Guía básica para entender la Constitución de la CDMX

Tras la sesión más larga en la historia de los congresos mexicanos, la madrugada de este martes 31 de enero se aprobó la primera Constitución de la Ciudad de México. Los 71 artículos están listos para ser promulgados y publicados el próximo 5 de febrero, un año después que la capital mexicana cambiara oficialmente su nombre.

Entre los artículos aprobados por la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México —que se instaló el 15 de septiembre y concluyó el 31 de enero con el fin exclusivo de redactar la constitución— se contemplan el derecho al mínimo vital para la vida digna así como la muerte digna, los derechos de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y adoptar hijos, el derecho a la interrupción libre del embarazo y el uso terapéutico del cannabis. Sin embargo, la constitución también incluye nuevas figuras administrativas como los referéndums, la revocación de mandato, los gobiernos de coalición y el cambio de Delegaciones a Alcaldías.

"Esta era la única entidad federativa que no tenía su Constitución; no tenía bien delimitado el régimen de gobierno ni bien delimitada la relación del gobierno central con las alcaldías", me explica Enrique Provencio, a quien contactamos para entender las nuevas figuras de la Constitución, y específicamente cómo nos afectará a quienes vivimos en la ciudad. Enrique es licenciado en economía, investigador asociado del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, integrante del Instituto de Estudios para la Transición Democrática y participó como diputado del PRD en la Asamblea Constituyente.

Además de ayudarnos a entender qué significan los nuevos artículos, el diputado nos explicó qué significa que la Ciudad de México ya sea autónoma y qué impacto tendrá la Constitución en sus habitantes.

En pocas palabras, significa que a diferencia de antes, la Ciudad de México ya es una entidad federativa. Y aunque no es exactamente lo mismo que los demás estados, sí tiene algunas características que antes no:

"Desde que empezó a elegirse al jefe de gobierno comenzó una transición para que la ciudad tuviera derechos plenos", explica Provencio. "Cuando entre en vigor esta constitución, el 17 de septiembre de 2018, la ciudad va a tener los derechos equiparados a los de cualquier entidad de la república. Por ejemplo, ni el congreso de la ciudad ni la CDMX podían sancionar una reforma constitucional, y ahora ya se va a poder".

Provencio me dice que no va a haber efectos inmediatos, pero habrá una transición en la forma de gobierno y en los derechos de la gente. Cuando ya estén funcionando plenamente los artículos publicados, explica, sí se van a empezar a ver derechos, con el fin de facilitar la honestidad, el buen gobierno, la buena administración así como mecanismos de control de autoridades y policías.

"Habrá mecanismos más concretos para que nosotros como ciudadanos vayamos a exigir el cumplimiento de nuestros derechos: en la CDMX al procurador o fiscal se le va a nombrar de manera independiente, ya no va a ser un empleado del jefe de gobierno. Ya va a ser nombrado de manera autónoma", explica, y agrega que se incluyeron disposiciones específicas para que las personas participen más en las instituciones públicas, para que haya más controles a la corrupción y más transparencia, como los referendos, consultas y plebiscitos, la revocación de mandato, la eliminación del fuero entre otros.

La Constitución de la Ciudad de México será la primera en el país en incluir la revocación de mandato; es decir que si un gobierno no está funcionando y pierde todo apoyo público y político, la población podrá organizarse y pedir que se revoque ese gobierno, sin esperar hasta la siguiente elección. La revocación será aplicable a cualquier persona que se desempeñe en un cargo de elección popular, y cuenta con ciertos candados, me explica Provencio, como que tendrá que ser solicitada al menos por 10 por ciento de los electores.

Además, también se introducen las figuras de referéndum y plebiscito, que tienen como fin incentivar y crear mecanismos para aumentar la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones. Ambas figuras contemplan una consulta ciudadana a través de la cuál los ciudadanos votarán a favor o en contra de algunas medidas: el referéndum será aplicable únicamente cuando se busquen hacer reformas a la Constitución, mientras que el plebiscito se realizará cuando se trate de decisiones de obras públicas.

Se eliminó el fuero. En su lugar, me explica Enrique, quedó una figura de protección a la opinión de los legisladores, que era el sentido original del fuero. En otras palabras, los legisladores no podrán ser juzgados por sus ideas y expresiones como servidores públicos, pero sí por sus delitos y por sus actos fuera de funciones. "El fuero tenía un sentido, que era para proteger a los legisladores de las interferencias del gobierno. Ese fuero desaparece; los legisladores van a poder ser juzgados como cualquier persona por sus delitos y por sus actos. Solamente quedan protegidos por la expresión de su opinión como legisladores".

Las delegaciones se convertirán en demarcaciones territoriales que van a contar con una Alcaldía y también un consejo de la Alcaldía. En la actualidad, cada delegación es gobernada por un jefe delegacional, algo que Provencio considera un atraso terrible en el manejo de la ciudad: "No hay cabildos; aquí las delegaciones tienen un jefe de gobierno y se acabó". Estos consejos serán formados por ciudadanos electos, agrega, con el fin de aumentar la democracia, la participación y el control de los gobiernos.

Le pregunté a Enrique si esta medida no representa mayor gasto público y un aumento en los procesos burocráticos para la toma de decisiones: "Va a significar un costo, pues sí. Pero es el tipo de decisiones que van a mejorar la vida de la ciudad y la representación de la ciudadanía. Es una anomalía que  en la CDMX que no haya nada parecido a los cabildos que hay en todos municipios del país y en todo el mundo. Es un rezago. Es necesario que cada alcaldía tenga ese consejo, que va a depender del tamaño de la delegación, que debe ser entre 12 y 15. Significa una gran ventaja que en cada Alcaldía haya colegiales que representen a la ciudadanía y vigilen al alcalde. Le van a aprobar el presupuesto, aprobar decisiones. Se busca que se acabe la discrecionalidad y la arbitrariedad".

El gobierno de coalición representa todo un cambio en el régimen de gobierno, no nada más de la ciudad, sino del país. En los últimos años, explica Enrique Provencio, ningún partido ha tenido mayoría en el congreso de la ciudad, lo que de alguna forma debilita a los gobiernos. Esa fue básicamente la razón por la que decidieron implementar esta nueva figura, que pueda haber un gobierno de coalición entre dos o más partidos cuando esté claro que el partido que va a gobernar no tienen mayoría en el congreso:

"No es propiamente un gobierno parlamentario, pero sí es un gobierno que permitiría más estabilidad y más acuerdos entre los gobernantes y el congreso cuando el partido en el gobierno no tenga mayoría, y Cada miembro del congreso podrá seguir votando de la manera que el considere", explica. Esto implicaría que el gabinete de gobierno se tendría que decidir por acuerdo, además de que se les podrían interponer nociones de censura cuando no estén funcionando.

El sistema de pensiones fue otra de las grandes discusiones de la Asamblea Constituyente. La idea era tener un sistema de seguridad social para las personas que trabajan por su cuenta, ya que una gran cantidad de la población trabaja por su cuenta, no están en una instancia gubernamental, o en alguna empresa que tenga seguro social.

"Si existiera un fondo de pensiones de cuenta propia, o para trabajadores autónomos, pues ahí podría ir haciendo su fondo de pensiones. Porque no puedes entrar a un Afore si no tienes IMMS. Si no tienes seguro de tu empresa, pues no obtienes fondo de pensiones", me explica Provencio. "Es muy difícil porque no tienen seguridad social, pero finalmente no se aprobó".

Una de las grandes discusiones en torno al agua fue la manera en que debería funcionar el sistema de aguas de la Ciudad de México. Actualmente es una dependencia y está muy amarrada, me explica Enrique. No puede tomar decisiones con agilidad, no puede contratar deuda y tarda mucho en que le aprueben las compras. Y aunque hubo discusiones sobre si las empresas privadas podrían participar en la gestión del agua, se consideró el agua como un bien público y que no fuera privatizada. Finalmente se decidió que fuera un organismo público descentralizado, algo que, según Provencio, dará más agilidad y libertad a la dependencia.

La Constitución también propone que el desarrollo inmobiliario de la ciudad sea más equitativo y contribuya mejor al beneficio de la ciudad. Para lograrlo, se introdujo un principio para que cuando los desarrollos inmobiliarios tengan impactos sociales, urbanos, etcétera, deban mitigar esos impactos pagando compensaciones económicas para financiar obras públicas. Se trata de hacerlo una medida obligatoria, de quitarle la discrecionalidad a esas figuras de contribuciones que actualmente existen.

Hay avance en derechos concretos. Se estableció el principio de la dignidad de la vida y el derecho a tener un mínimo vital para la vida digna. Esto es diferente al derecho a la vida, me explica Enrique, porque este último lo que pretendía era establecer el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte.

"No quedó el derecho a la vida que planteaban algunos partidos", explica Provencio, "porque la mayoría consideramos que dejar el derecho a la vida así en abstracto, pues es la puerta de entrada para que las leyes que penalizan el aborto y el derecho de las mujeres a la interrupción libre del embarazo", que seguirán siendo legales en la ciudad. Lo que sí quedó, sin embargo, es el principio de la dignidad de la vida y el derecho a tener un mínimo vital.

"Esta fue una de las discusiones más intensas porque en la iniciativa de Constitución venía la figura del ingreso básico universal, que es la tendencia en el mundo", me comenta el diputado. "Es decir que haya una garantía de que todas las personas tengamos los recursos elementales para la vida digna. No se logró. Hubo una muy firme oposición".

Lo que terminó quedando fue un concepto que se llama derecho al mínimo vital para la vida digna. El mínimo vital, de acuerdo con la Suprema Corte, consiste en el conjunto de elementos necesarios para satisfacer las necesidades fundamentales de las personas: alimentación, salud, educación, etcétera. Según Enrique, se trata de una figura que permitirá reorganizar la política social de la ciudad y tener mejores mecanismos para elevar el nivel de vida de todos.

Aunque la Constitución considera la protección a la muerte digna; no incluye la palabra eutanasia. Quedó una figura que establece con claridad que uno tiene derecho a decidir que no te impongan tratamientos terapéuticos ingratos, que no te sometan al empecinamiento médico cuando ya no estás en condiciones de decidir. Esta nueva figura, en palabras de Enrique, "Va mucho más allá que la voluntad anticipada que ahora existe. Ahora uno puede firmar por anticipado que si entras en un coma irreversible te desconecten de aparatos y mueras dignamente. Pero esta figura va más allá: uno puede determinar activamente no ser sometido a ciertos tratamientos que te prolonguen innecesariamente la vida. No es eutanasia propiamente dicho, pero es algo muy cercano a ello".

En la Constitución se reafirman los derechos de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y adoptar hijos. También se introduce el uso terapéutico de la cannabis. De acuerdo con Enrique, "No se logró aprobar el uso lúdico o recreativo, pero sí el uso terapéutico". El uso de la mariguana medicinal será de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución Federal, por lo que si en el futuro se adecuan las leyes con respecto al uso lúdico de la mariguana, la constitución de la ciudad podría también modificarse.

Aunque no se reconocen los derechos de los animales como tal, la Constitución introdujo algunas disposiciones sobre la protección. Enrique me explica que ahora se reconoce a los animales como seres sintientes, algo que representaba un gran gran rezago en México, el no reconocer nuestros deberes éticos con los animales. También se reconoce la obligación que tenemos de dar un trato digno a los animales: "Tenemos el deber ético y la obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales, y se les reconoce como sujetos de consideración moral. Esto es un avance civilizatorio: la obligación de dar un trato digno a los animales. También queda explícito que las autoridades deben garantizar la protección y el trato digno y respetuoso a los animales".

Concluye Enrique Provencio: "La Constitución introdujo principios para que tengamos mejores políticas. Mejor planeación, mejor control de los gobernantes, mejor control de la corrupción, mejores principios para distribuir los presupuestos, pero todo eso necesita efectivamente buenos diseños y políticas inteligentes. Políticas que se apliquen bien y usen eficientemente los recursos. Y esa es la clave. El cumplimiento de la Constitución y el ejercicio de buenas políticas que cuenten con recursos suficientes".

Entonces lo que sigue es tener buenas políticas, adecuar el conjunto de leyes y reglamentos de la ciudad. Por ejemplo, una nueva ley de planeación, una nueva ley de educación, modificar la ley de salud, desarrollo urbano, entre otras. Todo eso tendrá que hacerse de aquí al 2020, periodo durante el cuál no se podrá reformar la Constitución.

"Ahora todo va a depender de la aplicación de la Constitución, porque por más bonita que esté, si no se aplica adecuadamente no va a tener repercusiones prácticas".