo que en Ciudad Juárez.

Para esto la Fiscalía llamó a Gualberto Márquez alias Bird, ex miembro del Barrio Azteca. Bird, un hombre gordo, blanco y con las mejillas rosadas, entró escoltado y atado de pies y manos. Los seguratas lo acompañaron hasta la silla que está a la izquierda de la Juez Cardone y frente a un monitor donde podía ver las imágenes expuestas por la Fiscalía y el abogado defensor.

Según su testimonio, Barrio Azteca obtiene miles de dólares mensuales del cobro de cuotas establecidas a negocios como restaurantes, tiendas de comestibles y licorerías del área metropolitana de El Paso, que incluye este condado y partes de Nuevo México.

El dinero recaudado lo mandan a los líderes en Juárez para comprar automóviles, armas, droga e incluso abogados. En 2009 parte de esta cuota fue destinada a reforzar las armas del Cártel de Juárez para ser usadas durante la guerra territorial que los enfrentaba con otra organización delictiva, la Federación o Cártel de Sinaloa.

“Yo vendí unas diez armas cortas y unas ocho armas largas, escopetas, a los líderes del Barrio Azteca en Juárez. Todo esto lo guardábamos en mi casa y de ahí unos hombres cargaron tres camionetas para cruzar a México”, testificó Márquez.

Tras una semana de lecciones sobre Barrio Azteca, todo parecía ir bien para la fiscalía y catastróficamente mal para Castrellón. Pero durante los dos días de descanso del juicio, empecé a preguntarme algo: ¿Por qué estos criminales estaban cantando tan alegremente?

Dinero a cambio de cooperar

Al siguiente lunes logré hablar con Randy Ortega, el abogado de Castrellón. Randy me llevó a una “sala para tomar café” en el último piso del edificio federal, un área restringida solo para abogados con juicio en proceso o agentes del gobierno.

Ahí descubrí algo. Los documentos “sellados”, es decir, secretos, que me mostró en una sala exclusiva para los abogados dentro de la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas en El Paso, me revelaron que la fiscalía no estaba tan limpia como parecía.

Unos documentos de acuerdos entre la DEA, el FBI, el Departamento de Justicia y casi todos los delincuentes que testificaron contra Castrellón (además de un par de testigos protegidos que están en libertad), fueron la prueba que necesitaba para saber por qué los pandilleros y sicarios testificaron felizmente la semana anterior.

El listado incluye a miembros del Barrio Azteca, copartícipes de los eventos donde estalló un coche bomba y el homicidio de la empleada consular Leslie Ann Enriquez, su esposo Arthur Redelfs y José Alberto Salcido, marido de otra trabajadora de la sede diplomática, en hechos ocurridos el 13 de marzo de 2013.

Jesús Ernesto Chávez, arrestado en julio de 2010,y quien confesó el homicidio de al menos 800 personas en Ciudad Juárez, incluyendo el multi-homicidio de 15 jóvenes en Villas de Salvárcar, obtuvo la residencia permanente estadounidense para él y tres de sus familiares a cambio de su declaración.

Además, su familia recibió 92 mil dólares en cinco pagos libres de impuestos por parte de una agencia federal estadounidense.

Chávez se encuentra actualmente detenido en El Paso, acusado de su participación en los atentados que terminaron con la vida de los Redelfs y Salcido. Además, a cambio de su testimonio, espera una reducción en su sentencia que será dictada en los próximos días.

Uno de los testigos más beneficiados fue alias E.Q., ingeniero en telecomunicaciones y responsable de instalar la red de radiocomunicaciones para Barrio Azteca y La Línea—operadores del Cártel de Juárez— en la vecina ciudad.

Según su testimonio y algunos documentos federales, E.Q., recibió más de 125 mil dólares libres de impuestos por parte de la Agencia Antidrogas (DEA) a cambio de delatar a los acusados en el caso, al tiempo que recibía más de 500 dólares mensuales por continuar trabajando con Barrio Azteca.

Consiguió, sin contar la suya, cuatro residencias permanentes estadounidenses para miembros de su familia. El especialista en telecomunicaciones ayudó a la DEA a conseguir conversaciones a tiempo real realizadas entre miembros del Cártel de Juárez y Barrio Azteca de 2010 a mediados de 2012, además de grabar en vídeo a los mismos.

Miguel Nevárez, alias Lentes, también resultó beneficiado por las autoridades federales. Nevárez fue durante 2010 el encargado del Valle de Juárez para Barrio Azteca y confesó haber asesinado al menos a 23 personas, una de ellas decapitada, además de su participación en el atentado en contra de las tres personas relacionadas  al consulado.

Lentesse encuentra detenido y a cambio de su testimonio recibió la residencia permanente para tres de sus familiares y espera una reducción significativa de su futura condena. Además, las autoridades de ambos países acordaron retirarle sus cargos delictivos en México.

Otro de los testigos fue Luis Hernández, cámara del Canal 5 en Ciudad Juárez, quien presenció y grabó el momento del estallido del coche bomba colocado por miembros de Barrio Azteca y donde murieron un policía federal, un municipal, un médico y un miembro del servicio de rescate. Hernández recibió del gobierno federal la residencia permanente para él y cuatro miembros de su familia, además de dos mil dólares libres de impuestos.

El segundo testigo en el juicio contra Castrellón, un hombre de 19 años de Ciudad Juárez cuya identidad quedó en el anonimato por seguridad, declaró que en el momento del homicidio de la pareja consular la camioneta de los Redelfs impactó contra su automóvil, y también recibió la ciudadanía estadounidense a cambio de su escueto testimonio.

El Bird

En una reducción de sentencia mayor y con pocos precedentes, se encuentra la de Gualberto Márquez alias Bird. Márquez tiene un historial criminal “extraordinario”, según palabras de la juez Cardone.

Birdha sido encarcelado en diez ocasiones desde 1992 hasta la fecha, la última en 2010 por posesión y distribución de cocaína. El acusado forma parte del grupo dentro del Barrio Azteca que presuntamente controlaba Castrellón.

Durante su participación, Márquez declaró que él era el encargado de recaudar el dinero de las extorsiones en El Paso y alrededores para comprar armas que serían enviadas a Ciudad Juárez para apoyar a la célula criminal. Por su testimonio, Bird recibió una reducción de diez cadenas perpetuas a 20 años. Y al parecer, las autoridades federales le han “prometido” una reducción adicional de diez años.

Manuel López, alias Manuelín, uno de los líderes del Barrio Azteca en El Paso y encargado de enviar diariamente entre cinco y diez onzas de heroína desde Ciudad Juárez a El Paso, además de dirigir todas las operaciones de la organización delictiva desde El Paso, testificó sobre las conversaciones que sostenía con Castrellón. Durante su comparecencia, López reveló que Castrellón llegó a decirle que si tenía problemas con alguien en El Paso “se lo enviara a Juárez para matarlo”.

López recibió inicialmente una reducción de su sentencia original de 25 años a 12, por aceptar testificar en el juicio a Castrellón. Actualmente espera otra rebaja de seis años.

Finalmente Fernando Carrillo, presunto familiar de Vicente Carrillo Fuentes, acusado de narcotráfico y quien formó parte del Barrio Azteca para luego colaborar con el Cártel de Juárez, recibió el beneficio de ser sentenciado bajo “tiempo cumplido” y se encuentra en libertad.

A pesar de que Carrillo posee una residencia permanente en Estados Unidos, no es ciudadano del país, por lo que un delito grave podría costarle la deportación inmediata a México y negarle la entrada a Estados Unidos de por vida. Sin embargo, los documentos expuestos mostraron que la fiscalía le aseguró su estancia en el país.

Durante esa segunda semana conocí las gigantescas orejas del Tío Sam y finalmente pude responder a la pregunta de “¿cómo chingados la DEA y el FBI siempre saben lo que está pasando en México?”

Con informantes como el testigo E.Q., agentes infiltrados y cámaras en su lado de la frontera que tienen alcance hasta el centro de Ciudad Juárez, las agencias estadounidenses se mantienen al tanto de todo, a tiempo real.

De esta manera la DEA, con el apoyo del FBI, arrestó a uno por uno de los 35 implicados en el homicidio de Arthur, Lesley y Jorge. Comenzaron por los miembros de los rangos más bajos hasta dar con Castrellón y poco después con El Diego, el líder máximo de La Línea, el puente entre el Cártel de Juárez y Barrio Azteca.

El juicio me permitió el acceso a lo que escucharon los agentes a partir del 15 de julio de 2010 hasta septiembre de 2012: diálogos entre traficantes, órdenes de asesinatos, secuestros, fabricación de bombas y el mismo arresto de Castrellón hasta su traslado a la cárcel que está detrás de este juzgado federal.

La fiscalía nos dejó escuchar la última conversación de Castrellón que la DEA grabó. Fue algo así:

—Ahí traen jodido al 51 los federales, lo están rodeando—, se escucha en el radio de comunicación la voz de un hombre no identificado. La grabación es de las 19:56 horas en punto del 26 de noviembre de 2010.

—Pos sí, güey, pero di dónde pa´mandarle gente en caliente, en calientito—, responde alias Marlboro, uno de los capitanes del Barrio Azteca en Ciudad Juárez.

—De volada, Caballo, vente de volada, ahí en el Puente del Zorro, güey—, dice Benny agitado, casi susurrando.

—Ahí le van de volada. ¿Todavía no entran?—, pregunta Marlboro.

—No, pero en caliente, güey—, insiste Benny.

A las 20:07 de la tarde los hombres de Castrellón habían llegado a los alrededores de su casa para rescatarlo. Dos hombres no identificados se comunican por los radios y uno de ellos ordena “un baile”, disparos al aire para distraer a la policía y lograr rescatar a Castrellón.

—Aquí lo tengo a cincuenta metros, pero ¿dónde me lo topo?—, pregunta uno de ellos.

—Se me hace que haga un baile grande, uno grande—, responde su interlocutor.

—A ver—, dice el primero y en seguida se escuchan detonaciones de arma de fuego.

—Sígale, sígale, hágalo grande—, insiste el segundo. Las detonaciones se intensifican antes de cortar comunicación.

A las 20:18 horas la voz del hombre que ordenó la distracción regresa a la comunicación: “Apaguen la comunicación, Benny ya no responde, nos van a estar escuchando”, dice.

Ese mismo día, por la noche, la Policía Federal presentó a Castrellón ante los medios de comunicación, antes de trasladarlo a las oficinas de la PGR en la Ciudad de México donde sería interrogado por agentes del FBI.

Culpable

El 14 de febrero fue el último día del juicio en contra de Castrellón. Los abogados dieron sus mejores discursos ante el jurado antes de salir a deliberar. Fue un día aburrido pero terminó a las dos de la tarde. La deliberación del jurado puede llevar desde unos minutos a varias semanas. Así que me fui a comer una hamburguesa y a ver la televisión para desintoxicarme de tanto crimen violento.

Apenas pasaron dos horas y me llamó un amigo: “El jurado está listo para dar su veredicto”, me dijo. Corrí al juzgado federal y al llegar escuché,  “Culpable”. Castrellón fue declarado culpable de los 11 cargos que se le imputan y podría enfrentarse hasta 11 cadenas perpetuas, una por cada cargo. Pero eso lo dirá la juez Kathleen Cardone el próximo 24 de abril.

Ese día los familiares de las víctimas del atentado tal vez encuentren la paz. Mientras tanto, la veintena de pandilleros que testificaron contra Castrellón ya recibieron su regalo por parte de la fiscalía. Nosotros nos hemos quedado con las estafas que solo se ventilan una vez cada cuando, y Castrellón pasará mucho tiempo encerrado… Hasta que le toque cantar. @LuisKuryaki