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Perfiles

Los feminicidios de indígenas en Canadá se están dejando pasar como si nada ocurriera

Además de las muertes y desapariciones, muchas mujeres indígenas han sufrido maltrato y abuso por parte de los cuerpos policiales.
25.6.14

Foto por Nicky Young.

En febrero, el cuerpo de Loretta Saunders, de 26 años, una mujer inuit embarazada de la provincia canadiense de Newfoundland, fue encontrado tirado al lado de la carretera en New Brunswick. Saunders, una estudiante de la Universidad de Saint Mary en Halifax, había estado escribiendo su tesis sobre mujeres indígenas extraviadas y asesinadas en Canadá. En un giro trágico de la historia, ella se convirtió en uno de los sujetos de su propia investigación.

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El gobierno canadiense no recolecta datos sobre personas desaparecidas, pero una base de datos recopilada por Maryanne Pearce, una investigadora independiente, documenta 4,035 casos de mujeres y niñas desaparecidas o asesinadas desde los años 50s; en 883 —casi el 25 el por ciento— de los crímenes las víctimas son mujeres indígenas. Es una estadística alarmante, dado que este grupo representa sólo tres por ciento de la población canadiense.

Las razones detrás de todas estas muertes y desapariciones siguen siendo turbias. De acuerdo con David Langtry, jefe de la Comisión de Derechos Humanos de Canadá, el problema de la violencia contra mujeres se puede atribuir, al menos en parte, a la relación histórica del país con los primeros pueblos. Décadas de abuso sistemático y racismo institucionalizado han hecho a la población indígena de Canadá, particularmente a las mujeres y niñas, más vulnerable a los crímenes de género, indigencia, adicciones y otros males sociales que al resto de la población.

Los números lo confirman: en 2006, 35 por ciento de las mujeres indígenas no habían terminado la preparatoria, comparado con 20 por ciento de las otras mujeres canadienses; en 2005, 30 por ciento de las mujeres indígenas se consideraban ser de bajos recursos, comparado con 16 de las mujeres no indígenas.

A pesar de la abrumadora evidencia, el gobierno canadiense ha sido lento en responder a la crisis, y hasta ahora se ha negado a hacer una investigación nacional.

De acuerdo a un estudio de Human Rights Watch publicado el año pasado, al menos parte del problema aparenta originarse en la atrofiada relación entre las mujeres y niñas indígenas y el sistema judicial canadiense. El reporte descubrió que muchas mujeres indígenas han sufrido maltrato y abuso por parte de los cuerpos policiales. El resultado, dijo la investigadora principal, Meghan Rhoad, es un ambiente de desconfianza e inseguridad que se eleva por una falta de procuración de justicia adecuada.

“Es justo decir que el gobierno tiene la responsabilidad de tomar cartas en el asunto”, dijo Shawn Brant, una activista de primeros pueblos. “Creo que si la verdad de lo que le está pasando a las mujeres de los pueblos originarios fuera expuesta, habría un levantamiento en los territorios indígenas. Creo que la gente de los pueblos originarios estaría devastada”.