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Este es el empresario mexicano de los 'Papeles de Panamá' que está desterrando a campesinos

Esta semana ha comenzado la demolición de algunas casas en Xochicuautla debido al proyecto carretero que lleva a cabo Hinojosa Cantú, contratista cercano al gobierno. Los hechos estarían violando leyes nacionales y tratados internacionales.
14.4.16
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Imagen vía Frente Juvenil Xochicuautla
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Armando García es el médico de una comunidad indígena otomí, que hasta hace cuatro días disfrutaba la vida con su familia en su casa, pero hoy vive a la intemperie. Su patrimonio fue destruido en cuestión de minutos por máquinas industriales, el pasado lunes 11 de abril, porque estorbaba en el trazo de la nueva autopista que se construye en su pueblo.

Ese día, cerca de las 9 de la mañana, aproximadamente 700 elementos policiacos ingresaron a la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla, ubicada en el Estado de México — a una hora de la capital del país —, para proteger la obra que realiza la empresa Autovan, la cual consiste en construir una vía que conecte a Naucalpan con Toluca, dos municipios claves para el comercio de la zona.

'Estamos ante un monstruo con muchos intereses que sobrepasa las leyes'.

Los policías ingresaron por las diferentes entradas de la comunidad y sitiaron a la población para permitir el ingreso de la maquinaria industrial; minutos después, las máquinas de construcción comenzaron a derribar la casa de Armando García que era defendida por decenas de pobladores; sin embargo, fueron desalojados.

La familia García vio cómo su propiedad se desmoronaba, sin poder hacer nada, debido al agresivo operativo policiaco. Incluso hubo denuncias de ancianas y niñas golpeadas por las fuerzas de seguridad de la entidad, que encabeza el gobernador Eruviel Ávila, al tratar de impedir la demolición del inmueble. Aquel lugar donde antes se daban consultas médicas a la población, quedó reducido a escombros.

La constructora Autovan es una empresa filial de Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, según detallan diversas investigaciones periodísticas. En 2014, Grupo Higa se vio envuelto en un escándalo de corrupción por edificar la casa de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, al mismo tiempo que el gobierno le entregaba contratos para realizar la construcción de un tren de alta velocidad. El caso causó gran revuelo nacional, por lo que diferentes grupos de la sociedad civil exigieron la renuncia del mandatario.

José Luis Fernández vocero de la comunidad y miembro del Consejo del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, explica a VICE News que lo que está pasando en Xochicuautla "es terrorismo de Estado", porque se ha golpeado a varios habitantes con tal de llevar a cabo un proyecto carretero que no ha sido aprobado por la mayoría de los pobladores.

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"Estamos ante un monstruo con muchos intereses que sobrepasa las leyes, sin que le importen los derechos humanos", señaló en referencia al Grupo Higa. "Nuestra lucha ha sido pacífica, y en los últimos días hemos recibido solidaridad por parte de varios colectivos estudiantiles y organizaciones sociales que nos apoyan", dice.

La defensa de sus ríos les cuesta la vida: 40 han sido asesinados y otros están en riesgo. Leer más aquí.

También afirma que la situación en la comunidad es una muestra de cómo el gobierno apoya a Hinojosa Cantú, en este caso, poniendo a su disposición a la policía para imponer el proyecto.

El pasado martes acudieron a Xochicuautla representantes de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para tomar nota de los hechos; sin embargo, el gobierno del Estado de México, mediante un comunicado, expresó que el desalojo se realizó de manera legal y respetando los procesos jurídicos.

El abogado Hugo Hernández, forma parte del equipo jurídico de la comunidad, y en entrevista para VICE News señala que la empresa constructora está violando la Constitución Mexicana al seguir operando en la zona, ya que ellos tienen los amparos jurídicos: 771/2015 con fecha del 11 de febrero de 2016, el 1123/2015 concedido en noviembre del año pasado, y el 1117/2015 también del año pasado, otorgados por jueces federales para que se detenga la obra.

Imagen vía Frente Juvenil Xochicuautla.

"Además de transgredir la Constitución, están violando tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano como el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, el Protocolo de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales, y las medidas cautelares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dictado para proteger a la comunidad de Xochicuautla", aclara Hernández.

— ¿Por qué teniendo todos estos mecanismos legales a su favor, la construcción continúa?

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— Jurídicamente no tienen elementos para hacerlo, pero políticamente sí. A ellos ya les urge terminar la obra. Incluso Salvador Cruz, el mando policiaco que vigila la construcción comentó que ésta ya se había detenido cinco años y ya tenían el mandato de terminarla.

El abogado explica que las autoridades gubernamentales registraban como "oficiales" las asambleas comunales, en las que participaban 300 comuneros para decidir sobre el caso, cuando en el pueblo existen más de 800, por lo cual, dichas asambleas no tendrían valor, ya que ni la mitad participaba.

Agrega que "la intención de la empresa y el gobierno es terminar de devastar la toda la zona para que los amparos que la comunidad ya ganó, no tengan efecto, pues éstos ya no tendrían nada que proteger".

Estos son algunos casos de América Latina en el escándalo de los 'Papeles de Panamá', por ahora. Leer más aquí.

Finalmente, José Luis Fernández comenta que el este miércoles se reunieron con Armando Méndez Gutiérrez, subsecretario de Gobierno del Estado de México, quien se comprometió a detener las obras y retirar la maquinaria del lugar.

Sin embargo, expresa que hasta que no haya un acuerdo firmado y mesas de diálogo formales con el gobierno, y se reparen los daños, los pobladores de Xochicuautla van a seguir realizando movilizaciones, así como eventos culturales y talleres que expongan la problemática de su comunidad.

'Se ha golpeado a varios habitantes con tal de llevar a cabo un proyecto carretero'.

Recientemente, el dueño de Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa Cantú, figuró nuevamente en la opinión pública debido a los Papeles de Panamá, ya que su nombre aparece en la lista de los empresarios relacionados con la firma panameña Mossack Fonseca, y se le acusa de haber transferido por lo menos 100 millones de dólares a paraísos fiscales a través de esa firma.

De acuerdo con la revista Proceso y el portal Aristegui Noticias, únicos medios mexicanos que tuvieron acceso a los documentos filtrados, Hinojosa Cantú habría usado como prestanombres a su madre, Dora Patricia Cantú, y a su suegra María Teresa Cubria para esconder su fortuna en siete diferentes países hasta llegar a Nueva Zelanda. Gran parte de su riqueza ha sido generada por contratos gubernamentales como la autopista en Xochicuautla.

En ese sentido, la investigación realizada por ambos medios señala que Hinojosa Cantú ganó al menos 750 millones de dólares desde que el actual presidente Peña Nieto era gobernador del Estado de México. En la actualidad, Grupo Higa está conformado por 29 empresas subsidiarias.

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