Colombia, a tres pasos de penalizar el maltrato animal

En el último semestre he escuchado sobre gatos violados, animales silvestres en circos , bares de zoofilia, mascotas quemadas con ácido, amenazas de envenenamiento, perros asesinados a tiros… Todos, casos que indignan pero que, ante la ausencia de una ley que los penalice, se han quedado ahí, en el plano de la indignación casual.

Pero para los animalistas, las cosas comenzaron a cambiar. En la tarde del 24 de marzo, de forma unánime, la comisión primera de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley 087, que busca la penalización contra el maltrato animal. Aunque a la iniciativa aún le falta pasar por la plenaria de la Cámara y emprender el mismo curso en el Senado, lo ocurrido hoy fue considerado un paso importante para "hacer entrar en razón (al país) sobre la crueldad del maltrato animal que existe y que cobra víctimas", según me dice Natalia Parra, directora de la Plataforma ¡ALTO! y asesora del representante Juan Carlos Lozada, ponente del proyecto.

El proyecto aprobado establece, por primera vez en la historia de Colombia, la posibilidad de que una persona pueda ir a la cárcel por maltratar a un animal al punto de causarle la muerte o una lesión "que menoscabe gravemente su salud o integridad física". Adicionalmente, la iniciativa aumenta, considerablemente, las multas establecidas en la ley 84 de 1989, en la que se crea el Estatuto Nacional de Protección de los Animales.

El Estatuto plantea que "los animales tendrán en todo el territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente por el hombre". Sin embargo, para muchos críticos de la ley, la norma simplemente "protege" a los animales, pero no penaliza ni castiga a los seres humanos que amenazan, causan lesiones o realizan acciones que comprometen gravemente la salud de estos.

El problema con la ley del 89 es que, pese a los muchos casos de maltrato reportados -sea una lechuza en una cancha de fútbol en Barranquilla, un perro abaleado por un vecino en Bogotá o un gato bañado en ácido en Bucaramanga- las denuncias por lo general caían en saco roto, y se perdían en un sistema que, tradicionalmente lento e ineficaz, no tenía las herramientas para sancionar a los infractores. Conclusión: en Colombia los maltratadores de animales se aguantan la trolleada en Twitter y, al otro día, regresan con la perrita al monte.

Con estas nuevas medidas, el maltrato animal sería a otro precio. El proyecto aprobado en la comisión primera contempla multas "de cinco (5) a sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes" para quienes cometan "actos dañinos y de crueldad contra los animales". Además, establece penas de prisión "de doce (12) a treinta y seis (36) meses, e inhabilidad especial de uno (1) a tres (3) años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales" para quienes maten o le generen lesiones graves a un animal.

Esta nueva ley dejaría intactas las excepciones al maltrato que ya habían sido contempladas en el Estatuto Nacional de Protección Animal. La tauromaquia, los pescadores, los ganaderos, entre otros, no son sujetos de sanción en este proyecto.

Desde septiembre del año pasado el proyecto estaba en cola para ser votado en la comisión primera de la Cámara. Esa espera terminó con una sorpresa adicional: la votación fue unánime. Lo que quiere decir que incluso los partidos y sectores de derecha, que usualmente defienden las corridas de toros o las riñas de gallos por considerarlas de arraigo cultural, se unieron a las voces que quieren mano dura contra el maltrato.

"Nosotros nos dimos cuenta de que el maltrato animal cobraba cada vez más denuncia a través de herramientas alternas, como las redes sociales, ya que la ley dejaba impunes los casos. Desde los últimos años ha aumentado el tema mediático en cuanto al maltrato animal. A partir de esta votación se demostró que los animalistas ya no son minoría", me explica Andrés Ramírez, coordinador de proyectos del representante Juan Carlos Losada.

Las observaciones que se hicieron en el debate hacia el proyecto estuvieron enfocadas en la necesidad de mirar con lupa la manera en la que se aplicará la ley, no solo en las zonas urbanas sino, sobre todo, en el campesinado. También se sugirió la importancia de la educación respecto al maltrato animal, más allá de la sanción.

Ahora la pelota llegará a la plenaria de la Cámara. Allí, el movimiento animalista y sus aliados políticos buscarán dejar claro que esta discusión merece estar en el panorama nacional. Para ellos, no se trata de respetar a uno u otro animal. Se trata de que este país respete el valor de la vida.

"Aquí lo que ocurre es una cosa a lo viejo oeste. Las personas van y queman con ácido a los animales, los taladran, los abandonan, y luego, cuando se cansan de los animales, replican esas misas acciones con los seres humanos. Lo que buscamos asociándonos a políticos que tengan algún tipo de sensibilidad frente a estos temas es implantar proyectos de educación frente a la buena convivencia con animales", añade Natalia Parra.

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