La huelga de hambre que unió a los narcos más peligrosos en México
Ilustración de Clementina León con imágenes de cuartoscuro.com.
VICE News

La huelga de hambre que unió a los narcos más peligrosos en México

Procedentes de distintos cárteles y acusados por distintos delitos, los reclusos del penal con mayor nivel de seguridad en el país olvidaron en 2015 su pertenencia a clanes contrarios y juntos ondearon la misma bandera.
29.11.17

Cerca de 20 desayunos volvieron intactos a la cocina del penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, la mañana del sábado 19 de septiembre del 2015. Reos del módulo 1, un edificio de celdas diminutas donde apenas entraba el sol y donde cumplían sus condenas los narcotraficantes más peligrosos del país, se declararon en huelga de hambre.

Alguna vez tuvieron los bolsillos llenos de dólares, reinas de belleza y ranchos. Ahora, dentro de la cárcel suplicaban por más privacidad y mejor comida. También pedían que les devolvieran los relojes y televisores que les habían confiscado un día antes.

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No se trataba de una protesta cualquiera. Esta era insólita por haberse fraguado dentro de uno de los reclusorios con mayor nivel de blindaje en México y porque logró reunir a los que fueron “objetivos prioritarios” de la delincuencia organizada en torno de una causa común: la defensa de sus derechos y la exigencia del regreso de algunos de sus privilegios.

El Altiplano abrió sus puertas en 1991, durante la administración del expresidente priísta (PRI) Carlos Salinas de Gortari y fue el primero de máxima seguridad en México. Se concibió como el futuro sitio de reclusión de los criminales más buscados en el país, y era parte de una estrategia para contener a narcos recién surgidos.

En septiembre del 2015, a poco más de dos meses de que Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien fuera el narcotraficante más buscado del mundo, se fugara de El Altiplano —montado en una motocicleta a través de un túnel de 1.5 kilómetros de largo, con ventilación, iluminación y hasta rieles— los ánimos estaban caldeados.

Pero el descontento al interior penal con paredes de más de un metro de espesor no era nuevo. Hacía años que El Altiplano era una olla de presión de 260.000 metros cuadrados de extensión.

Ahí estaban encerrados reclusos del nivel de peligrosidad de Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, el ‘Z-40’ y ‘Z-42’ respectivamente, integrantes del Cártel de Los Zetas acusados de ordenar en 2010 el asesinato de 72 migrantes centroamericanos en Tamaulipas, al norte del país. También estaba Edgar Valdez Villarreal, ‘La Barbie’, el primer narco estadounidense en aliarse con cárteles mexicanos.

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Otro recluso de El Altiplano era Héctor Beltrán Leyva y Servando Gómez Martínez, conocido como ‘La Tuta’, un maestro de primaria que fundó el Cártel de los Caballeros Templarios, el cual justificaba sus crímenes en preceptos religiosos radicales.


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En las celdas de este penal de máxima seguridad, conocido también como “Almoloya”, esperaba su sentencia Teodoro García Simental, ‘El Teo’, un sicario que bajo las órdenes del Cártel de Sinaloa mandó disolver 300 cuerpos en sosa cáustica. Todos ellos consiguieron ponerse de acuerdo, a pesar de vivir recluidos en una cárcel diseñada especialmente para que la comunicación entre los entonces 1.066 internos fuera casi imposible.

Sus demandas eran claras. Los reclusos redactaron un comunicado, que firmaron con el nombre genérico de “Comité”, en el que pedían atención médica digna, una mejor alimentación, respeto a sus garantías individuales, así como el regreso de las televisiones y relojes que un día antes les habían retirado durante un operativo de la Policía Federal.

Los hombres que en libertad tuvieron todos los lujos y excesos que pudieron comprar, externaban sus demandas “con el debido respeto” a la opinión pública, al poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Una vez que las hicieron públicas, permanecieron dentro de sus celdas sin probar bocado. Sin embargo, no era la primera vez que tanto sentenciados como internos en proceso de condena, protestaban por “injusticias”.

Ilustración de Clementina León con imágenes de cuartoscuro.com.

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Expedientes clasificados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), consultados por VICE News, exponen un catálogo de quejas nutrido por internos de El Altiplano, entre 2009 y 2015. Es decir, los últimos cuatro años de mandato del expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa, más los primeros tres primeros del priísta Enrique Peña Nieto.

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Cientos de cartas escritas a mano por los reos y otras redactadas por sus abogados, pedían a dicha Comisión —la principal entidad gubernamental encargada de promover y proteger los derechos humanos de los mexicanos— que intercediera por ellos. No hubo año, dentro del periodo antes referido, sin huelgas de hambre en El Altiplano.

Durante esos siete años se documentaron testimonios de reclusos que aseguraban haber sufrido castigos especialmente crueles, torturas excesivas, burlas por parte de los custodios y de forma recurrente, falta de privacidad debido a la instalación de cámaras de seguridad.

Desde 2009, quienes estaban en el penal por delitos graves como delincuencia organizada, secuestro, extorsión o narcotráfico, aludían la reducción de visitas familiares e íntimas. Los días que tenían que esperar para volver a tener este tipo de contacto pasaron de ocho a diez y, alegaban, eso provocaba que se dañaran sus relaciones interpersonales.

Los reos dejaron testimonio escrito de sus quejas en innumerables ocasiones:

—Llevo seis meses solicitando atención médica del departamento respectivo en traumatología, sin que a la fecha haya recibido respuesta.

—Cada que veo a mi licenciado particular me quitan tiempo de la visita y sólo me dejan estar con él entre 10 y 15 minutos.

—Soy un empresario educado y quiero que se enteren que el Consejo Interdisciplinario del penal se reía de mí cuando me salí a esperar mi sentencia.

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—Mi familia fue humillada y desnudada para la supuesta revisión. Sólo así los dejaban ingresar. Cuando llovía no les permitían cubrirse y le quitaban la ropa a mis recién nacidos para revisarlos.

Esta recopilación de archivos ofrece las declaraciones que rindieron los reos ante las autoridades, así como la correspondencia que sostuvieron autoridades del penal con la CNDH.

De acuerdo con un acta levantada por José Rodríguez —su nombre no es real, por motivos de confidencialidad— cuando su esposa fue a visitarlo y pasó por la garita principal, una custodia le dijo tras la revisión con rayos X que le notaba algo raro entre los senos. Ella le contestó que lo “extraño” en la radiografía era un par de implantes que se había puesto tiempo atrás.

Sin más, la custodia la llevó al cubículo de un médico, quien le hizo una revisión anal y vaginal y le realizó tocamientos que la mujer refirió como “indecentes” e innecesarios.

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En septiembre de 2013 se renovó la dirección de El Altiplano: salió Marisa Quintanilla de la Garza, considerada como “una mujer sin miedo” por los medios oficialistas y entraba Valentín Cárdenas Lerma, quien luego fue destituido y apresado en el mismo penal por su presunta responsabilidad en la fuga de El Chapo.

Más misivas de los presos, dirigidas incluso al ombudsman nacional, insistían en la comisión de los mismos atropellos y enlistaban incluso nuevas modalidades de los mismos.

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Hacia marzo del 2015, los internos se quejaban por ser desnudados completamente antes y después de recibir visitas; solo poder ver la luz del sol una hora al día en el patio; no tener actividades de reinserción social y ser atendidos por el servicio médico sólo después de recurrir a la vía de amparo. Una carta fechada el 2 de marzo del mismo año refiere que “en años pasados hubo decesos porque a los solicitantes nunca se les atendieron las enfermedades que padecían”.

También se menciona que las celdas diseñadas para dos personas eran en realidad ocupadas por tres (uno tenía que dormir siempre en el piso, por lo que tenía que “convivir con el olor de los sanitarios y con las fugas de agua”) y que los entonces 664 pesos que se le asignaban mensualmente a cada interno para hacer compras básicas en la tienda del penal eran insuficientes.

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La administración del penal de El Altiplano no se negó a aceptar las recomendaciones de la CNDH. Pero tampoco hizo gran cosa respecto de las sugerencias recibidas. Hubo algunas respuestas favorables, pero fueron lentas, escasas y resultaron insuficientes.

Además, entre las fechas de expedición de las cartas de los reos y el permiso de entrada a los observadores de la Comisión había tiempo de sobra como para intentar mejorar las condiciones del sitio, antes de la visita oficial.


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Tras la fuga del Chapo —el 11 de julio del 2015— se intensificó la seguridad dentro del penal. Pese a ello, la huelga de hambre de la mañana del 19 de septiembre estalló. Una vez más, las demandas de los reos repetían los mismos puntos clave.

Una vez más, la CNDH mandó a sus delegados a revisar la situación. Y una vez más, lanzó una recomendación: la CNDH/3/2015/5536/Q, en la que más allá de sólo consignar lo encontrado, se hizo hincapié en cada una de las veces anteriores en que las resoluciones de la Comisión habían sido ignoradas.

De acuerdo con esta última inspección, estaba comprobado que cuando una veintena de reos se negó a probar bocado, en El Altiplano las visitas familiares se habían reducido; hacía falta personal administrativo, técnico, de seguridad y custodia; se registraba un sobrecupo de internos cercano al 22 por ciento; una parte importante de la plantilla de personal del servicio médico había renunciado por cambios constantes a sus horarios de trabajo y, en general, había mucho descontento.

Sólo así se explica que presuntos, y no tan presuntos culpables de transportar toneladas de drogas o asesinar a quienes se les pusieran al paso o secuestrar, pertenecientes a distintas agrupaciones fuera, ondearan una misma bandera adentro.

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