Supuesto tráfico ilegal de granadas en el ejército peruano — nada nuevo en la región

Una supuesta red de tráfico de armas bajo el paraguas del ejército peruano, de nuevo. El ministro de Defensa de Perú, Jakke Valakivi, anunció el pasado martes que el gobierno había abierto una investigación para determinar la responsabilidad de efectivos de las fuerzas armadas en la adulteración de actas de entrega de granadas y municiones que presumiblemente fueron puestas a la venta.

Hasta el momento han sido arrestados un oficial y dos subalternos. La detección en el polvorín del polígono Cruz de Hueso de "actas fraudulentas", en palabras del ministro Valakivi, descubiertas al constatar que faltaban granadas motivó la apertura de pesquisas que se resolvieron con las mencionadas imputaciones.

"Se trata de manipulación y adulteración de actas de entrega en material, en particular municiones y granadas, que no habían llegado a su destino", declaró el titular de Defensa el martes, quien pidió que cayera "todo el peso de la ley sobre los responsables de estas malas prácticas".

Rueda de prensa del titular de defensa junto al comandante general del ejército y el director general de la policía

No es la primera vez que se detecta un flujo de armas procedente del ejército de Perú y que acaban siendo vendidas. En el año 2011 arrancó una investigación en la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima que implicaba a varios miembros de las fuerzas armadas, retirados y en activo, en el tráfico de armas hacia las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia — Ejército del Pueblo (FARC — EP), un grupo guerrillero del país vecino.

Y la relación con la guerrilla venía de lejos. En septiembre de 2006 la policía peruana arrestó a los integrantes de una red de tráfico ilegal de armas que también iban destinadas a las FARC. En la operación se capturó, entre otros, a dos suboficiales del ejército y a un suboficial de la policía junto a 3.500 cartuchos de fusiles, 25 mil cartuchos de munición y cinco cohetes antiaéreos pertenecientes a diversos destacamentos de las Fuerzas Armadas peruanas.

Aunque eran otros tiempos. En un artículo sobre la cuestión, el investigador del Real Instituto Elcano de Estudios Estratégicos, Carlos Malamud, recuerda que antes era "imposible establecer una estrategia común, de ámbito regional, que permita al conjunto de los países implicados avanzar decididamente en la erradicación de todas estas lacras".

En aquel entonces, recuerda Malamud, se imponía una "negativa casi generalizada de los vecinos de Colombia (al igual que los restantes países de América del Sur), con la única excepción de Panamá, de reconocer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como organizaciones terroristas".

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"Hoy hay mucha más connivencia entre Perú y Colombia que hace unos años. El hecho de no considerar las FARC como un grupo terrorista no caía bien en los gobiernos colombianos", explica a VICE News el investigador en América Latina Santiago Villar, analista del CIDOB, un reputado think tank con base en Barcelona. "Pero ahora esto como que pasó un poco a un segundo plano".

"En Latinoamérica, en general, esto ha pasado mucho. No solo ahora. A partir de los 80 y los 90 se dio mucho. Fíjate vos que esa era fue la de las guerras y la de las postguerras y todo ese flujo de armamento quedó en la región, así como soldados; recursos humanos y recursos bélicos", sigue Villar, quien constata que esto "genera violencia, genera grupos armados, gente que no tiene expectativas de conseguir un trabajo y se dedican al tráfico y a todo tipo de actividades ilegales".

Fuentes del ministerio de Defensa peruano han declarado a VICE News que, por ahora, el ejército de ese país no va hacer ningún tipo de declaración respecto a este tema en la medida que avance el proceso de investigación.

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