Bolivia logró terminar la guerra de las drogas legalizando la coca y expulsando a la DEA

Descalzo y sentado en un tronco, un campesino inspecciona más de 90 kilos de hojas de coca puestas al sol para secarse frente a su casa en la selva de Chapare, una calurosa región en el corazón de Bolivia.

Las hojas, dice, son una de una de las tres cosechas anuales sembradas bajo las leyes de la producción legal y regulada del país. Cada cosecha puede dejarle cerca de 200 dólares en el mercado, pero la mitad de ese dinero se va en gastos como pesticidas y salarios de aquellos que le ayudan a arrancar las hojas maduras antes de que se echen a perder.

Mientras mastica un fajo de hojas, el campesino recuerda lo difícil que era su vida cuando el cultivo de coca era ilegal en el país.

La coca es un ligero estimulante que ha sido utilizada, desde hace miles de años, por la gente de Los Andes en forma de té o en la comida, aunque generalmente es masticada cruda para tener energía y combatir distintos malestares, desde problemas por la altitud hasta dolores menstruales. La planta también es la materia prima para producir cocaína, blanco al que se dirigen desde hace años los esfuerzos de las instituciones antinarcóticas en toda Sudamérica y Estados Unidos. De 1997 a 2004, un programa fundado por el país norteamericano con la finalidad de erradicar la coca en Bolivia, hundió a la región de Chapare en un traumático conflicto.

"Podían aparecer de repente, a cualquier hora del día o la noche, para empezar a interrogarnos, llegaron a golpearnos o a patearnos sin razón", cuenta el campesino, recordando a las fuerzas paramilitares antinarcóticos, alguna vez respaldadas por la DEA, la agencia antidrogas de EE. UU. "A veces dormíamos afuera, en los campos de coca, para que no pudieran encontrarnos".

A pesar de que su campo de cultivo ha sido completamente legal desde el 2004, cuando el gobierno boliviano tomó la decisión sin precedentes de legalizar la producción para consumo personal, los oscuros recuerdos aún asaltan al hombre de campo, quien insiste en que su nombre no sea revelado.

A donde quiera que uno vaya en Chapare, uno de las dos regiones productoras de coca en Bolivia, se escuchan historias similares de la vida en la década de los noventa y principios de los años 2000: homicidios por parte de los narcotraficantes, violencia, violaciones policiales y protestas de los granjeros que terminaban en enfrentamientos y muerte.

También se pueden escuchar voces de gratitud porque Bolivia ha reemplazado su estrategia de erradicación por una de producción regulada para alcanzar la histórica demanda nacional de coca.

Los campesinos se sienten particularmente en deuda con el presidente Evo Morales, un exlíder de los cultivadores de coca del Chapare. Morales expulsó a la DEA de Bolivia en 2008, después de que violentas confrontaciones cobraran la vida de 30 personas, alegando que ya no podría garantizar la seguridad de los agentes estadounidenses.

"Ahora es diferente, los oficiales son nuestros amigos", dice el granjero. "Antes, yo desviaba la mirada cuando pasaban cerca de mí. No quería cruzar miradas. Ahora, siempre que nos vemos nos saludamos".

La legalización de 2004 marcó el comienzo de una relación con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cuyas estimaciones sobre la cantidad de tierra dedicada al cultivo de coca en Bolivia, Perú y Colombia sirven también para calcular cuánta cocaína circula en el mundo.

La Oficina ayuda al gobierno boliviano a rastrear los campos donde se cultiva la coca a través de imágenes satelitales y visitas en tierra hechas por inspectores del ejército. De acuerdo con la encuesta anual de la institución sobre el sector de la coca en Bolivia, publicado en julio pasado, el área productora del país bajó en 2015 a sólo 20.200 hectáreas. Se trata del nivel más bajo desde que la Oficina comenzó a monitorear el cultivo de coca de Bolivia en 2003. Es casi lo mismo que el limite nacional de 20.000 hectáreas, suficientes para cubrir la demanda local de la planta y al mismo tiempo asegurar que la menor cantidad posible llegue a manos de los productores de cocaína.

La innovadora reforma de Bolivia podría parecer un éxito, pero la verdad es que no es muy bien vista en Washington.

A principios de este mes, el presidente Barack Obama enfatizó la desaprobación de los Estados Unidos cuando declaró oficialmente, a través de un documento del Departamento de Estado, que Bolivia ha "fallado" de manera evidente en lograr sus compromisos internacionales antinarcóticos. Los otros dos países en la lista eran Venezuela y Birmania.

Un vocero del Departamento de Estado dijo a VICE News a través de un e-mail que Bolivia ha "emprendido algunas actividades antinarcóticos de manera exitosa", pero añadió que el país no ha destruido suficientes plantas de coca ni confiscado suficiente cocaína en tránsito para ganarse la aprobación de Estados Unidos.

Morales ha dejado claro que no le importa lo que el país de norte piense.

"En Bolivia, sin bases militares norteamericanas y sin la DEA, incluso sin la responsabilidad compartida de países consumidores, hemos demostrado que es posible confrontar el tráfico de drogas con la participación de la gente", dijo a principios de este año.

Morales construyó su carrera política en los noventa y a principios de los 2000, cuando lideró el sindicato de productores de coca en Chapare, donde encabezó protestas en contra de la erradicación de la planta por influencia de la DEA.

En realidad la legalización comenzó bajo el mandato del presidente Carlos Mesa, un año antes de que Morales ganara su primera elección en 2005.

El sistema, posteriormente llamado "coca sí, coca no", permite a cada familia cultivar coca en un área de hasta 1.600 metros, conocida como "cato". Los campesinos están obligados a vender las hojas en mercados autorizados, y en caso de que no puedan emitir un comprobante, tienen que justificar la pérdida de su cosecha con un certificado de su asociación local de productores.

Excederse en la cantidad de áreas cultivadas puede llevar a castigos como quitar parte o todas las plantas de coca al granjero. En Chapare, los comités vecinales deben revisar que ninguno de sus miembros exceda el cato y reportan a las transgresores con las autoridades.

El gobierno también ayuda a los campesinos que desean cultivar otros productos como cítricos, cacahuates, yuca y arroz. Concesiones de la Unión Europea promueven la sustitución de coca por apicultura usando peces locales del amazonas.

"Las familias necesitan apoyo para diversificar sus campos, no prohibiciones. No se les puede obligar a no tener hambre", dice Sanho Tree, experto en políticas de droga en el Institute for Policy Studies con base en Washington. "Al negarse a reconocer la realidad, los Estados Unidos prácticamente aseguran que continúe el círculo vicioso".

El continuo castigo de Washington a Bolivia contrasta con su rutina de aprobación de esfuerzos antinarcóticos por parte de sus aliados Colombia y Perú, los cuales cultivan mucha más coca. Las estrategias en esos países parecen un juego, ya que tan pronto como destruyen los cultivos en un área, se plantan otros en sitios distintos. Los críticos advierten que la erradicación no ayuda a reducir la demanda de coca para la producción de cocaína ni la pobreza entre los campesinos.

La división criminal de las Naciones Unidas reportó que Perú tenía 40.300 hectáreas de coca en 2015, casi la misma cantidad registrada en 2011, el primer año del que la agencia tiene registros de ese país. Mientras tanto, Colombia aumentó un 40 por ciento el año pasado, y tiene 96.000 hectáreas.

La relación entre el número de hectáreas cultivadas y la cantidad de cocaína producida es complicada por el cambiante suelo, el clima, latitud y técnicas de proceso. La mayoría de los expertos creen que la producción de Colombia es mayor que las de Bolivia y Perú gracias a los procesos más avanzados que usan y las condiciones naturales que permiten tener cuatro cosechas por año.

La unidad de crímenes de la ONU estimó que la cosecha de Colombia en 2015 fue de 646 toneladas de cocaína, la cual termina en su mayoría en Estados Unidos. La ONU no hizo estimaciones similares de la cantidad producida en Bolivia o Perú, quienes surten diferentes mercados, incluyendo Sidney, Tokyo, Río y Londres.

Grandes cantidades de cocaína peruana entran a Bolivia a través de avionetas y mochileros que transportan bloques de droga a través del denso bosque montañoso de la frontera.

Tim Torlot, embajador de la Unión Europea en La Paz, dijo que le gustaría ver que Bolivia interceptara más droga, aunque sigue estando de acuerdo con la estrategia del país.

"En general, los bolivianos han sido buenos compañeros en la lucha contra las drogas", dijo Torlot. "Eso no quiere decir que no tengamos algunas críticas, pero creemos que realmente están comprometidos en reducir los campos de coca. Nos gusta cómo han diseñado sus políticas, con una aproximación integral".

Mira el documental de VICE News Coca y fe en el Amazonas.

Para Roxana Argandoña, una campesina de 49 años y madre de cuatro hijos que vive en el pequeño pueblo Villa Tunari, el mayor beneficio de la legalización ha sido el fin del clima de miedo.

Argandoña es una importante miembro del partido Movimiento al Socialismo, conocido como MAS, y está a cargo del programa de derechos humanos en su municipalidad. Cuenta que solía pasar su tiempo atendiendo casos de golpizas, homicidios y desapariciones relacionadas con el conflicto de la coca. Ahora, recibe casos de violencia doméstica en su mayoría.

"Antes había todo tipo de conflictos. Ahora es completamente diferente", dice Argandoña. "Los soldados abusaban de nosotros, especialmente de las mujeres. Ahora hay respeto de ambas partes. Nadie excede su cato. Algunas personas ni siquiera tienen puertas frontales".

El Pulitzer Center on Crisis Reporting financió el viaje para este reportaje.

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