Con Peñalosa, se ha duplicado la cantidad de bogotanos que llevan a la UPJ

¿Ya han visto esas imágenes en las que la Alcaldía de Bogotá alardea acerca de cómo los indicadores de hurto a bicicletas, personas y residencias han bajado durante los primeros tres meses de la nueva administración? Basados en evidencia anecdótica, algunos bogotanos han refutado una y otra vez, a través de las redes sociales, el contenido de estas imágenes, con argumentos de este estilo: "Me robaron la bicicleta ayer" ergo "no puede haber bajado el índice de robo de bicicletas en una ciudad de 8 millones de habitantes" o, mi preferido, "le robaron el celular al hijo del alcalde y eso prueba que el hurto de celulares en Bogotá esta disparado".

Según lo que me dijo hace un par de semanas Daniel Mejía, subsecretario de la Secretaría de Gobierno del mandato de Peñalosa (pronto, si la Secretaría de Seguridad es creada, jefe en esa dependencia), las estadísticas que la Alcaldía está haciendo circular en redes sociales (las imágenes que pongo arriba) fueron calculadas con base en las cifras oficiales de denuncias puestas ante la Policía y, por lo tanto, son una fuente más confiable que todas las historias y videos de atracos en la ciudad juntos.

Asumamos que los cálculos que han hecho los funcionarios de la Alcaldía son correctos y que la cantidad de robos sí ha disminuido considerablemente en Bogotá. Entonces surge la pregunta:¿Cómo lo lograron en solo 100 días? Uno puede remitirse a otros datos de la Policía y concluir, a primera vista, que lo han hecho a punta de mano dura. Según cifras entregadas a VICE Colombia por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá, en los tres primeros meses de este año 30,179 bogotanos han sido conducidos a la Unidad Permanente de Justicia (UPJ). Esto es un poco más del doble de las 14,143 personas que habían ido a parar a la Unidad durante el mismo periodo del año pasado, el último año del exalcalde Gustavo Petro.

Para los que no la conocen, la UPJ es un edificio ubicado en el barrio Puente Aranda, dotado de varios calabozos en los que, amparados en el artículo 147 del código de policía, los patrulleros de la Policía Metropolitana de Bogotá pueden retener hasta por 24 horas a cualquier persona que se encuentre, por ejemplo, "en alto de grado de excitación".

Este criterio tan difuso ha convertido a ese edificio en el coco de muchos bogotanos, ya que pueden ser retenidos allí un día entero sin ser presentados a ninguna autoridad judicial por ser protagonistas de una serie de conductas que van desde participar en una riña, estar borrachos en vía pública, negarse a una requisa o, según las entrevistas que realizó el investigador de Dejusticia Mauricio Albarracín a 34 patrulleros de la Policía en el año 2011, portar o consumir su dosis personal de marihuana.

La Unidad ha aparecido periódicamente en titulares de prensa. Hay ejemplos: el pasado mes de diciembre, una mujer llamada Paula Torres perdió su vida al interiorde la UPJ en circunstancias que aún no han sido aclaradas; la denuncia de Rigoberto Abello, un hombre que en marzo de este año afirmó haber recibido una golpiza a manos de uniformados de la Policía al interior de la Unidad.

Llamé a la capitana Claudia Suárez, quien es comandante de la UPJ hace un año, para preguntarle por qué tenía mucho más trabajo desde que Peñalosa se había posesionado como alcalde y me contestó que, con el cambio de Alcaldía, la Policía de Bogotá "se ha puesto las pilas".

Según la capitana Suárez, con el nuevo mandatario han llegado exigencias que el general Hoover Penilla, comandante de la Policía de Bogotá, se ha encargado de transmitir a los comandantes de cada estación. "Entonces, si al comandante de una jurisdicción le piden reducir los índices de robo e inseguridad, él saca a mis hombres a patrullar más. Y si se encuentran gente que está tomando en la calle, que está peleando, que no se deja hacer un registro o que uno les encuentra armas blancas, los trasladan para la UPJ", me contestó cuando le pregunté a que se refería con eso de "ponerse las pilas".

Patrulleros de la Mebog durante el 2016.

En cuanto a las repetidas denuncias de consumidores de marihuana que han sido conducidos a la UPJ, la capitana me aclaró que los usuarios solo son trasladados cuando son sorprendidos fumando en lugares públicos, lo cual, de cierta forma, contradice lo que me dijo el próximo secretario de Seguridad hace un par de semanas, cuando afirmó que perseguir a la gente que está fumando marihuana no debería ser una de las preocupaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Marihuaneros aparte, estas "pilas puestas" de la Policía coinciden con las declaraciones del alcalde Enrique Peñalosa. Y no las precisamente las más recientes. En enero de este año afirmó, durante el lanzamiento de su plan de choque de seguridad, que durante su Alcaldía, Bogotá tendrá "un espacio público más ordenado, limpio, iluminado, en donde los ciudadanos sientan que existe una autoridad y unas normas que cumplir".

Cabe resaltar que, a pesar que desde que Peñalosa se posesionó la cantidad de bogotanos que van a parar a la UPJ se ha duplicado, esta cifra sigue siendo inferior a la de hace 4 años. Durante los primeros tres meses del 2012, cuando Gustavo Petro apenas se mudaba al Palacio de Liévano, la cantidad de personas trasladas a la UPJ fue de 54,555 , casi el doble de las 30,179 que han sido trasladadas durante los primeros tres meses de la nueva Alcaldía.

La cantidad de personas que fueron a parar a la temida UPJ fue disminuyendo paulatinamente durante el gobierno Petro (esto en parte debido a que, en 2013, la unidad se mudó a una nueva sede de menos capacidad) hasta llegar a su mes de menor ocupación en diciembre de 2014, cuando apenas 1.440 personas fueron llevadas a sus calabozos, la cifra más baja en los últimos 15 años.

Casualmente (o quizá no tanto) esta reducción en la cantidad de personas trasladas a la UPJ coincide con un aumento en el hurto a personas en la ciudad entre 2012 y 2014, periodo en el que, según el observatorio de la Cámara de Comercio, las denuncias por este delito que aumentaron en un 29,4%.

Los indicadores, que parecen ser los ojos, oídos y corazón de esta Administración, sugieren que los bogotanos solo se portan bien a las patadas. Pero vale pena preguntarse (y preguntarle a la Alcaldía, de paso) si un edificio en el que se pretende encerrar por 24 horas a todo aquel que ande por ahí "en alto grado de excitación" (o las otras causales) es una solución a largo plazo para el problema de la seguridad en Bogotá.