México no está respetando los derechos humanos de sus ciudadanos: Naciones Unidas

Este artículo fue publicado originalmente en VICE News, nuestra plataforma de noticias.

La máxima autoridad mundial en derechos humanos criticó el papel del gobierno de México durante una visita oficial de tres días y remarcó el aberrante récord en materia de violaciones cometidas por sus autoridades y "la intolerancia del gobierno ante las críticas públicas".

"Existe un consenso muy amplio —nacional, regional e internacionalmente— sobre la gravísima situación que atraviesa el respeto a los derechos humanos en México al día de hoy", sentenció Zeid Ra'ad Al Hussein, alto comisionado en derechos humanos de Naciones Unidas. Al Hussein añadió que el país deberá enfrentarse a "la desalentadora situación de una sociedad carcomida por los elevados niveles de inseguridad".

Para intentar corregir esta situación México tendrá que organizar a su policía local, retirar a los militares de labores públicas y resolver el misterio de lo que sucedió con los 43 estudiantes desaparecidos hace un año. Este último, sin duda, es el caso que mejor ilustra el sinfín de problemas del país.

Al Hussein describió durante una rueda de prensa la perturbadora y contradictoria situación de México. El alto comisionado compareció ante periodistas después de haberse reunido con el presidente, con miembros de la cúpula ejecutiva del país y con víctimas de distintos abusos.

Por un lado, el país dispone de algunas de las leyes y de los protocolos más poderosos para defender los derechos humanos, la libertad de expresión y el gobierno de la ley. Sin embargo, todas esas leyes quedan ensombrecidas por la escalofriante estadística de la impunidad que reina en el país. Según esta, en México, el 98 por ciento de los crímenes nunca llegan a resolverse. Al Hussein incidió en que el país deja a sus residentes en una situación de indefensión, incapaces de exigir justicia ni indemnizaciones en casi ningún lugar.

En su primera visita a Latinoamérica, el comisionado se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto, con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la procuradora general de la república, Arely Gómez, y con los secretarios de la secretaría de la Defensa y de la Armada. Además, la eminencia de la ONU también platicó con activistas pro derechos humanos y con las víctimas de varias violaciones y abusos.

"No soy yo, ni es mi oficina, Naciones Unidas, ni tampoco son los funcionarios del estado quienes tienen que decir que se ha hecho todo lo que se podía hacer", señaló Al Hussein. "Eso corresponde a las personas que realmente lo han padecido, sobre todo aquellas que están en condiciones más desfavorables y a las víctimas y a los familiares de las víctimas de tantos abusos. Ellos son quienes tienen la credibilidad para que su juicio sea escuchado".

Esas víctimas, continuó, comparten "horrorosas" historias de desapariciones forzosas, asesinatos extrajudiciales, secuestros y la indiferencia de todo un estado y de sus instituciones.

Al Hussein expresó que el gobierno de México tiene que resolver "urgentemente" el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa atacados en el estado de Guerrero. El comisionado describió el caso como un "microcosmos de los problemas crónicos que subyacen bajo las imparables violaciones de derechos humanos que se producen por todo México".

Al Hussein señaló también que presionó a los líderes de la cúpula militar a "elegir una fecha para retirar al ejército de la seguridad pública". Se trata de un asunto especialmente delicado, sobre todo después de que a finales de 2006 el antiguo presidente, Felipe Calderón, destinara a los soldados a las calles para combatir a los poderosos cárteles del narcotráfico.

Peña Nieto prometió que su gobierno retiraría a las tropas y las devolvería a sus barracas tan pronto como asumió la presidencia. Sin embargo, tres años después, los militares continúan ejerciendo las obligaciones civiles de combatir la delincuencia y desempeñar labores policiales, que los defensores de los derechos humanos ya han denunciado como preámbulos de todas las grandes masacres extrajudiciales, como la de Tlatlaya en junio de 2014 y la de Tanhuato en mayo de este año.

A principios de esta semana, un juez mexicano liberó a cuatro soldados implicados en la mascare de 22 civiles en Tlatlaya. La sentencia volvió a despertar las dudas sobre la capacidad del Estado para llevar a cabo efectivamente investigaciones y juicios contra los funcionarios públicos acusados de delitos muy graves.

Ayer, el alto comisionado de Naciones Unidas reprendió a los funcionarios por "sus violentos ataques personales" contra un compañero suyo en ONU —el especialista en torturas Juan Méndez— quien señaló en un informe publicado a principios de año que la tortura está "generalizada" en todo México.

El embajador mexicano en la sede de la ONU, en Ginebra, de aquel momento, reprendió a Méndez por su informe y aseguró que sus "hallazgos no correspondían con la realidad".

El uso del término "generalizado" es seriamente controvertido en México, puesto que significa que, teóricamente, todos sus funcionarios —del presidente al más bajo — podrían ser acusados por los tribunales internacionales por crímenes de estado, tales como asesinatos extrajudiciales o torturas.

Al Hussein se contuvo y no mencionó la palabra durante sus declaraciones de ayer en el DF. Sin embargo, cuando los periodistas le presionaron respondió con un revelador "creo que ya he respondido a esa pregunta".

"Si el 98 por ciento de los crímenes no se han resuelto, entonces el ciudadano mexicano no está protegido por la ley. De tal manera, uno puede argumentar que los derechos humanos del pueblo están amenazados", señaló.

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En cuanto al papel del ejército en la crisis de derechos humanos que azota el país, Al Hussein señaló que sus reuniones con la cúpula militar habían sido "constructivas".

También admitió que había urgido a la cúpula a que consintiera que se forme una comisión especializada auspiciada por la Comisión Interamericana en Derechos Humanos. Dicha comisión se encargaría de entrevistar a los miembros del 27º batallón de infantería en relación con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.

El martes, el secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, expresó que no permitirá que se forme comisión alguna. Su pintoresco argumento no fue otro que proclamar que algo así es ir en contra "de quien soy".

Al Hussein también invitó a los funcionarios mexicanos a que piensen en el dolor de las víctimas y en el de los supervivientes del ataque, ahora que se ha reabierto el caso.

"Mi deseo es que todo el mundo pudiera reunirse con ellos y escucharlos", proclamó el alto comisionado. "Que desaparezca un ser querido, no saber si está vivo o muerto; o si, en caso de que muriesen, cuánto sufrieron, cuánto tiempo les llevó […] Padecer esta mezcla de pérdida y de impotencia, esa incertidumbre que te devora a diario… es algo ciertamente horrible".

Melissa del Pozo contribuyó a esta información.

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