Las leyes que amenazan a la sociedad mexicana

Foto por Alejandro Mendoza.

El laberinto de las explicaciones burocráticas en México se inaugura con el movimiento estudiantil de 1968. Federico de la O García fue una de las primeras víctimas de la represión diazordacista. Durante la protesta del 29 de julio los granaderos arremetieron contra los jóvenes. Federico sufrió fuertes golpes en la cabeza y murió a consecuencia de estas lesiones. El parte oficial es un modelo que ha resistido el paso del tiempo, el peso de la lógica y ha perdido el piso de la inteligencia:

“El estudiante de comercio de la UNAM, Federico de la O García, de 23 años, falleció ayer a consecuencia de una intoxicación por tortas que comió en la lonchería Kelm o de viejas heridas en la cabeza y no por lesiones sufridas en los recientes disturbios”.

Esa explicación que hermana unas tortas podridas con unos madrazos en la cabeza, la refiere Carlos Monsiváis en Días de guardar. Es una de las cumbres del surrealismo oficial para explicar y justificar lo inexplicable, algo que es sintomático y periódico desde entonces entre nuestras autoridades.

El pasado 30 de julio, el procurador de Justicia de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget, presentó un bonito video en el que se ve claramente que el menor José Luis Alberto Tehuatlie fue el culpable de su propia muerte por poner en el camino de un cohetón, seguramente lanzado por manifestantes en contra del gobernador Rafael Moreno Valle.

Según el procurador de Moreno Valle ningún policía llevaba armas ni nada parecido que pudiera disparar balas de goma, que sólo los inconformes iban con objetos como piedras, cohetones y demás objetos peligrosos. En el video, que no tiene audio y hay que interpretar las tomas tipo CSI, no se entiende nada, sólo que el niño José Luis no tenía vela en el entierro, que estaba detrás de una pared y al lado de un sembradío de maíz, por lo que ningún policía atinarle y sobre todo, estaba atrás de los manifestantes, por lo que el que aventó el cohetón estaba con el GPS desorientado y en lugar de apuntarle a los granaderos, supuesto blanco del ataque, le atinó al niño que tuvo la culpa de estar en el lugar equivocado.

Como resultado de este fallecimiento, el gobernador, fruto de una alianza contra natura PAN-PRD que derrotó al contra natura PRI, mostró su lado humano y pidió la derogación de la ley bala, cuyo nombre oficial es “Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiacas del Estado”. Proteger los derechos humanos a costa de los mismos humanos.

En el texto original de la ley, propuesta por el mismo Moreno Valle, se permitía que las fuerzas del orden pudieran usar armas de fuego para dispersar manifestaciones y clasificaba las protestas en lícitas, ilícitas no violentas y violentas “para su control y dispersión”.

Los diputados poblanos prohibieron el uso de armas letales y eliminaron la clasificación de movilizaciones, pero permitieron el uso de bastones, agentes químicos irritantes y pistolas incapacitantes, entre ellas las que disparan balas de goma. Medidas muy humanitarias.

Esta corriente de medidas de avanzada para proteger a la sociedad a costa de ella misma parece que comienza a formar escuela y se esparce entre los gobernadores supuestamente de avanzada.

En Sinaloa, el congreso local aprobó modificaciones a la  Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), que limita la cobertura de la prensa a eventos relacionados con la seguridad y justicia. Los cambios a la ley los propuso el gobernador Mario López Valdez, nacido políticamente en el PRI, pero cuando le negaron la candidatura para el gobierno del estado decidió emprender una lucha denodada por la democracia y se pasó al PAN y también lo apoyó el PRD, para otra unión contra natura.

Malova, como se le conoce por su cadena de ferreterías, dijo que nunca pensó en afectar la libertad de expresión ni el derecho a la información, sino que era todo lo contrario. En la modificación a la ley orgánica de la procuraduría estatal se prohíbe que los medios de comunicación accedan a eventos delictivos; graben, fotografíen o filmen a los involucrados, además de divulgar información que no sea la entregada mediante boletines, comunicados oficiales o funcionarios autorizados por el propio procurador. Sólo la versión oficial y nada más.

Cuando los medios locales comenzaron a quejarse por esta ley mordaza, como la bautizaron, el gobernador salió a decir que está dispuesto a cambiar las modificaciones, las cuales fueron aprobadas sin discusión y una sesión fast track en el Congreso local. Viva la iniciativa del gobernador.

Y en la capital no se cantan mal las rancheras. El 14 de julio pasado se aprobó la ley de movilidad en el Distrito Federal. También pensada para beneficiar a la gente aunque de primera vista no lo parezca. Sobre todo, dicen las autoridades del GDF, para proteger a los peatones.

En los artículos 212 y 213 se señala que “desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social, cuya finalidad sea perfectamente licita y que pueda perturbar el tránsito en las vialidades, la paz y tranquilidad de la población de la ciudad” deberán avisar a la Secretaría de Seguridad Pública con 48 horas de anticipación para que puedan tomarse las previsiones correspondientes.

Precisa más: todas estas formas de marchar “podrán utilizar las vialidades salvo las vías primarias de circulación continua, excepto para cruzar de una vía a otra, para conectarse entre vialidades o cuando sea la única ruta de acceso al punto de concentración, siempre y cuando sea de manera momentánea”. ¿Quién determinará que estas manifestaciones son lícitas? ¿Cuánto es momentáneo? Estos detalles que dependen de la interpretación de un burócrata son los que se vuelven peligrosos.

Pero lo mejor está en el artículo 214. “Seguridad Pública tomará las medidas necesarias para evitar el bloqueo en vías primarias de circulación continua, apegándose a lo dispuesto por las normatividad aplicable”.

¿Dónde podemos ver “las medidas necesarias” que se pueden aplicar? ¿Serán semejantes a las que están en la ley bala poblana?

En las postrimerías del gobierno de Marcelo Ebrard se coló una reforma legal que cambia le denominación del delito de terrorismo con ataques a la paz pública. El cambio es de nombre, pero las penas son las mismas. Y en ataques a la paz pública caben tantas denominaciones como se le ocurra al funcionario que finque cargos.

En su momento, Ebrard argumentó que “los ataques a la paz pública contienen los mismos elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal que en el artículo 139 del Código Penal federal se denomina terrorismo, por lo que debía fortalecerse esa figura en el Distrito Federal, como parte del proceso de coordinación entre las diferentes instancias de seguridad de los distintos niveles de gobierno”.

Aunque estas disposiciones después se le revirtieron al gobierno de izquierda del DF. Luego de los disturbios del 1 de diciembre de 2012 la Asamblea Legislativa tuvo que aplicarle quebradores legales a las disposiciones vigentes para liberar a los jóvenes que habían sido detenidos, ya que se les habría tenido que aplicar las nuevas leyes anti terrorismo.

Con las nuevas disposiciones legales, de pedir permiso para manifestarse, que la policía tenga carta abierta para hacer lo conducente para abrir las calles que sean afectadas y que exista, aunque sea de manera disfrazada, el delito de terrorismo en la capital, regresamos a los tiempos de 1968 cuando comer una torta en mal estado podía causar el estallamiento, literal, de la cabeza. Todas las propuestas de leyes salvadoras de la humanidad han venido de ex priistas metidos en redentores de la democracia.