El mal, esa condición que no suele tener adjetivo alguno, lo tuvo en Sudamérica una vez se destaparon las atrocidades del régimen militar en Argentina. Carlos Santiago Nino, célebre jurista argentino ya fallecido, lo encontró: lo que pasó entre el 76 y el 83 del siglo pasado fue el mal absoluto. Las desapariciones infames, las matanzas de frente y las torturas a escondidas lo confirmaron. Sin embargo, esto no nos sorprende. La dictadura argentina ya es una vieja conocida para nosotros en Sudámerica. Los vejámenes a los que sometieron a la población también lo son. Pero, sorpresivamente, en los últimos años, como un sablazo, aparecieron quienes no conocíamos. Aparecieron aquellos que, bien camuflados en las altas esferas de la sociedad, estuvieron detrás del mal absoluto. Hasta hace un par de años no habíamos tenido pista de ellos, de sus vínculos que los convertían en ese backstage de la dictadura, los pecho frío que se beneficiaban de la atrocidad: "los empresarios". Su aparición ha causado tanto revuelo que logró convertirse en el último round entre el kirchenrismo y el macrismo. Entre esa izquierda peronista y esa derecha peronista.

Penal Villa Las Rosas, Salta, 19 de abril de 1977 [1] .

Víctor Manuel Cobos, chofer de autobús de la Veloz del Norte —la empresa salteña por excelencia para los recorridos por el país— recobraba la libertad, salía hacia el exilio para no volver jamás a Salta. Era un estorbo para los dueños de la Veloz. Su activismo sindical había logrado ponerlos en la picota: los malos pagos atrasados, sumados a extenuantes jornadas de trabajo, habían redundado en huelgas que al llegar el periodo de "reorganización nacional" debían desaparecer.

Para acallarlo no bastó el asesinato de su hermano de 17 años.

El 22 de enero de 1977, mientras hacía su recorrido entre Tucumán y Salta, un borracho ingresó en el autobús negándose a pagar el tiquete. Después de un encontrón con el pasajero arapiento, Víctor terminaría emitiendo el tiquete, al fin y al cabo no se podía viajar sin este. Kilómetros después, el pecho frío arrivó.

Marcos Levín, dueño de la Veloz, se interponía en el camino, ingresaba al autobús y, como quien conoce el desenlace de la trama, se dirigió al borracho pidiéndole su tiquete. En efecto, ahí lo tenía en su bolsillo . En efecto, se había perdido la última oportunidad para sacar "por las buenas" a Cobos.

Lo que sucedió desde aquel momento hasta salir del penal es un relato del mal. Uno donde un subcomisario esposaba en la mañana siguiente a Cobos, lo encapuchaba, lo golpeaba brutalmente, lo torturaba. Así conseguía conocer todos los detalles sobre el sindicato y lograba una confesión ficticia de una supuesta estafa a la empresa. Las fichas seguían moviéndose, un juicio amañado que lo condena con base en la confesión y un periodo de su vida en Villa Rosas.

Las pistas de la colaboración de los empresarios con el mal absoluto han sido múltiples. La primera la arrojó el informe Sábato en 1984, desde cuando empezamos a hablar de la dictadura cívico- militar . Atrás quedó el imaginario de que los conflictos son cuestión de dos ejércitos que, como se pensaba de las cruzadas o las guerras napoleónicas, se enfrentaban de tú a tú con su propia tropa y su propia infraestructura. El mal absoluto no es cuestión de espadas en franca lid, el mal absoluto era un entramado de crímenes más complejo. No era sólo cuestión de Videlas, personajes encharolados con su corte militar, también lo era de personajes que, de traje y corbata, vieron en la violencia de la dictadura la ventana de oportunidad más clara para aumentar su capital.

Las segunda pista nos la han empezado a dar los estudios independientes y los escasos procesos judiciales que se están llevando en Argentina contra los agentes económicos del mal. Un reciente informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos argentino y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha puesto en evidencia a más de una veintena de empresas, como Mercedes-Benz, Fiat, la Veloz y Acindar, que se beneficiaban de las acciones de la dictadura.

Como lo explica Horacio Verbitzky , periodista de Página 12, "la evidencia estudiada no muestra que estas empresas hayan desempeñado un papel complementario o subsidiario del accionar militar en la represión contra los trabajadores, ya que ambos actores aparecen con un peso y línea de acción propios, articulando prácticas e intereses […]. En las 25 empresas, se identificaron casi 900 víctimas del terrorismo de Estado: 354 están desaparecidas, 65 fueron asesinadas y más de 450 sufrieron formas diversas de represión y fueron luego liberadas".

El juicio más avanzado es contra Marcos Levín por su presunta complicidad en el secuestro de un chofer de la empresa que solía ser dueño, la Veloz del Norte. A este empresario se le endilgan los cargos de secuestro y tortura como crímenes de lesa humanidad, pues como lo repite Cristina Cobos, hermana de la víctima, "él sabía perfectamente que habían sido torturados, y dijo que ignoraba absolutamente la situación y que no se acordaba".

"No más venganza". Así tituló La Nación su editorial del 23 de noviembre de 2015, un día después del balotaje en el que el candidato Mauricio Macri de Cambiemos, una coalición de centro-derecha, había derrotado al Frente para la Victoria del kirchnerismo liderado por la presidenta Cristina Fernández, que desde 2003 estaba en el poder. Allí hacían un llamado para que cesaran los juicios de la dictadura cívico-militar, esa "venganza" del kirchnerismo. "Un día después de que la ciudadanía votara un nuevo gobierno, las ansias de venganza deben quedar sepultadas de una vez para siempre", resaltaba el diario.

Según el editorial, el nuevo gobierno deberá hacerle frente al "vergonzoso padecimiento de condenados, procesados e incluso de sospechosos de la comisión de delitos cometidos durante los años de la represión subversiva y que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad". Este diario, cuya afinidad a Macri es un secreto a voces, en estas cortas referencias puso en tela de juicio el proceso de verdad y justicia que lleva Argentina, y demuestra que una gran capa de la población considera que los crímenes de la dictadura cívico-militar fueron justificados y que casos como los de Levín no deberían estar sucediendo. Para ellos, la justicia transicional se acerca más al perdón y olvido.

Las acciones que ha tomado Macri en sus primeros días de gobierno han confirmado en parte esta "esperanza de los jurásicos", como tituló el diario de izquierdas Página 12 la posición de su homólogo de derechas, La Nación. Desde que comenzó el gobierno de Macri, se han aumentado las penas domiciliarias en casos de lesa humanidad y se planea crear un estricto protocolo para la protesta social, una clara señal para las clases obreras del país del talante del nuevo gobierno liderado por uno de los empresarios más poderosos de Argentina.

Tres días después de que se publicara el editorial de La Nación, el kirchnerismo respondió a través de su coalición apabullante en el senado al aprobar la creación de una Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras. Un órgano temporal compuesto por los mismos legisladores que deberán realizar un informe en seis meses prorrogables que muestre las formas de complicidad de las empresas con la dictadura. Claramente una reacción a las posturas del macrismo que, a su vez, mostraron su incorformismo ausentándose de la cámara.

Esta puja de alto nivel muestra la complejidad del tema por los intereses que toca y los mensajes que envía a la sociedad. Pero va más allá. Por un lado, pone en evidencia la importancia de promover los procesos de verdad de todos los actores militares y civiles relevantes para la transición. Por otro lado, en consecuencia, muestra cómo, si no se promueven esos procesos de verdad y justicia frente a grupos económicos, se termina por dejar las heridas abiertas en la misma sociedad después de 30 años, en un conflicto latente, en una polarización amenazante.

Este trasegar de la justicia transicional en Argentina tiene que ser ejemplificante para otros procesos transicionales que se enfrentan a dilemas similares, como el caso de Colombia. El 23 de diciembre, en el marco de las conversaciones de paz, el presidente Juan Manuel Santos anunció la fórmula de juzgamiento a civiles que participaron del conflicto armado de ese país. Este mecanismo promete vincular a los empresarios que fueron determinantes para alimentar financiera y estratégicamente el conflicto. Vaya tarea.

Por eso, lo que se viene en 2016 en estos países de Sudámerica es la respuesta a la pregunta sobre cómo recomponer la pata coja de la transición, sobre cómo erradicar el mal absoluto de raíz al incorporar a sus colaboradores en la justicia transicional. En últimas sobre cómo no dejamos como sociedad que los que impusieron el terror sin el fusil en la mano queden impunes ante nuestros ojos.

*Investigador de Dejusticia.

[1] Relato adaptado del Informe "Responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad". pp. 186- 191.