Los daños del terremoto en la CDMX fueron causados por años de corrupción inmobiliaria

Hace cuatro meses y medio los habitantes de la Ciudad de México corrían desesperados de un lado a otro mientras las sirenas de las ambulancias resonaban en las calles. Era la tarde del 19 de septiembre y la capital mexicana había sido sacudida por un sismo tan devastador que no tenía precedente en las últimas tres décadas.

En esos momentos, posteriores al desastre, rescatar a las personas que se encontraban atrapadas bajo toneladas de escombros fue la tarea primordial. Con el paso de los días, los ciudadanos buscaron respuestas que pudieran explicar por qué la cantidad de muertos superó los 200 y la causa de que los edificios con daños severos se contaran por decenas. El dedo de los mexicanos apuntó a una dirección: la corrupción inmobiliaria.

Aunque el sismo pareció destapar un problema que se percibía invisible por buena parte de la población, organizaciones ciudadanas notaron desde hace 18 años los malos manejos en la administración pública para otorgar permisos irregulares a empresas constructoras.

Josefina Mac Gregor, representante de Suma Urbana, organización que busca informar sobre las normas de desarrollo urbano en la Ciudad de México, explicó a VICE que "los daños del sismo no fueron causados por un movimiento telúrico, si no por años de corrupción y de incumpliendo en la planeación urbana de la ciudad. El sismo sacó a floté lo que la sociedad había estado gritando en los últimos años".

La activista dice que a lo largo de tres administraciones de gobierno, las cosas se han hecho mal en materia de construcción y que el terremoto evidenció la falta de controles para la operación de las empresas que, junto con servidores públicos, crearon una burbuja inmobiliaria que explotó el pasado 19 de septiembre con consecuencias fatales.

En el año 2000, el entonces Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, impulsó el Bando 2, un proyecto para construir viviendas de interés social en cuatro delegaciones: Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Benito Juárez. Para ello, el gobierno otorgó licencias excepcionales de construcción que no tomaban en cuenta a los programas delegacionales, con el fin de garantizar la vivienda popular.

Mac Gregor asegura que buena parte de esas edificaciones se saltaron la planificación urbana en todo sentido y al final se construyeron en espacios no aptos para albergarlas, ya sea por razones de subsuelo, de infraestructura, por falta de agua o por ser áreas de conservación. Todo eso afectó severamente a la ciudad.

“Además, documentamos que en la delegación Benito Juárez, de los 700 edificios construidos bajo ese esquema en seis años —entre el año 2000 y 2006—, sólo el 5 por ciento eran realmente viviendas de interés social, el otro 95 por ciento eran construcciones de interés medio y alto, que no satisfacían las demandas populares de vivienda”.

En 2007, el nuevo jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, no sólo continuó con ese esquema, sino que lo amplió a las 16 delegaciones de la ciudad bajo otro nombre: Norma 26. Fue así, explica Mac Gregor, como la ciudad se llenó de edificaciones ilegales porque su fin no era el interés social, si no el medio y el alto. “Bajo esa Norma se han construido entre 4,500 y 5,000 edificios”.

Con Miguel Ángel Mancera, quien asumió el cargo en 2012, la Norma 26 continuó hasta 2014 cuando fue suspendida. Mancera propuso las normas 30 y 31 aunque no se logró su aprobación.

Pero el daño ya estaba hecho: permisos otorgados al por mayor para desarrollar miles de edificaciones que no se apegan a las normas de construcción, tanto de seguridad como de impacto ambiental. Todo sin que las inmobiliarias fueran llamadas a rendir cuentas.

Al inicio de este año, las autoridades de la capital señalaron que de las 205 carpetas de investigación que se abrieron para indagar a las empresas que podrían ser responsables de la pérdida de vidas durante el sismo, que no cumplieron con las reglas de construcción o que utilizaron materiales de baja calidad, 112 continúan vigentes.

En una conferencia de prensa, Edmundo Garrido, titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, dijo que 26 son por cambio de uso de suelo, 29 por fraude, 6 por homicidio culposo, 4 por fallas de los Directores Responsables de Obra, 46 por denuncia y 1 por sustracción de un menor de edad.

Algunas de las empresas indagadas por homicidio culposo, de acuerdo con El Heraldo de México, son Asia Jenny Importaciones, ABC Toys Company S.A de C.V, DashCam System México, y Línea Moda Joven S.A de C.V. Mientras que las constructoras Baha Inmobiliaria, Canada Building Group, Dijon Sapi, Dekah, Desarrolladora Vertical, Home y Grupo Baita podrían ser responsables de fraude y violaciones a a las leyes de construcción y de uso de suelo.

Además de la responsabilidad de los tres jefes de Gobierno —Obrador, Ebrard y Mancera— por permitir ese tipo de construcciones, Josefina Mac Gregor exige poner atención sobre Simón Neumann, extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

Neumman es un empresario inmobiliario que llegó a la Seduvi en 2012 a pesar de ser señalado por posibles conflictos de intereses, ya que dicha Secretaría es la que regula las construcciones en la ciudad. Dos años después, en 2014, dejó el cargo y regresó a su trabajo inmobiliario.

Una investigación del portal La Silla Rota documentó que la inmobiliaria Dekah, propiedad de Neumann, vendió un edificio construido hace cuatro años que resultó con daños severos por el sismo. “Estuvimos involucrados en la venta, pero no somos responsables de su construcción”, dijo el exfuncionario al medio de comunicación.

Mac Gregor señala la responsabilidad del actual jefe de Gobierno: “Mancera es muy cercano a Neumann, no puede ignorar lo que esta pasando”.

Por otro lado, afirma que para los ciudadanos resulta muy difícil rastrear a las inmobiliarias que operan ilegalmente porque en una construcción puede haber hasta tres empresas constructoras diferentes.

Además explica dos formas para construir y vender ilegalmente inmuebles en la ciudad: “Supongamos que con ocho socios creo una inmobiliaria para construir departamentos de interés social cuyo precio no puede ser mayor de cierta cantidad de salarios mínimos, después nos declaramos en bancarrota, nos repartimos los departamentos y los vendemos a mayor precio”.

Otra forma son los 'juicios vacuna'. El empresario promueve contra sí mismo una demanda y durante el periodo que dura el proceso nadie puede pedir información sobre la construcción porque hay una demanda en curso, luego, en colusión con la autoridad, la gana y cuando un ciudadano lo quiere demandar no procede porque no puede ser juzgado por el mismo delito.

VICE: ¿Además de los jefes de Gobierno quiénes son los responsables de la corrupción inmobiliaria en la ciudad?
Josefina Mac Gregor: El Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), la SEDUVI, la Asamblea Legislativa, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y los jueces; por eso ha sido tan difícil para la ciudadania terminar con todo esto.

¿Las autoridades siguen otorgando este tipo de permisos después del sismo?
No lo sabemos, la SEDUVI señaló que debido al terremoto se le cayó el sistema donde albergaba esos datos y con ese pretexto reservó la información alegando que no tenían capacidad de otorgarla debido a esas fallas técnicas.

La activista asegura que el gobierno de la ciudad ha otorgado ya 180 permisos para reconstruir edificios que no deben de cumplir el programa delegacional, ni con estudios de impacto urbano y ambiental.

“Seguimos operando como antes pero ahora con el dinero destinado a la reconstrucción. Están utilizando el dinero con otros para fines, mientras que muchos ciudadanos aún duermen en la calle con fríos que rondan los cero grados”.

¿Qué permitió que durante casi dos décadas este esquema funcionara para las inmobiliarias?
La impunidad y los intereses económicos que involucra. Todas estas construcciones son ilegales porque su objetivo no fue el interés social y además no tomaron en cuenta el Altas de Riesgos. La corrupción provocó que la prioridad fuera para el sector inmobiliario y comercial por encima de la seguridad física de los ciudadanos, por eso desde hace años exigimos detener este esquema que ya ha cobrado vidas.

¿Cómo se puede detener este proceso?
Debemos de atacar en el sistema local anticorrupción, no permitir la entrada de jueces que sean afines a este sistema inmobiliario. Necesitamos jueces que procesen a funcionarios por corrupción.

¿Y desde la sociedad civil?
Informarnos sobre que personas quieren ocupar los puestos de las instituciones que regulan el tema de vivienda, quiénes son, con quién se vinculan. Se necesita la presión de la gente para que esos cargos sean ocupados por personas que puedan ejercer un contrapeso a los problemas que estamos denunciando. Con esto se podría detener el circulo vicioso perfecto que han utilizado las inmobiliarias y ejercer verdaderamente el estado de derecho.